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Telemadrid Objetivo Telemadrid: Ayuso quiere el control de la televisión autonómica al 'estilo Aguirre' 

El Gobierno de Ayuso echa a andar con concesiones a Vox. La primera medida del PP en la Asamblea es una propuesta de ley para modificar la regulación de la televisión pública y facilitar su control político cambiando al director general. Los trabajadores anuncian que presentarán batalla en los tribunales. 

Ayuso y Almeida
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), se reúne con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), tras la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno regional en la Real Casa de Correos, este lunes en Madrid. Javier Lizón / EFE

Primer día del nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la presidenta madrileña ya ha dado rienda suelta a una de sus obsesiones: el control de la Radio Televisión de Madrid (RTVM). No en vano, el día de su toma de posesión Ayuso se encargó de recalcar que había que "reformar" Telemadrid, mensaje que repitió el lunes en otras entrevistas. Dicho y hecho; la primera iniciativa del PP en la Asamblea en esta legislatura recién inaugurada ha sido registrar una proposición de ley para modificar la regulación de la televisión y radio públicas madrileñas –Telemadrid y Onda Madrid– y cambiar al director del ente público cada cuatro años en lugar de cada seis como marca la actual ley. Lo quiere hacer, además por la vía urgente, a través del procedimiento de lectura única para acortar los tiempos. Podría ser en 20 días.

"Ni la sanidad. Ni la educación. Ni el empleo. Ni la vivienda. Nada. Para la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) lo más urgente es manipular Telemadrid. La independencia informativa le incomoda. Por eso es su prioridad número uno", escribió en su cuenta de Twitter la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, tras conocer la noticia, resumiendo así el sentir general de la oposición nada más enterarse de la propuesta del PP.

Una opinión que es compartida por los trabajadores de Telemadrid. "Sentimos incredulidad y sorpresa. El consejo de administración, la dirección de la casa y los trabajadores estamos estupefactos y lamentamos profundamente que se hagan este tipo de planteamientos", explica Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid. "Con esta decisión se materializa una sospecha que estaba encima de la mesa desde meses atrás: que al Gobierno de Ayuso no le gusta la actual ley de la RTVM. En cuanto ha tenido un poquito de mayoría, el PP plantea modificaciones legales encaminadas a eliminar la independencia de un medio de comunicación público que pertenece a todos los madrileños y todas las madrileñas", añade el representante de los trabajadores.

Lombardo acusa al Gobierno de Ayuso de "promover un modelo aguirrista" en Telemadrid y Onda Madrid y volver a épocas pasadas donde la independencia brillaba por su ausencia y Telemadrid recibia constantes críticas por ser el órgano de propaganda del PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Además, en aquellos tiempos el despilafarro era norma de la casa. "Las actuales Telemadrid y Onda Madrid nada tienen que ver con el pasado, ni en materia de transparencia, ni en independencia, ni en pluralidad, ni en diálogo, ni tampoco en gestión responsable", sostiene el presidente del comité de empresa de Telemadrid.

Lombardo anuncia a Público que los trabajadores acudirán a los tribunales para intentar detener una reforma que en su opinión es de "dudosa legalidad". "Una ley no se puede cambiar así como así, y en ese sentido vamos a analizar todas las vías jurídicas a nuestro alcance". Cuando se le pregunta por futuras movilizaciones y por la batalla que van a presentar contra el intento de control de Ayuso, Lombardo responde tajante: "No descartamos ninguna vía dirigida a preservar la independencia y pluralidad de la casa, para que no esté sujeta a los caprichos del Gobierno de turno".

Díficil relación

Ayuso ha tenido siempre una difícil relación con Telemadrid. Durante la pasada legislatura el campo de batalla fue la renovación del llamado contrato-programa, el marco legal por el cual se establece la financiación y el modelo informativo de RTVM. La presidenta Ayuso ha denigrado constantemente a Telemadrid en los últimos meses. El último desplante ocurrió el pasado sábado, cuando Ayuso decidió vetar a la cadena para la producción y realización del acto oficial de su toma de posesión. Llovía sobre mojado: con motivo de los actos oficiales del 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional también decidió externalizar la producción a una empresa privada en perjuicio de la cadena pública. Las quejas de Ayuso sobre Telemadrid ha sido constantes: "Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica", llegó a decir hace unas semanas.

Hasta ahora, Ayuso estaba limitada por la ley aprobada en 2015, que fija, entre otras cosas, el método de elección de la dirección de la radiotelevisión pública, a la que se le otorga un mandato de seis años para "desvincularla de los ciclos electorales", como recuerda Lombardo. Además, esa dirección debe ser elegida por dos tercios de la Asamblea de Madrid; Ayuso y el PP pretenden que el nuevo responsable del ente público madrileño sea elegido por mayoría simple para un período de cuatro años. Para ello bastarían los votos del PP y de Vox.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende derogar de facto una ley que cuenta con mecanismos de garantía dirigidos a que ningún gobierno de turno pueda amoldar los órganos de dirección y de gestión de Telemadrid y Onda Madrid a sus caprichos e intereses políticos. Vienen tiempos difíciles", resume Lombardo sobre la ley que se pretende reformar. Fue Ciudadanos (Cs) quien obligó al PP en 2015 a garantizar por ley la independencia del ente público madrileño y curiosamente, fue la propia Ayuso, entonces una diputada rasa de la Asamblea de Madrid, la que defendió en nombre del PP dicha ley.

El panorama ha cambiado mucho para Ayuso desde entonces. Liberada de Ciudadanos, partido con el que nunca llegó a entenderse bien, ahora depende de los votos de Vox. Entre la oposición cunde la sospecha de que Ayuso ya ha empezado a pagar el peaje por el apoyo de la ulltraderecha. En ese sentido, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, exigió en el debate de investidura de Ayuso "cerrar Telemadrid".

El PP no se plantea llegar tan lejos, pero sí tener un mayor control sobre la radiotelevisión pública madrileña. El portavoz del Ejecutivo madrileño, el consejero de Educación Enrique Ossorio, se pasó casi todo el lunes justificando la medida. En una entrevista en la cadena Ser Ossorio habló de "disfunciones, algunas alucinantes" en la gestión de Telemadrid que el PP pretende corregir con su iniciativa.

"Vienen tiempos difíciles", afirma el presidente del comité de empresa de Telemadrid, Luis Lombardo.

"Transcurridos seis años de la promulgación de la ley de 2015 se han producido disfunciones importantes. En este momento los representantes del Consejo de Administración no representan a dos tercios de los diputados de la Asamblea. Se da el contrasentido de que Más Madrid, Vox y PP no tienen representantes. La ley de 2015 estableció unos criterios muy rígidos y muy estrictos para la elección de esos representantes y eso es un sinsentido. No puede ser que Telemadrid esté en manos de unas minorías que no representan a los madrileños", justificó Ossorio. El portavoz del Gobierno regional también se amparó en "ajustes presupuestarios" y en el retraso del contrato programa para defender la propuesta del PP.

Lo cierto es que este ataque final contra Telemadrid llega en uno de los mejores momentos de la cadena en los últimos años en lo que se refiere a la audiencia. La televisión pública madrileña logró en enero de 2021 un 6,8% de share, el mejor el mejor dato de audiencia desde abril de 2011. La temporada pasada cerró, la de 2020, con el mejor share en ocho años y desde en entonces ha mantenido buenos índices de audiencia, con picos de hasta el 12%. "No hay excusas para plegarse a medidas que van dirigidas claramente al control y manejo de un organismo público, de un medio de comunicación público que es propiedad de todos", sentencia Lombardo.

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