Trama Gürtel PP Sí fue "una trama del PP": doce años después, la mitad de la cúpula de Rajoy está salpicada por la corrupción

Se cumplen doce años de aquel 11 de febrero de 2009 en el que Mariano Rajoy pronunció su "no es una trama del PP, es una trama contra el PP", rodeado de una treintena de miembros del Comité Ejecutivo de su partido, mientras los fotógrafos inmortalizaban el cierre de filas de los dirigentes conservadores ante lo que definieron desde el primer momento como una conspiración policial, judicial y política tras los primeros arrestos del caso Gürtel.

En primera fila le acompañaban María Dolores Cospedal, Ana Mato, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas, Rita Barberá, Ana Botella y Francisco Camps. Por detrás, otros dirigentes como Alberto Ruiz Gallardón, Alfonso Alonso, Federico Trillo y Esperanza Aguirre, con gesto muy grave. En ese Comité —conformado por más de medio centenar de cargos— también participaron todos los portavoces y presidentes autonómicos de partido. Incluso estuvieron presentes históricos del PP como Manuel Fraga, Jorge Fernández Díaz y Alejo Vidal-Quadras, que no posaron en la famosa fotografía.

En esa presunta trama contra su partido, Rajoy incluyó a jueces, fiscales y policías, todos ellos acusados de estar al servicio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "en plena campaña de las elecciones gallegas y vascas". También restó importancia a las detenciones producidas los días antes. "Solo dos dirigentes locales figuran en la lista de imputados" dijo. El entonces líder de la oposición prometió actuar "con toda la contundencia" si se demostraban las irregularidades. Actualmente, la mitad de los cargos que aparecen en la imagen están salpicados por la corrupción.

Los cargos que finalmente fueron señalados por la Gürtel

Uno de los primeros en caer fue Francisco Camps, que dejó la presidencia de la Generalitat valenciana en 2011 por su implicación en el caso de los trajes. El valenciano fue absuelto de aquella causa, pero actualmente está procesado en la pieza de Gürtel de Fitur y sigue investigado en la causa que investiga la condición de avalista de la Generalitat Valenciana a la empresa Valmor. Su vicepresidente, Vicente Rambla, también tuvo que dimitir en 2014 imputado por el caso Gürtel. Recientemente se ha ofrecido volver a la política de la mano del PP porque todavía considera que tiene "mucho que aportar".

La exministra Ana Mato, que aparece junto a Camps en la imagen, abandonó el ministerio de Sanidad en 2014 después de que le juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la señalara como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Su —entonces— marido, Jesús Sepúlveda, fue condenado a 14 años y cuatro meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuada en documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las administraciones públicas, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Otra de las mujeres que acompaña a Camps es la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que reconoció que Correa pagó parte de la boda de su hija, Ana Aznar, en el año 2002. Unas facturas que fueron pagadas por una empresa de Correa llamada Special Events, que abonó un total de 34.892,11 euros. La exalcaldesa también fue condenada por el Tribunal de Cuentas a pagar 25,7 millones de euros en el año 2018 por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado. Una condena que finalmente absolvió el Tribunal Supremo el pasado año.

Bárcenas señala a Rajoy, Cospedal, Trillo, Arenas y García-Escudero

A la vera de Rajoy se situó la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, señalada en el marco de la Operación Kitchen por espiar presuntamente al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para tratar de averiguar si escondía información que pudiera comprometer al entonces presidente del Ejecutivo o a algunos de ministros o estrechos colaboradores. La exnúmero dos del partido tuvo que abandonar la formación conservadora en noviembre de 2018 —ya con Pablo Casado de presidente— tras filtrarse unas grabaciones en las que encaraba al comisario jubilado José Manuel Villarejo —actualmente en prisión— que espiara al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba y también a Javier Arenas, que aparece junto a ella en la fotografía.

En un reciente escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, el citado Bárcenas va soltando detalles concretos del presunto funcionamiento de un sistema de financiación del PP con "percepciones en B que se realizaban a través de donativos" y señala a cinco de las personas que aparecen en la imagen: Rajoy, Cospedal, Arenas, Federico Trillo y Pío García Escudero, entre otros. Arenas, que actualmente ocupa un asiento en el Senado, negó haber cobrado sobresueldos durante el juicio de la primera parte de la trama 'Gürtel'. "No había práctica en el PP de pago en B. Tajantemente", dijo en el año 2013.

Imágenes del Comité Ejecutivo Nacional del PP en el año 2009. — Europa Press

Otra de las personas que señala Bárcenas y que también estuvo presente en esa ruda de prensa —aparece en la imagen ampliada— es Pio García Escudero, senador y el actual presidente del PP madrileño. A diferencia de Arenas, sí admitió haber recibido pagos que luego no declaró, aunque justificó que se los hicieron para cubrir los gastos tras un atentado de ETA en su domicilio.

Bárcenas también apunta como beneficiario a Federico Trillo, que aparece detrás de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que abandonó el partido tras disputarle las primarias a Pablo Casado. Trillo fue el ideólogo de la estrategia jurídica de defensa contra la trama y ejerció como ministro de Defensa durante los años 2000 y 2004. Tuvo que dimitir en enero de 2017 como embajador en Londres por el informe que responsabilizaba a su cartera del accidente en 2003 del Yak-42, en el que murieron 62 militares.

Púnica, Lezo, Taula y viajes a costa del erario público

Otra de las personas que borró de esa foto salpicada por la corrupción es la expresidenta Esperanza Aguirre, que en el año 2017 dejó su acta de concejal en el Ayuntamiento tras la entrada en la cárcel del presidente Ignacio González y del número tres en el gobierno autonómico, Francisco Granados. Actualmente la expresidenta está imputada en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid tras ser acusada por varios exalcaldes del PP de ser la persona que controlaba la financiación del PP y la que daba las directrices de todo.

El exministro Alberto Ruiz Gallardón —que en la fotografía se sitúa entre Rajoy y Mato— dimitió en el año 2014 después de impulsar una polémica contrarreforma de la ley del aborto. El exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid también se vio salpicado por el caso Lezo. La Fiscalía le abrió una investigación por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001. Finalmente, el juez Manuel García-Castellón, archivó su causa al considerar que no había indicios de que "conociera los detalles de esta operación", aunque la Fiscalía pidió una pena de 7 años de cárcel y la inhabilitación absoluta por malversación para dos de sus exconsejeros, Juan Bravo y Pedro Calvo.

Al lado de Sáenz de Santamaría se situó Rita Barberá , que dirigió durante 24 años consecutivos el Ayuntamiento de València y falleció en noviembre de 2016. Dos meses antes se tuvo que dar de baja del PP a petición de su partido. El caso Taula acabó definitivamente con su carrera política ante la sospecha de que había instigado y participado en al blanqueo de dinero para financiar la campaña electoral de 2015.

Por lo que respecta a José Antonio Monago, que se sitúa detrás de Cospedal, es el actual presidente del PP de Extremadura. En el año 2014 Público destapó que el entonces senador viajó a Tenerife en 32 ocasiones entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010 para visitar a su novia de entonces. El coste de los desplazamientos, que ascendían a más de 10.000 euros, corrieron a cargo del presupuesto público del Senado, pero se negó a dimitir por ello. El PP tampoco lo reclamó.