Al menos tres personas murieron desde 2018 en el marco de actuaciones policiales con pistolas táser

Los policías locales de Sestao, en Bizkaia, tienen un nuevo instrumento para sus intervenciones. En plena pandemia, el ayuntamiento anunció que había comprado dos pistolas eléctricas para sus agentes, valoradas en 3.500 euros cada una. El cuerpo municipal de esta localidad vizcaína se convirtió así en el primero de Euskadi en recibir un arma de esas características. En otros puntos del Estado ha habido experiencias preocupantes: en al menos tres casos, las actuaciones policiales con ese tipo de armamento acabaron en fallecimientos. 

El caso más reciente tuvo lugar en el municipio de Adeje, situado en el suroeste de Tenerife. El pasado 25 de marzo, la Policía Local utilizó su arma eléctrica contra un hombre de 41 años que, según la versión difundida por los agentes, se mostraba "muy violento". "Tuvieron que intervenir hasta cinco agentes para reducirlo y colocarle grilletes. Era como si el táser no hubiera hecho efecto", señalaron fuentes municipales. 

El hombre fue trasladado a un hospital, donde murió 24 horas después. La Policía Nacional tomó declaraciones a los agentes locales que habían participado en su detención, pero desde entonces no ha habido novedades: "Nadie nos ha llamado, ni desde la Policía ni desde el Juzgado", comentaron desde el consistorio.

En España hay más de 200 cuerpos de Policías Locales equipadas con pistolas taser. También disponen de ese armamento en la Ertzaintza y los Mossos, mientras que en la Policía Nacional aguardan la llegada escalonada de las primeras 1.000 unidades adquiridas por Interior. Fuentes policiales señalaron a Público que se impartirán cursos de formación a 67 agentes que, posteriormente, se encargarán de enseñar a sus compañeros cómo emplear esa arma. 

"Cada cuerpo tiene sus propios protocolos, por lo que en el caso de las Policías Locales son diferentes. Además, estos protocolos no suelen ser muy publicitados", afirma Jorge del Cura, integrante del Centro de Documentación Contra la Tortura. En esa línea, advierte que esos manuales internos "nunca pueden convertirse en un cheque en blanco para la actuación policial". "Los protocolos, sean cuales sean, no pueden servir de excusa en las actuaciones policiales", afirma. 

En la localidad valenciana de Llíria están pendientes de las noticias que surgirán desde el juzgado en torno a otro caso de estas características. En el verano de 2019, los policías locales dispararon contra un vecino que, según informó entonces la prensa local, se había visto involucrado en un altercado con otra persona. "Inicialmente se archivó. Posteriormente, un familiar presentó una querella. Ahora el juzgado está dirimiendo si acepta las declaraciones que se han presentado o vuelve a archivarlo", explicaron fuentes municipales.

Algo parecido ocurre en Peñíscola. En febrero de 2018, policías locales que perseguían a un joven –señalado como presunto autor de robos en la zona turística– utilizaron la pistola táser para inmovilizarle. El chico murió tras caer desde una muralla. El abogado de la familia de la víctima denunció que había recibido el disparo por la espalda y que había caído tras quedar inmovilizado, mientras que la Policía Local defendió su actuación y atribuyó la muerte a la huida del joven.

El caso fue inicialmente archivado en el juzgado. Hace ahora un año, la defensa de la familia consiguió su reapertura. Según aseguraron fuentes del ayuntamiento de Peñíscola, el magistrado actuante ha rechazado las pruebas presentadas, por lo que estiman que volverá a archivarse. "El chico se mató tratando de escapar, saltando, no por el impacto del taser", señalaron desde el Ejecutivo municipal. 

50.000 voltios

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en reiteradas ocasiones el peligro que entraña este tipo de armamento. "Se trata de armas con forma de pistola que, al activarlas, disparan dos dardos que aplican una descarga eléctrica al hacer impacto en el cuerpo de la persona, que la incapacita temporalmente. La descarga es un impulso eléctrico de unos 50.000 voltios y una duración limitada (normalmente de unos 5 segundos) que confunde al sistema nervioso y produce una paralización muscular, provocando una incapacitación temporal de la persona", explicaba en un artículo publicado en febrero pasado el responsable del Equipo de Fuerzas de Seguridad de AI, José María García. 

En tal sentido, destacaba que "la descarga puede ser continua y prolongada si se mantiene el gatillo apretado (hasta minutos) o reiteradas tantas veces como se apriete y suelte el gatillo, o puede interrumpirse. También se pueden utilizar como arma de contacto directo, pues hace saltar una chipa entre los electrodos que en contacto con el cuerpo de la persona produce una dolorosa descarga eléctrica localizada". Este último modo "produce una descarga muy dolorosa pero no necesariamente la paralización del individuo".

Por tales motivos, García volvió a solicitar "la prohibición del uso de las armas de electrochoque en modo de contacto directo, pues entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el uso de descargas reiteradas o prolongadas".