Un día después de que compareciera Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, en la comisión de investigación en el Congreso sobre la llamada operación Cataluña, Junts ha presentado una pregunta por escrito al Gobierno en la que le inquiere sobre una presunta "razón de estado que motive la obstrucción por parte del Gobierno al retorno de las Comisiones Rogatorias Internacionales enviadas por el Principado de Andorra al Reino de España en relación a los Sres. Mariano Rajoy [expresidente del Gobierno], Jorge Fernández Díaz [exministro de Interior], Cristóbal Montoro, Francisco Martínez [ex secretario de Estado de Seguridad] e Ignacio Cosidó [ex director general de la Policía Nacional]".

La pregunta, firmada por el diputado de Junts Josep Pagès, se refiere a la investigación que una jueza de Andorra abrió a raíz de una querella sobre el desmantelamiento de la Banca Privada d'Andorra (BPA), en el contexto de las cloacas del Estado españolas durante el gobierno de Mariano Rajoy. Hay que recordar que la operación Cataluña (2012-2015) fue una campaña parapolicial para atacar y desacreditar a los líderes independentistas catalanes y frenar el procés.

Pagès recuerda que en julio de 2024 la Audiencia de Madrid denegó las Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI) enviadas por el Principado de Andorra al Reino de España porque no cumplían los requisitos formales del Convenio de Estrasburgo de 1959 e instaba a la magistrada andorrana a que las volviera a enviar de nuevo completadas, cosa que hizo. En concreto, la Audiencia madrileña consideró que el auxilio judicial que pedía la jueza andorrana excedía de la "simple notificación de la querella", porque en realidad "trataba de dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana".

Desde el 9 de julio de 2024, fecha de aquella resolución de la Audiencia Provincial de Madrid "no se ha recibido por parte de las autoridades andorranas el retorno de estas Comisiones Rogatorias", indica la pregunta parlamentaria. 

Es el Ministerio de Justicia el encargado de dar curso a las comisiones rogatorias que llegan a España. Mariano Rajoy recurrió la que le implicaba a él y ganó en los tribunales la paralización de la misma, hasta que la jueza andorrana subsanara los defectos de forma detectados. Pero una vez que esto ocurrió, las comisiones rogatorias siguen paralizadas, denuncia Junts.

Aclara el diputado Pagès que "sí se han recibido, sin ningún problema, las Comisiones Rogatorias enviadas a los Sres. Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, y Bonifacio Díez Sevillano, exagregado de Interior en la Embajada Española en Andorra". 

"Mientras estas Comisiones Rogatorias continúen paralizadas en el Estado español por la inacción del Gobierno español, la justicia andorrana no podrá continuar con la persecución de los ex mandatarios españoles querellados por graves delitos contra la soberanía de Andorra, con el consiguiente perjuicio social que comporta la aparente impunidad de los delincuentes", dice Junts en su pregunta.

Delito de coacciones

La jueza andorrana Stéphanie Garcia Garcia, titular del Juzgado de Instrucción 2 del Principado, investiga a Mariano Rajoy y a sus exministros Montoro y Fernández Díaz por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado en el ordenamiento andorrano con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión.

La investigación se centra en las presuntas órdenes de los mandatarios españoles para ejercer coacciones sobre los responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) de cara a conseguir datos de supuestas cuentas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, y también del exvicepresidente Oriol Junqueras. Esta operación habría precipitado, con información falsa, la caída de la BPA en 2015 debido a la nota de riesgo que recibió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que provocó "injustamente" su liquidación.  

Así lo consideran los querellantes, que son las entidades Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA). Estas consideran "autores y ejecutores personales y directos de los delitos" a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por presuntamente "haber intimidado al jefe de Gobierno andorrano y sus ministros" durante la visita oficial que tuvo lugar el 8 de enero de 2015, para que intervinieran en la Banca Privada d'Andorra.

La tesis que desarrolla la querella es que el Estado español orquestó una operación "violentando la soberanía e independencia de nuestro Estado [Andorra], para conseguir un fin político, en una guerra política contra el nacionalismo catalán".