"Estoy triste de que una vez más, la Navidad quede empañada por la pandemia, pero contenta porque tenemos los medios para superarla". Este es uno de los últimos mensajes de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea ante el segundo final de año marcado por el coronavirus. La nueva variante ómicron, más contagiosa según los primeros datos; el reducido nivel de vacunación de algunos países europeos, especialmente punzante los del Este; y las medidas unilaterales de algunos Estados miembros empañarán también la cumbre europea de invierno. Bruselas pronostica que ómicron será la variante dominante en Europa ya en enero y cifra en unos 100 días la adaptación de las vacunas a las nuevas variantes.

Con este escenario, los 27 líderes de Estado y de Gobierno se dan cita este jueves en Bruselas con la situación de la covid-19 en lo más alto de su agenda. La cita llega precedida por un dictamen del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) en el que aboga por adoptar "medidas contundentes" porque la "vacunación por sí sola no permitirá prevenir el impacto de ómicron".

La nueva variante arriba en un momento delicado en el bloque comunitario porque la delta ya dejó a la UE como el epicentro mundial de la pandemia. Países como Alemania suman sus peores datos de contagios desde el inicio de la crisis sanitaria. Y algunos Estados como Bulgaria no consiguen romper el techo de cristal del 40% de vacunados. Además, la apertura del debate sobre la vacunación obligatoria ha provocado enormes protestas y resistencias en las calles europeas.

Así, los líderes europeos buscan consumar una postura común y coordinada. Pero se respira poco optimismo. El último gran sobresalto llega de Italia. El país que lidera Mario Draghi se suma a Portugal e Irlanda y ha decidido imponer de forma unilateral y sin informar a la Comisión Europea medidas más duras para los viajes intra-europeos. Todos los viajeros, además del pasaporte covid, tendrán que presentar una PCR negativa en los aeropuertos transalpinos. Y las personas no vacunadas están obligadas a hacer cuarentena de cinco días. Estas restricciones suponen una amenaza directa a dos cuestiones claves que el bloque comunitario ha enarbolado en la gestión de la pandemia: la certeza de que el certificado sería suficiente para volar en territorio Schengen y la libertad de movimiento.

En España, la medida ha saltado con sorpresa. El Gobierno que lidera Pedro Sánchez aboga por "actuar con calma, no ir contra el Mercado Único, confiar en el certificado Covid y no crear alarmismo entre la población", según fuentes de La Moncloa. La estrategia de España, la tradicional en la mayoría de debates europeos, es la coordinación a Veintisiete y evitar las medidas unilaterales. Pero iniciativas como la italiana hacen saltar las costuras de la unidad europea, y podría desatar un debate encendido en la cumbre de invierno.

Los Veintisiete también llegan con situaciones diferentes en torno a la vacunación obligatoria. Alemania, Francia o Italia imponen la dosis contra el Covid a sectores en primera línea como sanitarios o profesores. Otros como Austria o Grecia han ido más allá anunciado multas para cualquier ciudadano que se niegue a inocularse. Y en España, por ejemplo, es completamente voluntaria para todos. El Gobierno defiende que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se resiste a imponer la vacunación. Con el 80% de la población inoculada, el país se sitúa a la cabeza europea en inyecciones administradas y se aparta de esta medida.

¿Abrir de nuevo las fronteras externas?

Además, las capitales europeas también están divididas sobre los nuevos criterios para abrir de nuevo las fronteras externas. Algunos quieren basar las nuevas reglas en torno a la condición de cada ciudadano y no ya sobre la situación epidemiológica de cada país, como ocurre en cada país. Pero no hay consenso. La iniciativa emana de una medida que propuso recientemente la Comisión Europea y que esperaba estar operativa a partir del 1 de marzo. Según la misma, cualquier persona podría viajar a la UE si contaba con vacunas avaladas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La falta sobre los desplazados extracomunitarios ha sumado esta semana otro fiasco. Los 27 embajadores intentaron sin éxito llegar a un acuerdo conjunto para exigir PCR a todas las personas que entrasen en las fronteras europeas, pero algunos países como España apuestan por pisar el freno para tener más "evidencias científicas y claridad" en torno a ómicron. Una postura que coincide con la de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: "La coordinación de nuestras medidas, basadas en la mejor evidencia científica disponible, es fundamental, especialmente para preservar la movilidad", señala la carta de invitación a los Ventisiete.

Donde sí se esperan posturas más cercanas es en la limitación de la validez del pasaporte covid a nueve meses como incentivo a que los europeos se administren la dosis de refuerzo. 62 millones de ciudadanos comunitarios ya cuentan con este "booster". A pesar de lo sombrío del escenario, la UE se siente que está "mejor preparada para luchar contra el virus" porque "hay suficientes dosis". Sin embargo, el nuevo ministro de Salud alemán ya advierte de que su país podría sufrir escasez de vacunas durante el primer trimestre de 2022.
Grosso modo, la crisis del coronavirus están dando lugar a la crisis de los no vacunados. El 66% de la población europea cuenta con las dos dosis. Pero uno de los retos para el nuevo año será cómo lidiar y convencer a todas las personas escépticas con el suero. A todo ello se suma el desafío de la solidaridad global. En Bruselas siempre ha resonado el mantra del "nadie estará seguro hasta que todos lo estén", pero lo cierto es que los países en vías de desarrollo apenas han inoculado al 7% de su población.