PP y Ciudadanos votaron este jueves a favor de una proposición no de ley (PNL), que solo tiene efectos políticos y no jurídicos, de Vox que persigue la ampliación de los conciertos educativos de bachillerato en la comunidad más poblada. La izquierda votó en contra, pero fue aprobada por los tres partidos que mandan en Andalucía, después de que la ultraderecha aceptara una enmienda de Ciudadanos que suavizaba el texto.

Ampliar los conciertos de bachillerato implica mejorar el negocio de las empresas privadas de educación y fortalecer, también, la educación religiosa.  La mayoría de centros concertados, los financiados con fondos públicos pero de titularidad privada, pertenecen a organizaciones católicas. En Andalucía, se gastaron en el año 2019, el último que permite comparaciones entre Comunidades Autónomas, 25 millones de euros en el bachillerato concertado, el 10,2% del gasto total en el país en este concepto. En toda España, la cifra ascendía ese año, según el Ministerio de Educación, a 244 millones. El negocio global de la escuela concertada, el trasvase de fondos públicos a, en su mayoría, organizaciones católicas, ascendía ese año a 6.600 millones de euros.

Andalucía es la Comunidad más poblada –aporta el 17% de la población–, pero hay cuatro autonomías –todas ellas gobernadas por partidos de idearios de derechas y centristas (PP, CiU y PNV) durante muchos años– que gastan más en esto teniendo menor población que Andalucía. Catalunya, 40 millones; Madrid, 36 millones; Comunitat Valenciana, 35 millones; País Vasco, 64 millones. 

Por lo tanto, en Andalucía el margen de crecimiento del gasto en conciertos en el bachillerato, una reivindicación histórica de los lobbies católicos, es muy amplio. De momento, en esta legislatura que ya se acerca a su final, la Consejería andaluza de Educación, que dirige Javier Imbroda (Ciudadanos), no ha cerrado ningún nuevo concierto con centros privados en bachillerato, a pesar de que su partido y el PP habían metido en su pacto de gobierno la implantación "progresiva del bachillerato concertado" y de que el presidente Juanma Moreno lo tiene pactado con la ultraderecha también, lo que no quiere decir que no se vaya a hacer en el futuro, de acuerdo con lo votado –y expresado en la tribuna– este jueves.

"Es verdad que la puerta está abierta y es verdad que no han concertado ninguno. Entiendo que es una línea política que está ahí y está claro que lo que buscan es el negocio", afirma a Público Olga Solano, del sindicato Ustea, que defiende una educación pública 100%, sin conciertos. Sandra Fernández, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, afirma: "Defendemos a los trabajadores de la concertada, pero estamos en contra de todo lo que sea ampliar los conciertos".

LIbertad y precariedad

Esa falta de conciertos y de cumplimiento de los acuerdos es lo que ha llevado a Vox a presionar al gobierno con la iniciativa parlamentaria de este jueves. En ella se puede leer: "El actual Gobierno no ha cumplido con lo que fue una de sus promesas […] obviando así la necesidad y la justa aspiración de tantas familias, sin tener en cuenta el impulso que supondría una educación más libre y accesible para todos".

La ultraderecha y la derecha camuflan con este discurso de la libertad de elección –"en una sociedad plural y libre, son los ciudadanos los que tienen la decisión sobre una cuestión tan delicada que afecta a las libertades públicas"– lo que en realidad esconde desigualdades de corte económico y también cultural, al favorecer a la educación católica.

Así lo recoge la OCDE, en su informe sobre la equidad y calidad de los sistemas educativos: "Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los programas de elección pueden diseñarse y gestionarse para equilibrar la libertad de elección y limitar los efectos negativos sobre la equidad. Entre las distintas opciones existentes, los esquemas de elección controlada permiten combinar libertad de elección paterna con una distribución más diversa de estudiantes".

Además, según Ustea, "el modelo de privatización a través de la subvención con fondos públicos supone una precarización del trabajo docente". "Es un hecho que en muchos de los centros educativos de carácter religioso no se respetan los derechos fundamentales de los y las trabajadoras, al sufrir éstos discriminación por razones de credo o incluso orientación sexual, además de sufrir una mayor precariedad laboral", remacha el sindicato. 

El modelo de Madrid

Los cambios normativos iniciados por el Gobierno andaluz en esta legislatura van precisamente en la dirección de promover la ampliación de los conciertos –como manifestó en el Parlamento el portavoz del PP, Miguel Ángel Ruiz Ortiz– y, por tanto, del negocio privado con recursos públicos y del poder de la Iglesia.

El PP de Moreno tiene dos modelos a seguir en este campo. Por un lado, el madrileño, y por, otro el gallego, dos Comunidades en las que llevan años y años gobernando. En Madrid, con dos millones de habitantes menos que en Andalucía, se gastaron en 2019 once millones de euros más en conciertos de bachillerato. En Galicia –como en Asturias– según los datos del Ministerio, cero euros. 

De momento, aunque el consejero Imbroda no ha abierto el melón, el PP y Ciudadanos están a favor de implantar "conciertos educativos en bachillerato en aquellos centros en los que exista demanda social,  dentro de la necesaria planificación de la administración y asegurando la eficiencia en el uso de los recursos públicos" y en instar al Ministerio de Educación a "facilitar la celebración de conciertos educativos en bachillerato", extremos que recoge la PNL de Vox.

El diputado del PP Ruiz Ortiz, además, exigió a Imbroda que se pusiera las pilas con este tema: "En un primer momento Educación ha decidido priorizar los conciertos en FP sobre los del Bachillerato. Desde el PP nos hubiera gustado que se hubiera iniciado la concertación y así se lo pedimos a la Consejería desde esta tribuna. Nos gustaría que avanzara más rápido". Si se acude al proyecto de presupuestos para el año 2022, que está en el aire, está previsto que PP y Ciudadanos destinen casi doce millones de euros más que en 2021 para este concepto. De 24,6 millones a 36,4 millones. De este modo, el camino elegido por el PP de Moreno parece ser el de Madrid.

La libertad, un eslógan

"Debido a la continua negativa –se lee en la propuesta de Vox– de concertar el bachillerato por parte del PSOE –política que ha sido continuada por PP y Ciudadanos– los futuros bachilleres continúan viéndose obligados a estudiar o bien en un bachillerato público en un bachillerato de carácter privado. Esta restricción de libertad obliga en muchos casos a asumir unos gastos desorbitados para muchas familias –en muchos casos más de 300 euros mensuales– o a tener que cambiar de forma indeseada el ideario y el proyecto educativo del centro escogido por las familias". El PP se mostró de acuerdo: "La libertad de elección de las familias la defendemos siempre desde el PP. Si no hay opciones no podemos elegir. Tienen que existir por tanto distintos modelos que tienen que estar financiados con fondos públicos", dijo el diputado Ruiz Ortiz.

La izquierda arremetió contra la iniciativa. La portavoz de Unidas Podemos Ana Naranjo dijo a Vox: "La libertad de elección es un eslogan electoral. Si quiere sacar el adoctrinamiento, saque la religión de las escuelas: eso está fuera del marco científico. No están contentos con el ritmo privatizador de este Gobierno". Y Noemí Cruz, portavoz del PSOE, dijo: "Flaco favor hacen a la educación en Andalucía. Es una iniciativa muy poco seria, que confronta con la Lomloe. Lo realmente llamativo es que consideren que esta sea la necesidad de la educación pública en Andalucía. No, esta no es la necesidad real. Lo que es urgente es la bajada de la ratio en la escuela".