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Las víctimas navarras que PP y Vox no quieren que sean reconocidas

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por ambas formaciones busca impedir que los familiares de Gladys del Estal, Mikel Zabalza o Germán Rodríguez reciban una reparación oficial. Ciudadanos también se ha sumado a esta vía.

Imagen del funeral de Mikel Arregi en noviembre de 1977. EUSKAL MEMORIA FUNDAZIOA

La muerte llegó pronto para Mikel Zabalza. Tenía 33 años cuando su cuerpo apareció flotando en el río Bidasoa, previo paso por el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. A Gladys del Estal le sorprendió con diez años menos: tenía 23 en el momento que un disparo de la Benemérita atravesó su cabeza. Para el Partido Popular y Vox, sus reconocimientos como víctimas de abusos policiales equivaldrían a “blanquear” a ETA.

Del Estal y Zabalza están entre las víctimas de la represión en Navarra que nunca recibieron un reconocimiento por parte del Estado. Pensando en todas y todos ellos se redactó una ley en 2015. La escribió el entonces diputado de Nafarroa Bai Joseba Eceolaza. “Hay dos niveles: por un lado, tenemos algunos casos con condenas injustas, y otros que han quedado absolutamente impunes”, resume a Público en una conversación telefónica.

La ley que preparó Eceolaza sufrió el tijeretazo del Tribunal Constitucional, que en 2018 –previa solicitud por parte del Gobierno de Mariano Rajoy– anuló la mayor parte de su contenido. De ahí que en marzo pasado, el Parlamento de Navarra –con los votos de Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra- aprobase una nueva norma, dirigida a reconocer a esas víctimas que el Gobierno del PP y el TC habían decidido excluir.

“Hay una serie de casos bastante objetivos”, dice Eceolaza. Se acuerda entonces de Gladys del Estal, muerta en una manifestación ecologista realizada hace ahora cuarenta años en Tudela, o del nunca aclarado crimen de Mikel Zabalza. En el caso de Del Estal, el guardia civil que le disparó recibió una condena menor y posteriormente llegó a ser condecorado. Respecto a Zabalza, nunca se determinaron responsabilidades penales.

La norma también abarcaba el caso de Mikel Arregi, el concejal de Herri Batasuna en Lakuntza que fue acribillado a balazos por la Guardia Civil en noviembre de 1979, cuando se desplazaba en un vehículo junto a cuatro amigos. “La versión de la Guardia Civil fue que el coche se había saltado un control policial, pero los numerosos testigos coincidían en que momentos antes había habido un control policial, pero en el momento en que pasó ya se habían retirado las señales de control”, recordaba su hermana Charo en marzo de 2015, cuando compareció ante la Comisión del Parlamento de Navarra que preparaba la ley que sería finalmente mutilada por el TC.

“Negociación política”

Tras aquel golpe judicial, la nueva ley del Parlamento de Navarra contemplaba estos casos. Sin embargo, PP y Vox se han unido para tratar de evitarlo: el pasado viernes, representantes de ambas formaciones se fotografiaron juntos a las puertas del TC, donde presentaron un recurso contra la referida norma foral. El argumento de ambos partidos es que se busca “blanquear” la historia de ETA. “La sangre de más de 850 compatriotas no puede estar encima de una mesa de negociación política”, llegó a decir el ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.

Tres días después, Ciudadanos anunció que se sumaba también a esta vía para tratar de derribar la norma foral, alegando que ofendía a la Policía Nacional y la Guardia Civil "en su dignidad".

Estas palabras retuercen al pamplonés Fermín Rodríguez. Su hermano Germán murió en los Sanfermines de 1978 a raíz de los disparos de la Guardia Civil en las calles de la capital navarra. “Que Vox y el PP hayan recurrido esta ley –que de por sí nació con muchas mermas y estaba hecha para que pasara el filtro del TC– indica la absoluta intolerancia que tienen hacia las víctimas del terrorismo de estado”, afirma.

En esa línea, Rodríguez se muestra “desengañado” con la justicia española. “De hecho, me he tenido que ir a Argentina para presentar una querella y hablar con una jueza. Aquí, en 41 años no me ha llamado nadie a declarar”, se lamenta.

PP y Vox también quieren impedir que se reconozca a José Luis Cano, otro joven que murió por los disparos de la Policía Armada durante una manifestación a favor de la amnistía en mayo de 1977 en Pamplona. Tenía 28 años, vivía en Errenteria (Gipuzkoa) y trabajaba como cajista en el diario La Voz de España. Su nombre tampoco figura en los listados de víctimas que maneja el ministerio de Interior.

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