La cúpula del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz (PP) como titular otorgó la residencia en España a un venezolano que supuestamente suministró informaciones no acreditadas contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, según confirman a Europa Press en fuentes policiales.

Interior decidió conceder a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, una autorización de residencia en España durante un año por "circunstancias excepcionales" debido a "razones de colaboración con las autoridades policiales", según la información adelantada por El País.

El permiso de residencia fue firmado el 11 de abril de 2016 por el entonces 'número dos' de Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En el documento no se detalla en qué se basó dicha cooperación, pero el propio Arias declaró ante notario que desde febrero de 2016 trabajaba como "informador para la Policía española".

Podemos, que ejerce la acusación popular en el 'caso Villarejo', registró un escrito el pasado mes de octubre en el que planteaba al juez la "posible existencia de una ramificación periodística de la organización delictiva", a la vista de la filtración en medios de material del comisario que aún no se había catalogado en la instrucción.

Pablo Iglesias insistió esta semana en esta tesis tras declarar en la Audiencia Nacional, que también investiga en el marco del 'caso Villarejo' el uso de fondos reservados para captar al chófer de Luis Bárcenas para sustraer información sensible al extesorero del PP.

Escrito de Podemos en la Audiencia Nacional 

En su escrito, Podemos apuntaba que esa "ramificación periodística podría venir actuando con anterioridad a las difusiones de información confidencial" y solicitaba una batería de diligencias sobre las "intoxicaciones" informativas que consideraba podían estar orquestadas desde el entorno de Villarejo.

Así, pedía al juez que se investigase "si entre la documentación intervenida en esta causa existe cualquier tipo de información, documentación o constan grabaciones relativas a un supuesto informe policial elaborado en la Dirección Adjunta Operativa del CNP que investigó el presunto pago por el Gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias", información que fue publicada motivando que el líder de Podemos interpusiera una demanda contra el digital que lo difundió, OKdiario.

Argumentaba la solicitud en que tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial que vieron el caso desestimaron la demanda de Iglesias, "razonando que la noticia era veraz dado que se fundaba en algún tipo de pesquisa policial". Para ello, OKdiario presentó un escrito firmado ante notario en el que ese confidente venezolano acreditaba su condición y la autenticidad de la orden de pago que había recibido de la Policía por sus servicios.

El propio Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, investigado ahora en el caso Villarejo, testificó en aquella vista que existía "algún tipo de informe policial proveniente de la propia DAO" que había investigado estos hechos, un informe que "nadie ha visto", según recogía el escrito de Podemos al que ha tenido acceso Europa Press.

Una investigación policial sobre Pablo Iglesias 

Por eso, solicitaba además que se investigase si entre la documentación intervenida a Villarejo constaba la autorización de residencia al confidente venezolano "sin ningún número de expediente" y firmada por el entonces jefe de sección de la Comisaría General de Extranjería y el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Podemos recordaba en ese escrito que lo único que constaba sobre las razones de aquel permiso de residencia era lo que el propio confidente había manifestado en su día ante notario y que constaba en el acta que se presentó para desestimar la demanda de Pablo Iglesias.

Decía que llevaba colaborando desde el mes de febrero de 2016 "como informador con la policía española aportándole todo tipo de documentos sobre el dinero que ha aportado el Gobierno bolivariano de Venezuela tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes, entre otros, Pablo Iglesias Turrión. En este último caso se utilizó supuestamente en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas". "Toda esta colaboración ha sido autorizada y requerida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España", añadía.

El propio Villarejo, que declaró ayer sobre este asunto en la Audiencia Nacional, dijo ante el juez que hubo una "investigación policial" sobre Pablo Iglesias en la que él habría "vehiculizado" información que obraba en su poder y en concreto, el contenido de un teléfono móvil con información personal del líder de Podemos que le fue sustraído a una estrecha colaboradora suya en 2016 y parte de cuyo contenido acabó publicado en prensa.

Garzón cree que se atacaba por las posibilidades de cambio

El coordinador general de IU y cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, ha explicado este sábado que tras las declaraciones del excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, admitiendo que participó en "una investigación policial" de espionaje a Pablo Iglesias, cree que se esconde un fin de "atacar las posibilidades de cambio" en España.

Garzón ha resaltado que le sorprende "enormemente la poca trascendencia que se le da a un hecho de estas características", algo que se explica –ha precisado– con que "quizás" va dirigido contra Unidas Podemos, por lo que ha considerado que esto "ha puesto de relieve" que son "la única fuerza capaz de disputar el enorme privilegio que tienen las grandes fortunas" del país, ha señalado a los medios de comunicación en Málaga antes de participar en un acto de precampaña.

"Esos privilegiados de España que se han enriquecido en la crisis son los que están más preocupados por el ascenso en nuestro espacio político y son los que utilizan todo este tipo de estratajemas de trampas, de ilegalidades para tratar de impedir que nosotros cambiemos este país y por lo tanto alteremos el orden social que ahora mismo es profundamente injusto para las familias trabajadoras", ha destacado al respecto.

Asimismo, ha subrayado que en el Estado "en el Estado ha habido una mafia dentro de la Policía Nacional a instancias de decisiones políticas por parte del Ministerio de Interior para espiar, para robar, para obstaculizar el trabajo político de una formación como es Podemos".

Para Garzón esto es "un grave acontecimiento" para una democracia y ha considerado "intolerable" el espionaje y robo a partidos políticos. Asimismo, ha incidido en que ve "indignante que PP, PSOE y Cs estén callados", ya que esto "en cualquier otra democracia avanzada hubiera sido un escándalo mayúsculo que hubiera obligado a todos los partidos a posicionarse".

"Es inconcebible que nos hayamos encontrado con una mafia, que no es solo el señor Villarejo, que por supuesto es una persona corrupta, sino que eso no ha podido hacerlo sin la complicidad como mínimo activa de otra mucha gente dentro de la Policía y de otra mucha gente dentro de instituciones del Estado", ha resaltado.