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las cloacas de interior

Villarejo se sienta por fin en el banquillo tras cuatro años de instrucción y siete de investigaciones de 'Público'

Extorsión, tráfico de influencias, falsedad documental, revelación de secretos y cohecho son los cargos a los que se enfrenta el comisario jubilado y otras 26 personas implicadas en tres piezas separadas, las primeras que se juzgan del caso 'Villarejo'. Algunas han llegado a acuerdos con la Fiscalía, por lo que el peso de la vista oral se centrará en el policía.

27/5/21 El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la Comisión de Investigación del Congreso para ser interrogado sobre la utilización de medios de Interior para favorecer al PP y anular pruebas en casos de corrupción, el 27 de mayo de 202
El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la Comisión de Investigación del Congreso para ser interrogado sobre la utilización de medios de Interior para favorecer al PP y anular pruebas en casos de corrupción, el 27 de mayo de 2021. E. Parra/Pool / EUROPA PRESS

Ha llegado el gran día. El primer gran juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo arranca en la Audiencia Nacional este próximo miércoles. La Fiscalía le pide 109 años y 10 meses de prisión por los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, extorsión, revelación de secretos y falsedad documental en relación a tres piezas separadas o líneas de investigación englobadas en el denominado caso 'Villarejo' o macrocausa 'Tándem': 'Land', 'Iron' y 'Pintor'. 

Detrás de estos nombres se esconden tres ejemplos perfectos del operativo desplegado por la organización de Villarejo durante décadas con total impunidad; una "organización criminal", según la Fiscalía Anticorrupción, que se enriqueció a través de encargos de particulares y de grandes empresas para espiar y neutralizar a rivales (o para resolver situaciones límite), aprovechando la condición de policía de Villarejo y de todos los medios policiales a su alcance. 

Villarejo no actuaba solo y, aunque se le sitúa en el epicentro de la trama, algunos otros han sido igual de cruciales en el desempeño de las operaciones por las que va a ser juzgado: funcionarios de Policía y de Justicia de todas las escalas (incluidas las cúpulas), cargos políticos y con responsabilidad de Gobierno, editores, periodistas, empresarios y abogados. El caso 'Villarejo' acumula un centenar de personas imputadas. En este juicio le acompañan en el banquillo, entre otros, su socio, Rafael Redondo, y el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, para el que la Fiscalía pide 81 años de prisión. En total 27 personas serán juzgadas a partir del próximo 13 de octubre. Algunas ya han llegado a acuerdos con la Fiscalía, por lo que el peso del juicio se centrará previsiblemente en Villarejo.

El papel clave de 'Público' 

El papel de Público en la investigación sobre las fechorías del comisario Villarejo ha sido clave desde que el 15 de enero de 2015 este periódico dio la voz de alarma en primicia respecto a la existencia del ínclito comisario, desconocido hasta entonces por la opinión pública, y de sus andanzas impunes. Cientos de artículos de investigación desde esa lejana fecha engrosan un riguroso trabajo periodístico que ha sacado a la superficie las  'cloacas de Interior' y otras inmundicias que salpican a las esferas del poder político, policial y empresarial del país.

Desde que fue detenido, el 3 de noviembre de 2017, el comisario Villarejo ha invocado una supuesta condición de agente encubierto para justificar su emporio empresarial y su patrimonio multimillonario, aludiendo a que estos han estado a disposición del Estado en operaciones de inteligencia de envergadura. Pero lo cierto, como ha desvelado Público, es que dicha condición no ha sido demostrada hasta el momento a pesar de los múltiples intentos) y que la trama de Villarejo se ha llenado los bolsillos gracias a una red cuyos tentáculos alcanzan todas las esferas de poder, desde el Ministerio del Interior a la cúpula judicial, pasando por empresas periodísticas y bufetes de abogados. Y buenos ejemplos de ello son las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. 

Pieza 'Iron' y su conexión con el caso 'Gao Ping' 

En ella se investiga la contratación de Villarejo y su equipo por parte del despacho de gestión y defensa de patentes Herrero y Asociados SL. El supuesto objetivo de la contratación era, según el auto de procesamiento, apoyar a este despacho en un procedimiento de arbitraje y  ante una querella penal por competencia desleal contra una serie de exsocios que habían abandonado Herrero y Asociados SL para montar un supuesto despacho competidor, Balder IP LAW SL. 

En el sumario de la pieza 'Iron' se constata una batería de acciones para recopilar información sobre los socios supuéstamente disidentes, como uso ilegal de bases de datos reservadas, planificación de 'hackeos', interposición de una denuncia falsa para provocar un registro policial y tener acceso así a los servidores del despacho escindido, Balder IP LAW. Las gestiones de Villarejo incluyeron también el acceso al servidor de Herrero y Asociados SL para supuestamente evaluar su seguridad frente accesos no deseados para lo que requirió de los servicios de Ansib Net Solutions Sl a cuyo frente está Pedro Joaquín Sánchez Fuentes el colaborador más desconocido del comisario.  

No obstante, la investigación de 'Público' sobre esta pieza apunta a otro motivo principal o añadido para explicar los pagos al comisario y que tiene que ver con la implicación de socios de Herrero y Asociados SL en el Caso Emperador o Caso Gao Ping. Este caso investigó una macrooperativa para, de un lado, defraudar al fisco en la importación de 1.000 contenedores anuales de artículos de bazar (declarando en aduana menos cantidad y productos distintos de los reales, buscando un menor gravamen) y, de otro, evadir a China las grandes cantidades de efectivo generado en la venta de lo importado (de 4 a 5 millones de euros mensuales) y por tanto de origen ilícito. Por la pieza 'Iron', la Fiscalía pide 57 años de prisión para Villarejo.

Pieza 'Land'

Esta pieza trata de la contratación de Villarejo por parte de una de las hijas del  creador de la urbanización de lujo 'La Finca', en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, con el objetivo de hacerse presuntamente de manera irregular con una herencia familiar y según la contratante en su primera declaración, para evitar la quiebra de la sociedad promotora de la urbanización, Procisa.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Susana García Cereceda, una de las hijas del fallecido creador de 'La Finca' y presidenta de Procisa, junto a Francisco Lorenzo Peñalver, consejero delegado de la sociedad, contrataron los servicios de dos firmas de Villarejo, a través de David Fernández Aumente, expolicía y asesor de seguridad ocasional de Procisa, "a sabiendas de su condición de Comisario en activo" (y por tanto conociendo que los servicios contratados eran incompatibles con sus funciones públicas) y que dichos servicios implicaron "una multitud de actuaciones ilícitas, prevaliéndose de sus labores operativas de captación de información en la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía]" para que Procisa pudiera "conseguir una posición ventajosa en orden a resolver diversas situaciones de crisis empresarial", tales como la obtención de registros de comunicaciones telefónicas y de las geolocalizaciones de los dispositivos de diversas personas. 

El primer encargo es situado por la Fiscalía Anticorrupción el 9 enero 2012, según figura expresamente en la portada del informe "preliminar" que Villarejo confecciona para cada "proyecto", y tiene que ver con un recurso de apelación que tramitaba Procisa en la Audiencia Provincial para revertir una sentencia que le perjudicaba y que ponía a la sociedad al borde del concurso de acreedores. 

La titular del juzgado 1 de Pozuelo, con fecha 1 de diciembre de 2011, había dictaminado que Procisa debía abonar a sus acreedores 34.657.380 euros más intereses en efectivo, impidiendo que hiciera frente a la deuda con la entrega de parcelas. Esto abocaba a la empresa a la quiebra porque en dicho momento carecía de liquidez por la crisis aunque tenia muchas parcelas en stock. Pero la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón finalmente a la clienta de Villarejo que pudo pagar en parcelas y salvar a Procisa de la debacle. Los investigadores encontraron informes sobre la vida personal de la jueza de Pozuelo elaborados por el equipo de Villarejo.

El otro encargo que recibió el comisario consistió, según el juzgado, en supuéstamente espiar a la otra hija heredera de la empresa familiar y otras personas, centrando las pesquisas en el arquitecto Joaquin Torres, Yolanda, la hermana de Susana y el marido de aquella así como también en la viuda de su padre—, para favorecer sus intereses en la guerra por la herencia familiar, si bien y, como analizó Publico, el cuadro indiciario apunta a una estrategia de Villarejo para exprimir a Susana Garcia Cereceda que el llama "currarse el espanto", en la que le muestra de continuo toda suerte de peligros en el horizonte. 

Pieza 'Pintor'

'Thew-Pintor' es el nombre que aparece en el proyecto de Villarejo sobre este encargo. En esta pieza están investigados, además del comisario, los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara —el primero es el marido de la presentadora Ana Rosa Quintana—. Se les imputa haber puesto en marcha, junto a dos abogados, un supuesto plan de extorsión contra un excolaborador de los Muñoz, Mateo Martín Navarro -alias Pintor-, y el letrado de éste, el exjuez Francisco Javier De Urquía. 

Los hermanos Muñoz Tamara querían, según el juzgado, que Villarejo frenase un procedimiento contra ellos por fraude fiscal abierto en los juzgados de Sevilla desde 2007, a raíz del cual tanto los Muñoz Támara como Martín Navarro fueron acusados de cinco delitos fiscales por urdir un sistema de facturas "espurias" para defraudar en el Impuesto de Sociedades e IVA pero, según la investigación de 'Público', este procedimiento sevillano no representaba un peligro inminente de envergadura, mientras que otro procedimiento penal , en los juzgados de Santa Fe de Granada sí, el llamado Caso Marchelo, siendo que la tramitación de un recurso determinante en dicho procedimiento se producía en precisamente las fechas en las que el encargo tuvo lugar. Curiosamente, el juzgado de Santa Fe, donde se instruía este caso, estaba en la calle Pintor Juan Gris de Santa Fe de Granada.

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