Vox lleva a la Cámara andaluza una ley que protege los símbolos franquistas e iguala la II República y la dictadura

El próximo pleno del Parlamento de Andalucía acogerá a debate una proposición de ley de Vox llamada Ley de Concordia entre españoles, en la que se protegen los símbolos franquistas, se promueve el olvido de la represión y se equipara la II República, la Guerra Civil y la dictadura. En lo formal, persigue una derogación de la Ley de Memoria de Andalucía, aprobada sin votos en contra en el año 2017 –PP y Ciudadanos se abstuvieron–.

La norma obvia todas las recomendaciones internacionales y pretende enterrar la memoria de las víctimas del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de la posterior represión franquista que en Andalucía fue dirigida por Gonzalo Queipo de Llano. En la Comunidad, en buena parte de cuyo territorio no hubo guerra, sino una dura represión iniciada en el mismo verano del 36, hay más de 40.000 andaluces asesinados, cuyos restos en la mayoría de los casos aún están en las cunetas y fosas comunes repartidas por toda la Comunidad, según los datos recogidos en el mapa de fosas de la Junta de Andalucía.

Vox ha logrado llevar a Pleno –todos los partidos votaron a favor del orden del día en la Junta de Portavoces, tras una leve consulta formal del PSOE– la derogación de la Ley de Memoria ahora, cuando la legislatura llega a su final. Es la segunda vez que Vox intenta meter en el Parlamento esta ley: la primera no se llegó a tramitar después de recibir un informe negativo del Gobierno andaluz.

En el próximo Pleno, se verá si esta proposición de la ultraderecha logra superar o no el debate de toma en consideración e inicia así su tramitación. Para ello, además del PP, Ciudadanos debería votar a favor –la izquierda suma 50 escaños por 38 de PP y Vox–. Juanma Moreno tiene firmado –en el punto 33 de su pacto de investidura– con la ultraderecha desde hace tres años "promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica". Ciudadanos no ha firmado nada de esto con Vox.

La exposición de motivos, –en la que se llega incluso a hacer una somera referencia a ETA– recoge esta equiparación entre guerra, dictadura y república: "La presente ley tiene como objetivo recuperar el espíritu de concordia que permitió la reconciliación entre españoles. Todo un conjunto de normas encaminado a la reparación de todas las víctimas del periodo histórico que abarca desde la proclamación de la II República hasta la muerte del general Franco".

La definición de víctima que ofrece la norma de la ultraderecha es esta: "Todas aquellas personas que sufrieron daños físicos de cualquier tipo, persecución por motivos políticos, ideológicos, de creencias religiosas o por cualquier otra circunstancia personal durante los periodos de la II República, la Guerra Civil y el régimen franquista, hasta el inicio del periodo de reconciliación nacional que se fraguó con las distintas leyes de amnistía y las primeras elecciones democráticas y la promulgación de la Constitución española, conocido como la Transición". Vox añade el concepto de caído: "Toda persona que murió en acto de guerra durante el transcurso de la Guerra Civil, con independencia del bando en el que luchara".

La norma obliga a las "administraciones públicas" a adoptar "las medidas y actuaciones necesarias para que, a petición de los interesados, se proceda a la localización, exhumación e identificación de todas las víctimas, a fin de que los restos puedan ser entregados a sus familiares, para que éstos puedan realizar las acciones de reconocimiento y descanso que consideren oportunas con las mismas, en base a sus creencias o convicciones".

Lla ultraderecha recoge también la disposición siguiente al respecto de las víctimas: "Todas las víctimas deberán recibir en todo caso el reconocimiento y respeto público que merecen. Todos los caídos en combate merecen el mismo reconocimiento y respeto, puesto que, independientemente del bando en el que combatiesen, cayeron luchando por la España que mejor creían para las generaciones venideras".

Vox persigue proteger los símbolos franquistas por medio de dos artículos, por un lado, el 9.3, dice así: "En ningún caso cabrá, el vilipendio público, juicio o posicionamiento a favor o en contra de ninguna de estas personas, garantizando así el espíritu de reconciliación nacional y neutralidad que corresponde a todas las administraciones públicas, [y tampoco] la retirada de símbolos u homenajes a estas personas fallecidas durante el periodo histórico".

Y, por otro, el 11, que considera "actos contrarios" a la concordia "todas aquellas actuaciones provenientes de cualquier Administración Pública andaluza que pretenda influir, manipular o imponer una versión de los hechos acaecidos durante el periodo histórico [que Vox fija desde la II República hasta la transición]" y también "cualquier actuación administrativa dirigida a destruir, eliminar, modificar u ocultar cualquier monumento, hito, lugar o sitio histórico que rememore sucesos acaecidos durante la II República, Guerra Civil y régimen franquista".

Despropósito

Además, la ultraderecha quiere evitar que desde la Junta de Andalucía se promuevan actos de reivindicación de la memoria histórica y democrática: "Las administraciones públicas andaluzas promoverán la imparcialidad y neutralidad en el relato de los hechos acaecidos durante el periodo histórico recogido en el artículo, puesto que la labor de analizar y opinar sobre la historia corresponde a los historiadores y académicos, sin que el Poder Legislativo o Ejecutivo intenten influir en la opinión de los ciudadanos o crear un relato oficial sobre unos hechos que cada andaluz vivió y padeció de una forma distinta".

Para el PSOE andaluz, esto es un "despropósito que falta el respeto a miles de familias andaluzas que aún no saben dónde están sus familiares". "Moreno ha pactado con la extrema derecha traer al orden del día una Ley de la Discordia: es una respuesta insensible de Moreno Bonilla a las miles de personas que se manifestaron hace unos días. Vox y Macarena Olona marcan más que nunca la agenda de Moreno. Hay que recordar que la Ley tiene 1,7 millones de euros de presupuesto y solo se han ejecutado 300.000 euros. Es un circo lamentable y grosero hacia tantas familias andaluzas", dijo María Márquez, portavoz socialista.