El Congreso convalidó este jueves el Real Decreto Ley que permite regular y limitar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a empresas como Uber y Cabify, si bien abrió la puerta a que los grupos políticos introduzcan cambios en la norma, toda vez que se acordó tramitarla mediante proyecto de ley.

Durante la votación del decreto han respaldado al Gobierno el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria. Frente a ellos, han votado contra la convalidación PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que UPN ha optado por la abstención.

No obstante, la oposición ha conseguido, contra el criterio del PSOE y Unidos Podemos, tramitar el decreto como proyecto de ley. PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria han sumado mayoría para poder así presentar enmiendas al texto legal.

De esta forma, al igual que la aprobación del decreto el pasado mes de septiembre no contentó ni a los taxistas ni a las firmas de VTC, su reválida en el Congreso tampoco cumplió con las expectativas de estos dos sectores, ni del Gobierno, toda vez que el propio ministro reclamó que se evitara la tramitación como ley para no "alargar el conflicto y la incertidumbre".

"Estamos ante la convalidación de un Real Decreto Ley que no admite enmiendas", había advertido el titular de Fomento durante el debate previo a la votación. La tramitación como ley puede no obstante abrir la posibilidad de que realicen cambios a los principales puntos del Decreto mediante la introducción y el acuerdo de enmiendas.

En su actual redacción, el Decreto habilita a los gobiernos regionales a regular las condiciones de servicio de las VTC (los horarios, los recorridos o las características del vehículo, entre otros), al igual que hacen con las del taxi. Asimismo, una vez transcurra una moratoria de cuatro años, permite a los ayuntamientos limitar o suprimir VTCs en sus ciudades.

Además, el texto blinda al Estado de eventuales reclamaciones del sector al fijar el procedimiento para realizarlas y establecer que sólo se atenderán eventuales indemnizaciones otorgando a las licencias tiempo adicional a esos cuatro años.

Valor para atajar el conflicto

Ante la perspectiva de cambios en estas medidas, en su intervención ante la Cámara, el ministro de Fomento reclamó "valor" a las formaciones políticas para afrontar de forma definitiva el conflicto abierto desde hace años entre el sector del taxi y de los vehículos con que dan servicio las plataformas como Uber y Cabify, y que el "tema no se pudra".

"A mí no me da vértigo tomar la decisión y no postergarla", aseveró Ábalos, quien además, defendió la fórmula del Decreto frente a la más larga tramitación de la ley, dada la "urgente y extraordinaria necesidad" de solventar un conflicto que "las sucesivas anteriores regulaciones no han resuelto". "Si todos lo hubiéramos hecho bien antes, ahora no estaríamos aquí", apuntó.

No obstante, ratificó su voluntad de resolver la 'batalla' entre el taxi y los VTC, y aseguró hacerlo "con la conciencia libre", sin "presiones de ninguna parte", garantizó.