Madrid
Actualizado:La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al fin a tres ciudadanos, A. L. C., F. T. L. y J. N. L., a quienes los gigantes mundiales del cine acusaban de 'piratería' en internet por la página web Elitedivx. Una sentencia, con fecha del pasado 26 de octubre, cierra un caso que, como otros tantos similares por toda España, que refleja a la perfección la historia de David contra Goliat; historia que, en este caso, ha tardado 14 años y medio en resolverse.
Viajemos en el tiempo a marzo de 2007. La Policía anuncia a bombo y platillos la detención de 10 personas y el cierre de 21 sitios web con enlaces P2P películas y música gratis. El entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida (ya fallecido), y la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, posan para los medios rodeados de artistas. Una foto para recordar.
Por aquel entonces, se estaba aplicando un Código Penal que no preveía fenómenos como las descargas directas y el P2P (un protocolo para compartir ficheros de un ordenador privado a otro). Elitedivx.com era una de esas páginas perfectamente legales a las que uno podía acudir para buscar enlaces a través de los cuales podía descargarse contenido como películas sin pagar, y que la Policía bloqueó por 'pirata'.
El trabajo de algunos abogados notables en este campo, como Carlos Sánchez Almeida y David Bravo, logró poco a poco que los casos de aquella espectacular 'redada' fueran cayendo en el cajón de los archivados, algunos incluso por la muerte del acusado.
Y lo que comenzó como una operación enormemente mediática para luchar contra la 'piratería digital' terminó con un ridículo monumental para quienes aparecían en esa foto, que aún dura.
El caso Elitedvix es clavado a otros anteriores que, en su mayoría, terminaron en absolución (o en acuerdos extrajudiciales, en el caso de quienes estaban cansados de luchar).
Por un lado, estaban los acusados por un delito contra la propiedad intelectual; tres ciudadanos que llegaron a estar detenidos. Por el otro lado, se alzaban multinacionales como Disney, Columbia Tristar (Sony), Tuentieth Century Fox, Manga Films, Universal Pictures, Paramount Home Entertainment, Mandalay, Orion Pictures y New Line Productions, entre otras, representadas por el abogado Santiago Mediano.
En este caso, los magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia aplican la normativa anterior a la reforma del Código Penal de 2015, que es la que corresponde a la vigente en el momento de la denuncia. Y aluden una ristra de precedentes para afirmar que comprenden el recurso de los gigantes de Hollywood y de la distribución de contenidos.
Sin embargo, recuerdan que los acusados tenían entonces "convicción de legalidad", se les aplica la "legislación vigente y criterios interpretativos a la fecha de los hechos" y que, pese a haber una "evolución" de dichas leyes e interpretaciones —la actividad de esa página ahora podría ser sería delito— esa evolución "no puede ir en perjuicio de los acusados".
Así, en este asunto, como en tanto otros, a la lentitud de la Justicia se le suma la enorme cantidad de recursos de las que dichas compañías disponen para litigar, mucho mayor en cualquier caso que las posibilidades de cualquier ciudadano de a pie.
Y todo ello, pese a las reiteradas veces en las que Goliat ha caído frente a los pequeños David que se han ido encontrando hasta la reforma del Código Penal del 2015.
Poca broma con la MPA
Desde hace tres años, el prestigioso bufete de Santiago Mediano se encarga de la defensa en los tribunales españoles de la potente industria audiovisual estadounidense, bajo el paraguas de la MPA (siglas de 'Motion Picture Assosiation'), la asociación que las aglutina y que hasta 2019 se llamaba MPAA. Hasta diciembre de 2018, el papel de guardián contra la 'piratería' lo desempeñaba la llamada Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual, también conocida como "Federación Antipiratería" (o FAP), encabezada por el letrado José Manuel Tourné. La MPA decidió sorpresivamente cambiar de abogados y, de la noche a la mañana, Tourné y sus colaboradores se quedaron en la calle. Y todo ello, después de que España "hiciese los deberes" para sobreproteger los intereses de una industria a la que parece no importarle el derecho fundamental a la libertad de expresión.
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