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Ley Celaá Acabar con los colegios gueto: el gran reto de la Ley Celaá para evitar la discriminación 

Hace casi 10 años el Consejo Europeo alertó de que los colegios concertados rechazaban habitualmente al alumnado migrante y pidió un cambio en el modelo de admisión actual que sitúa a España entre los países europeos con mayor segregación escolar. La Ley Celaá contempla medidas para paliar esta situación, pero el desarrollo efectivo está en manos de cada comunidad.

Vista de un aula vacía de la Escola l'Estel de Barcelona.
Vista de un aula vacía de la Escola l'Estel de Barcelona. Quique García / EFE

Los colegios gueto son aquellos en los que se concentran más de un 50% de alumnos con bajos recursos. Desde la Unión Europea se ha alertado en varias ocasiones sobre la proliferación de estas escuelas que agrandan las desigualdades sociales. Un informe de 2011 del Consejo de Europa ya constataba, además, que los colegios concertados rechazaban habitualmente al alumnado gitano y migrante. La institución pidió a nuestro país que revisara "el método de admisión" en centros públicos y privados concertados para lograr "una distribución equitativa".

Es decir, hace ya casi 10 años que se reclamó al Gobierno que se impulsaran medidas para luchar contra la segregación escolar y evitar este reparto desigual de los alumnos más vulnerables. Pero se ha hecho bien poco para cambiar esto. Hasta ahora. La nueva ley de educación, la Lomloe, plantea un nuevo marco para luchar contra esta discriminación, aunque el cambio real estará en manos de las comunidades autónomas, las responsables de desarrollar la ley estatal en sus legislaciones propias.

Se espera que este miércoles 23 de diciembre se apruebe en el Senado la Lomloe, la octava ley de educación de la democracia. El texto manifiesta claramente un cambio de rumbo en la lucha contra los colegios gueto al reconocer que la Administración tiene que "velar para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza". Para esto se ha desarrollado un paquete de medidas que van desde garantizar la gratuidad del sistema prohibiendo las cuotas de los colegios concertados a cambios en los procesos de admisión o planificación de las plazas eliminando conceptos como el de 'demanda social', incluido en la normativa educativa formalmente con la ley Wert.

Estas medidas son muchas de las que han puesto en pie de guerra contra la Lomloe a las derechas y a las organizaciones y patronales de la escuela concertada, privada y católica. Pero la ley, lejos de acabar con la concertada, hace una apuesta clara por la educación pública limitando concesiones que vinieron de la mano del ministro del PP José Ignacio Wert.

España, sexto país de Europa con más segregación escolar

Hay mucho por cambiar. Nuestro sistema educativo es uno de los más segregadores de Europa. Según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, España es el sexto país de Europa con más segregación escolar. Por delante solo están Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría.

Javier Murillo, uno de los autores del estudio y director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, explica a Público que estos datos revelan que la segregación por nivel socioeconómico y cultural de las familias es "mucho más alto que en los países de nuestro entorno" y que "se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores desafíos de nuestro sistema educativo". Además, destaca que los niveles siguen aumentando, algo más grave aún.

La gravedad de este problema se constata con el último informe de Save The Children, Mézclate conmigo: de la segregación escolar a la educación inclusiva, que señala que para acabar con la segregación en España habría que cambiar al 31% del alumnado más vulnerable de unos centros a otros y que 9 de cada 10 centros escolares con mayor concentración de los más vulnerables son de titularidad pública. El problema se agrava, sobre todo, en algunas comunidades como Madrid, Catalunya o Euskadi. "De poco sirve preocuparnos por la calidad de la educación, si dejamos fuera a una buena cantidad de estudiantes. La calidad sin equidad no sirve de nada, y es esta última la que está en entredicho", añade el experto.

La Comunidad de Madrid tiene los peores datos y desde Educación reconocen que esperan que la ley palie este problema precisamente en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Si Madrid fuera un país, sería el segundo de Europa con mayor segregación escolar, solo superada por Hungría. Además, dos de cada 10 colegios públicos son reconocidos como guetos.

¿Por qué tenemos unos datos de segregación tan altos? Murillo valora que las razones son "múltiples" aunque están "interrelacionadas", aunque destaca dos claves: "El aumento de una política que llamamos de 'cuasi-mercado escolar', por la cual se fomenta la lógica de la libertad de elección y competencia entre centros educativos bajo el supuesto de que las leyes del mercado mejorarán la educación. Lo cual, todo sea dicho, está demostrado que es una falacia. En segundo lugar, el fomento de una educación privada financiada con fondos públicos, que de una forma más o menos velada selecciona a los estudiantes con un planteamiento insolidario hacia los más vulnerables".

La segregación: un freno para la educación y cohesión social

Queda mucho camino por recorrer porque las consecuencias de este reparto tan desigual y discriminativo son muy graves para el alumnado. Poco antes de que empezara la pandemia, un informe del Observatorio Social de "La Caixa" incidía en que las "disfunciones" más importantes del sistema educativo español son los altos niveles de abandono escolar, el elevado peso del origen socioeconómico en los resultados académicos y el alto nivel de segregación por origen social. Hechos que se resumen en que la mitad de los alumnos pobres repiten curso.

En los colegios gueto hay "mayor inestabilidad de docentes y falta de recursos y especialistas"

Olga Cantó Sánchez, investigadora y una de las autoras del informe, destaca que el nivel de segregación por motivos socioeconómicos aumentó del 23,1% en 2006 al 23,8% en 2015 y que esto supone "un importante freno para que la escuela juegue un papel determinante en la cohesión social".

El problema, sin embargo, va aún más allá. Murillo añade que en los centros gueto hay "mayor inestabilidad de docentes, falta de recursos, falta de docentes y especialistas, y la situación hace que sea más complicado desarrollar la enseñanza con normalidad". "Recordemos la situación de confinamiento de un gran número de estudiantes que no contaba con ordenador, ni infraestructura adecuada en casa, ni con padres o madres suficientemente formados como para ayudarles… La tarea de formación a distancia se ha hecho casi imposible para estos centros, aumentando las desigualdades en la educación", comenta sobre la gran brecha que se ha vivido durante la pandemia.

¿Qué propone la ley para luchar contra la segregación?

Ante este panorama, la Lomloe propone otro marco para comenzar a luchar contra la segregación. En primer lugar, elimina la 'demanda social', un concepto que permitía que crecieran las plazas en las escuelas concertadas, si las familias lo pedían, en vez de en las públicas. La nueva ley acaba con esto y formaliza que la demanda debe garantizarse con "una oferta suficiente de plazas públicas", además de señalar que se debe promover un incremento progresivo de puestos escolares en centros de titularidad pública.

La ley construye un nuevo marco, pero son las comunidades las que tienen que ejecutar las medidas

Pero, además, al principio rector de "la libertad de elección de centro" por parte de las familias, se añade que la Administración evitará "la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos" a través de las "áreas de influencia" y las comisiones de garantías de admisión para velar por "la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación". En realidad, lejos de eliminar la libertad de elección de las familias, lo que hace es limitar a los centros para evitar que los concertados tengan la capacidad de rechazar a los más vulnerables.

En este sentido, la ley ha sido aplaudida por buena parte del sector educativo. Como destaca Murillo, "da un paso importante al reconocer la existencia del problema y tomar algunas medidas para reducir la segregación tales como garantizar que los centros financiados con fondos públicos sean de verdad gratuitos o limitar el apoyo desaforado a los centros concertados por parte de las Administraciones". Pero también es insuficiente en muchos otros aspectos, como reconoce también el experto, al valorar que se ha quedado "corta en las medidas para garantizar la heterogeneidad de los centros, así como en el apoyo diferencial a los centros con más dificultades mediante la asignación de mayor número de docentes y especialistas".

Sin embargo, y pese a los avances, son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar la ley en su legislación. Será el mayor reto y, ante la respuesta de las comunidades del PP, sobre todo Madrid, parece complicado que haya un cambio legislativo fácil en todo el país. "Las funciones ejecutivas de la educación están en manos de las Comunidades y no parece que muchas de ellas estén por la labor de tomar medidas para reducir la segregación. El tiempo lo dirá", añade Murillo.

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