La Asociación Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), junto con la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad presentarán una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por lo que considera un "uso abusivo de los contratos menores por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el año 2020". También acudirán, según recogen en un comunicado, a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda.

"En 2020, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el SERMAS adjudicaron 408.133 contratos menores por 900 millones de euros. Es decir, los contratos menores representaron el 99,5% de todos los contratos consolidándose como regla y no excepción", señala la asociación.

"Pese a que la figura del contrato menor está pensada para agilizar compras puntuales y favorecer a las PYMES", el trabajo de Audita Sanidad apunta que "beneficia sobre todo a grandes multinacionales farmacéuticas y de tecnología médica". "Solo las 20 primeras empresas —agrega la nota— concentran el 21,7% de los contratos y el 35,6 % del valor (Roche, Medtronic, Novartis, Janssen, Pfizer, Johnson & Johnson, etc.)".

La asociación estima lo siguiente: "Entre 2016 y 2020 se adjudicaron a dedo en la sanidad madrileña 2,35 millones de contratos menores por más de 4.000 millones de euros. Aplicando la estimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC sobrecostes del 25% cuando no hay competencia), el uso abusivo del contrato menor habría generado unos 818 millones de euros de sobrecostes. Con esa cantidad se podrían haber financiado 82 centros de salud o contratado a 14.600 médicos de Atención Primaria durante un año, según los cálculos del informe".

Aunque la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe el fraccionamiento de contratos, argumenta la asociación, "la práctica observada es la contraria: múltiples contratos menores, repetidos, con un mismo proveedor para un mismo producto, por importes que habrían justificado una licitación pública". Esto, agregan, se documenta con detalle en hospitales como el Clínico San Carlos, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Infanta Cristina, entre otros.

Más allá de la cifra económica, Audita Sanidad subraya que "esta mala utilización del dinero público vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad ante la ley, y compromete el derecho a la salud, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales". En resumen, "Audita Sanidad denuncia que el abuso de contratos menores en la sanidad madrileña encarece la contratación, favorece a grandes corporaciones, erosiona la sanidad pública y vulnera derechos humanos".