Desde el año 2018, Castilla y León vive un aumento en las tasas de exclusión social y una reducción del espacio de integración plena provocado por la pandemia y su gestión directa en la comunidad castellano y leonesa con el cambio de Gobierno que encabeza Fernández Mañueco desde 2019. La crisis de la covid-19, por tanto, ha dejado una gran huella en Castilla y León, también por los problemas no resueltos de la anterior crisis, la de 2008 a 2013.

De hecho, el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) presentado por Cáritas en Valladolid, asegura que uno de cada seis habitantes (18%) de esta comunidad autónoma se encuentran en situación de exclusión social, lo que supone un total de 426.000 personas en una situación de importante desventaja.

El informe refleja, además, un crecimiento de un 54% entre las personas más frágiles, las que se encuentran en situación de exclusión severa, que ya representan a más de la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social (225.000). Pero todas estas carencias cuentan con una distribución desigual, generan un mayor impacto sobre unas personas que sobre otras. En este caso, desde FOESSA han advertido de un crecimiento de dos brechas que siguen activas: el género y la nacionalidad de origen.

De esta manera, la crisis de estos años ha azotado a las mujeres con fuerza en Castilla y León. La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 12% al 15%).

El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión, ya que más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión. Esto significa 3,5 veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada en Castilla y León.

La tercera brecha tras la feminización de la crisis y la nacionalidad de origen, es la del incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social. Para FOESSA, supone una situación que les impide dibujar proyectos de vida para dar el salto a la vida adulta. Esta situación de exclusión genera jóvenes sin empleo o en empleos temporales y precarios, que imposibilitan la emancipación, el sustento de una vida independiente o la creación de una familia.

Pero la legislatura de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León también se ha caracterizado por la precariedad en el empleo. De este modo, en esta crisis que vivimos se ha duplicado la inestabilidad y ya alcanza a más de 79.000 hogares (un 11% del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Esto significa: Cabezas de familia que en el último año han tenido 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas.

Esta inestabilidad laboral grave genera pobreza económica pero también frustración, laboral y personal, y tiene efectos a nivel psicológico y emocional. La Fundación FOESSA ha constatado, además, un aumento de las barreras para acceder al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.

El hecho de tener ingresos inestables, además, combinado con los altos precios de la vivienda hace que algo más de 120.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca de las mismas, queden en situación de pobreza severa.