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El Ayuntamiento de Madrid recurre la sentencia que anulaba la licencia de la cocina fantasma junto a un colegio público

Fuentes municipales aseguran que "recurren por seguridad jurídica". Las familias han denunciado la decisión de la Administración de Almeida para "seguir luchando contra este negocio que perjudica el bienestar de 900 menores".

21/06/2022 Una madre enseña a Público las chimeneas desde su casa
Una madre enseña a 'Público' las chimeneas de la cocina fantama desde su casa. Público TV

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia que anula la licencia de la cocina fantasma que fue construida junto al colegio público Miguel de Unamuno. En concreto, la cocina industrial del número 8 de la calle Alejandro Ferrant, en el barrio de Arganzuela, en la capital. Las familias han denunciado la decisión del Consistorio al señalar que "no tienen palabra y están tomando el pelo a las familias y vecinos".

Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha anulado la licencia concedida tras el recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro escolar. El Consistorio, según fuentes municipales a Europa Press, ha decidido recurrir siguiendo el consejo de los servicios jurídicos.

El Consistorio considera que "pudo haber un cambio de uso en los años 60"

El recurso presentado se basa en el informe medioambiental que estas fuentes consideran que "no era necesario según todos los informes municipales y el jurídico, que señala que el que falta sí está incorporado en el expediente". Por ello, fuentes municipales de la Administración del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida señalan que "por seguridad jurídica recomiendan recurrir".

El Consistorio revisará toda licencia "porque sí hay una duda respecto a los antecedentes del local". El Ayuntamiento considera que "pudo haber un cambio de uso en los años 60". De esta forma, se estudiará toda la documentación y se comprobará ese cambio de uso, lo que anularía la licencia.

"Están tomando el pelo a las familias y vecinos"

Para las familias, la decisión del Consistorio supone "una profundamente decepción", lo que las obliga a "seguir luchando contra este negocio que perjudica el bienestar de 900 menores, sus familias y cientos de vecinos de Delicias". "Con este recurso, el Gobierno de Almeida contradice en un solo acto su recién presentada política de urbanismo en materia de cocinas fantasma, su política de entornos escolares y su Plan local para la Infancia en Madrid", consideran los vecinos del barrio de Arganzuela.

Las familias "seguirán luchando contra un negocio que perjudica a 900 menores"

"Le pega una patada a sus promesas en estos asuntos", reafirman. Los progenitores consideran que la sentencia recurrida se basa en la carencia de un informe de impacto medioambiental y de otro jurídico, así como el incumplimiento de la normativa urbanística. 

"Ahora un juez le ha dicho que esa licencia debe ser anulada y anuncian revisiones en lugar de acatar la decisión, no tienen palabra y están tomando el pelo a las familias y vecinos", recalca Iris Arisa, Secretaria de la AFA del Colegio Público Miguel de Unamuno. 

La decisión de Almeida ha provocado que las familias lancen un crowdfunding para financiar la segunda fase del proceso judicial. "Somos familias que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero en hacer el trabajo que debería estar haciendo el Ayuntamiento de Madrid; no vamos a parar aquí", ha concluido Arisa.

Cocina fantasma pared con pared con un centro público

El año pasado, en el barrio central de Arganzuela, varias madres alertaron desde sus ventanas sobre una chimenea que daba al patio del colegio de sus hijos. Lo que se encontraron los progenitores fue una empresa de cocinas fantasma que se había instalado pared con pared con el centro escolar, al que acuden 900 niños.

Debido a las entradas y salidas de varios vehículos, el acceso y la partida del colegio se convirtió en una tarea complicada para las familias. Desde entonces, la empresa y el Ayuntamiento emprendían una batalla por la legalidad de la licencia. Las familias reclamaron la existencia de una licencia del año 1966 que dictaminaba un uso del local comercial y no industrial.

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