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CAMPAMENTO MIGRANTES HUELVA Los incendios agravan la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en Huelva

En sólo cuatro meses se han registrado cinco siniestros fortuitos que han calcinado más de 200 chabolas en los asentamientos donde viven entre 1.500 y 2.000 migrantes que van a trabajar en las campañas agrícolas, mientras las ONG exigen medidas urgentes para acabar con este grave problema.

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Fotos tras un incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva) el pasado mes de enero.

El fuego se ha convertido en uno de los peores enemigos de las personas migrantes que van a trabajar en las campañas agrícolas de la provincia de Huelva y habitan asentamientos chabolistas al no poder acceder a una vivienda. En lo que va de año ya se han registrado al menos cinco incendios fortuitos de envergadura que han calcinado más de 200 chabolas hechas con plásticos y palés, aunque, afortunadamente, no ha habido víctimas. De momento, las llamas se han limitado a causar algún herido y a destruir las escasas pertenencias de sus ocupantes y, casi peor, la documentación que tanto tiempo les lleva conseguir en el laberinto administrativo de las normativas de extranjería.

Sin embargo, los incendios no son nuevos. Como los asentamientos de chabolistas. Desde el año 2000 existe este tipo de campamentos de infraviviendas en los municipios onubenses con una mayor producción de fresa y otros frutos rojos, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto y Lepe, fundamentalmente. Han pasado casi dos décadas desde entonces y no han desaparecido, pese a la evidente falta de medidas de seguridad que origina cada año un buen número de siniestros y pese a la persistente demanda de las organizaciones sociales que atienden a estas personas para que se acabe con este fiasco humanitario en medio de la riqueza que genera la boyante producción agrícola onubense.

Entre 1.500 y 2.000 migrantes de múltiples países viven en estos asentamientos chabolistas

Las ONG que trabajan en la zona, y que son las únicas que se ocupan de ayudar a las personas damnificadas por los incendios –reponer enseres y pertenencias calcinadas, tramitación de la documentación perdida-, estiman que entre 1.500 y 2.000 migrantes de múltiples países viven en estos asentamientos chabolistas, número que varía en función de la demanda de mano de obra en la producción agrícola del entorno.

Unos asentamientos están en mitad del campo, escondidos, lejos de todo, y otros se encuentran a las puertas del pueblo, junto al cementerio, como es el caso de Lepe, que llega a superar el centenar de chabolas. Los habitan personas con la documentación en regla, sin papeles, con un contrato de trabajo, sin él, a la espera de algo, sin esperanza de nada, procedentes de Marruecos, del África subsahariana o del este de Europa. Hay de todo, pero hay algo que los une más allá de la condición de extranjeros: ninguno ha podido alquilar un piso, ni siquiera una habitación, en las localidades del entorno, ya sea por falta de dinero suficiente para pagar la renta solicitada o porque, sencillamente, los propietarios no quieren tenerlos de inquilinos.

Así es como han acabado en unos campamentos donde no hay red de abastecimiento de agua ni electricidad, donde se construyen chabolas con desechos de la producción agrícola, plástico y palés para las paredes y el techo, a las que luego se incorporan mantas y cartones en el interior para intentar aislar la ‘vivienda’ del frío y el calor. Cualquier chispa de una hoguera, de una cocinilla de gas, de una colilla puede ser, por tanto, devastadora en un poblado repleto de materiales altamente inflamables y sin ningún tipo de medida de seguridad. Las ONG que se ocupan de atenderles se quejan de que sólo ellas han hecho hasta ahora alguna campaña informativa en los asentamientos para prevenir los incendios que se suceden en los poblados chabolistas donde se refugia la población migrante sin vivienda.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha sido la que ahora ha vuelto a reclamar públicamente “medidas urgentes” a raíz de los dos últimos incendios registrados en la última semana de abril en asentamientos de Palos de la Frontera y Moguer, con un balance de más de 70 chabolas calcinadas y tres heridos. “Es un deber de las administraciones públicas velar por la seguridad de todas las personas, ya que de sobra conocemos las condiciones de inseguridad y de insalubridad en la que se viven en estos asentamientos. El ejemplo más claro lo tenemos en la asiduidad con la que se producen los incendios”, señala la organización en un comunicado en el que considera “de vital importancia que se arbitren medidas de fondo para la erradicación del chabolismo”.

Y Javier Pérez, coordinador regional de Cepaim, otra de las entidades sociales que trabajan desde hace años en la zona, advierte: “Aún no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal, pero cualquier día puede suceder, sobre todo ahora que hace calor. El campo está seco y es más fácil que se declare un incendio. No puede ser que en España, en el siglo XXI, haya gente viviendo así”. Por su parte, Susana Toscano, de Cáritas, otra de las organizaciones que presta más atención en estos asentamientos, subraya: “Esta gente vive en unas condiciones pésimas, muy lamentables. Apenas ha cambiado nada en todo este tiempo”.

Fotos tras un incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva) el pasado mes de enero.

Tanto Derechos Humanos como Cepaim y Cáritas forman parte de la Mesa por la Integración, que el pasado año presentó un amplio informe sobre la situación de estos asentamientos en la provincia de Huelva, en el que se afirma que “la insalubridad, la inseguridad y la ausencia de acceso a recursos básicos son una constante” que se repite en todos los núcleos chabolistas de temporeros migrantes. Como conclusión de ese estudio, las entidades sociales recuerdan que el acceso a la vivienda es un derecho y consideran “inconcebible que haya personas que vivan en estas precarias condiciones debido, principalmente, a la ineficacia de las administraciones públicas”.

El hecho es que en la provincia de Huelva no se ha abierto ni un solo albergue para dar cobijo a los temporeros migrantes durante las campañas agrícolas, algo que sí existe, por ejemplo, para la recogida de la aceituna en Jaén, que dispone de una amplia red de establecimientos de ese tipo en todas las grandes localidades olivareras. Sin embargo, Javier Pérez, de Cepaim, sostiene que la realidad de Huelva es bastante diferente: la campaña es mucho más larga, puede llegar a sobrepasar el medio año de duración, se junta con la veraniega de las playas, y las necesidades de alojamiento, por tanto, sobrepasan las posibilidades de albergues hechos para periodos de dos meses. A su juicio, el problema de la provincia onubense se asemeja más al del Poniente de Almería, la otra gran ‘potencia’ agrícola andaluza, donde cientos de migrantes viven también en condiciones lamentables, aunque en vez de chabolas sean viejas casas de labranza abandonadas, en el mejor de los casos.

La Junta de Andalucía ha destinado en los dos últimos años más de medio millón de euros para mejorar estas infraestructuras

La Junta de Andalucía, a través de su área de Migraciones, ha destinado en los dos últimos años, entre 2017 y 2018, algo más de medio millón de euros en subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Huelva para la puesta en marcha o mejora de infraestructuras destinadas a la acogida e inserción de las personas de origen inmigrante, aunque la efectividad real de estas ayudas para acabar con la infravivienda está por determinar.

Las entidades sociales exigen que todas las partes implicadas, ayuntamientos, Diputación, Gobierno andaluz, empresarios del sector, sindicatos, ONG y las propias personas afectadas que viven en los asentamientos, trabajen conjuntamente en una mesa intersectorial para encontrar una solución al grave problema de los asentamientos, cronificado desde hace casi dos décadas en esta provincia, y dotar de un alojamiento digno a sus ocupantes.

El estudio de la Mesa por la Integración refleja que el sector agrícola es una de las grandes bases de la economía de Huelva, que en la campaña 2016-2017 llegó a generar una facturación de más de 395,1 millones de euros, no en vano esta provincia concentra el 95% de la producción fresera de toda España. Sin embargo, la pujanza de este sector económico no ha traído consigo, según se señala en el informe, la puesta en marcha de una red adecuada de infraestructuras para atender a toda la mano de obra que ha generado.

El perfil medio de las personas que viven en los asentamientos, de acuerdo con este estudio, es el de un hombre de entre 18 y 45 años -aunque también se han detectado algunos menores y algunas mujeres-, con un nivel educativo elemental en el 50% de los casos, y en el 73% de los casos con la situación administrativa regularizada en España y en el 23% a la espera de cumplir los requisitos necesarios para ello.

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