Desde el inicio de la pandemia las residencias de mayores han vivido momentos horribles. No solo por la pandemia sino que también ha afectado durante estos meses, la soledad.

Ante la segunda ola de covid-19, el Gobierno ha publicado la cifra oficial de fallecidos por coronavirus entre principios de marzo y el 23 de junio en residencias.

Se ha contabilizado un total de 20.268 personas fallecidas, de las cuales a 10.364 se les hizo la prueba y 9.904 murieron con síntomas compatibles con el coronavirus, según el informe de un grupo de trabajo sobre geriátricos adelantado por El País.

En el documento la Secretaría de Estado de Derechos Sociales analiza los factores que influyeron en las residencias durante la pandemia. Entre ellos está el poco margen de actuación, el tamaño de los centros y la falta de personal.

Además, indica que en los primeros meses de la pandemia hay ciertas "lagunas" por la falta de datos "homogéneos" entre territorios, aun así el documento sostiene que las cifras permiten hacer una estimación de los fallecidos. Basándose en la última comunicación de las comunidades a Sanidad, el 23 de junio hubo 20.268 fallecidos, y aunque no se especifica cuántos vivían en centros, se estima que el 6% de los mayores que vivían en residencias fallecieron.

Aislamiento

El informe también habla del aislamiento de las personas mayores, recordando que cuando se cerraron los centros, el virus ya estaba dentro, por lo que el aislamiento provocó efectos negativos en los residentes. Además especifica que la prohibición de las visitas no ha protegido a los residentes.

Los contagios en las residencias de mayores siguen aumentando y son ya los lugares donde se producen los brotes de mayor tamaño, algunos con un centenar de casos. En los centros, el avance del virus se vive con "tensa calma" y reclaman más test y criterios comunes que eviten caer "en los mismos errores", explican organizaciones empresariales de centros residenciales a Efe.

Tanto las patronales de las residencias privadas (Ceaps y Aeste) como la organización que agrupa a entidades sin ánimo de lucro (Lares) plantean la urgencia de realizar pruebas de detección periódicas en los centros, hacer test de antígenos y cribajes cada semana o diez días a sus trabajadores.