En los momentos más duros de la pandemia por el coronavirus, entre mediados de marzo y mediados de abril, la Comunidad de Madrid marcó unas directrices claras para excluir a las personas mayores que estaban viviendo tanto en residencias como en sus propios domicilios de cualquier atención hospitalaria.

Sin embargo, sí otorgó un trato diferente a los mayores que contaban con un seguro privado. Esas personas no obtuvieron ningún problema para ser trasladados desde los centros donde residían hasta sus hospitales de referencia. La Comunidad de Madrid impuso un triaje muy severo a los enfermos de covid-19 para ser atendidos en la red de hospitales públicos pero levantó la mano con los que sí se podían pagar una sanidad privada.

Según informa este jueves El País, operadores de la red privada y sus clientes confirman esa práctica por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las más de 40 clínicas y hospitales privados en Madrid no recibieron ninguna instrucción de exclusión, como la que recibieron los públicos para no atender a mayores de residencias que estuvieran en fase terminal y con dependencias como moverse en silla de ruedas. Incluso, como pudimos conocer este miércoles, las personas mayores que vivían en sus propios domicilios también sufrieron ese triaje. 

La Comunidad de Madrid también distribuyó en marzo un protocolo los médicos de los centros de salud que atienden pacientes en domicilios en los que también se establecían criterios de exclusión para el ingreso en hospitales de los pacientes que estuvieran en sus casas. El texto del protocolo establecía en concreto cinco criterios de exclusión: "Tener más de 80 años y enfermedad de órgano terminal (insuficiencia cardiaca crónica avanzada, enfermedad obstructiva crónica grave, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica grave) y/o CFS [escala clínica de fragilidad] igual o mayor que 5; estar en una escala clínica de fragilidad de 8-9; tener demencia moderada o grave; padecer un cáncer terminal, o tener cualquier enfermedad y una expectativa de vida inferior a un año".

Varias aseguradoras como Asisa, que gestiona el Hospital de Moncloa, o Sanitas, con tres hospitales en Madrid, o QuirónSalud, con siete centros propios, han confirmado a El País que no recibieron por parte de la Consejería de Sanidad madrileña ninguna orden para seleccionar a pacientes mayores según ciertos criterios.

Es muy ilustrativo el testimonio que expone de la hija de una residente en un centro de la ciudad de Madrid, que cuenta que ella llamó a Sanitas para que fueran a recoger a su madre, una gran dependiente que no hubiera sido trasladada a un hospital público. La ambulancia tardó una hora en recogerla. Ingresó con neumonía bilateral y pasó un mes en el hospital. Está convencida de que su madre hubiera fallecido de no haber sido por esa cobertura privada.

Los pacientes del Sistema de Salud público dependían de la evaluación de una red de 22 geriatras de enlace creada por la Comunidad de Madrid durante la pandemia que valoraban el traslado hospitalario de acuerdo a sus síntomas, a la saturación de las urgencias y a los criterios del protocolo. Todo se simplificaba cuando el residente tenía cobertura privada. Los encargados de sus cuidados llamaban a la aseguradora para pedir una ambulancia.

Un total de 8.079 usuarios de residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid han fallecido desde el inicio de la pandemia hace tres meses, el 74 % de ellos por la covid-19, según datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad.  1.253 residentes murieron confirmados con prueba de esta nueva enfermedad y 4.722 con síntomas compatibles, en total, 5.975 ancianos desde el 8 de marzo hasta este martes. Según Infolibre, el 80% de los ancianos enfermos murieron sin ser trasladados a un hospital. Alrededor de 300 familias de fallecidos se han unido ya a varias querellas colectivas contra el Gobierno regional y las residencias.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Ayuso no fue el único que excluyó a las personas mayores del sistema hospitalario. Decisiones similares se tomaron en Castilla y León y en Catalunya, pero Madrid ha sido el territorio más afectado por una decisión ética y legalmente muy cuestionable. 

La responsabilidad en residencias es de las autonomías

Acorralada por una gestión bajo sospecha y negligente, Ayuso, apoyada por Vox, ha hecho todo lo posible por eludir su responsabilidad y por buscar un chivo expiatorio. El Gobierno madrileño ha optado por la vía más fácil: negar cualquier intencionalidad y achacarlo todo a "un error". No fue ningún error, ya que se enviaron hasta cuatro correos electrónicos con instrucciones de exclusión. Además, el PP madrileño, secundado por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha cargado toda la responsabilidad en Pablo Iglesias, al que de manera engañosa PP y Vox otorgan una responsabilidad en la gestión de residencias de mayores que claramente no tiene.

De hecho, el real decreto ley de 14 de marzo por el que se instauró el estado de alarma establecía que había "cuatro autoridades competentes delegadas": los ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. El titular de este último departamento, Salvador Illa, sería, además, "autoridad competente delegada" en "las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los ministerios indicados".

Es más, en el propio texto del decreto, en el artículo 6, llamado "Gestión ordinaria de los servicios", se decía claramente que las comunidades autónomas mantendrían sus competencias, entre las que figuran las residencias de ancianos y de los hospitales: "Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5".