La marcha de Nissan de Barcelona es sólo la punta del iceberg de una realidad más dramática, que impacta sobre el empleo, especialmente del sector industrial, en toda Catalunya. En un primer plano, la afectación arrastra a las empresas auxiliares del automóvil, generalmente de componentes de automoción. Un ejemplo de esta dinámica es el anuncio del cierre de la fábrica de Mahle en Vilanova i la Geltrú (en la comarca barcelonesa del Garraf), que dejará en la calle a 345 trabajadores.

Más allá, la conflictividad laboral salpica a otros escenarios, centrados en las discriminaciones salariales sufridas por empleados contratados por empresas multiservicio, que ofrecen sueldos más bajos que los de la compañía principal y a menudo con condiciones por debajo de lo establecido en el convenio sectorial.

Estos son los casos del matadero avícola leridano Avidel, que forma parte del grupo Vall Companys, o las firmas del sector de la gestión de residuos Consenur y Cespa, esta última del grupo Ferrovial.

Mahle, dedicada a la producción de piezas de coches, confirmó el cierre de su planta, con una plantilla de 345 personas, el próximo 28 de enero. La dirección justifica la decisión por "la caída de la demanda y la competencia en los precios, que ha hecho que la fábrica funcione muy por debajo de su capacidad habitual".

Mientras, en el matadero Avidel se convocó una huelga los días 9 y 10 de diciembre para exigir que todos los trabajadores pasen a ser plantilla directa de la empresa principal del grupo, Seresse, y ponga fin a su precariedad laboral. Los paros también fueron el recurso escogido por los empleados de Cespa en la Zona Franca de Barcelona para denunciar su situación. Los trabajadores justifican la huelga, que se llevó a cabo entre los días 13 y 15 de diciembre, por "la discriminación salarial de las personas trabajadoras de estos centros en relación con las primas respecto a otros empleados que realizan la misma actividad". De la misma forma, la plantilla de Consenur, en Sant Quirze del Vallès, detendrá la producción todos los lunes desde el 13 de diciembre.

Un centenar de ERTO en octubre

Estos fenómenos se trasladan a las estadísticas. L’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Treball constata que hasta el 31 de octubre se han registrado 7.246 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que han afectado a 101.878 personas. De éstos, 103 expedientes, con un total de 6.795 trabajadores implicados, se han presentado sólo durante octubre, el peor mes desde marzo.

Ante esta sangría sobre el empleo, la secretaria de Acción Social de CCOO Catalunya, Cristina Torre, alerta en un primer momento de los efectos de la crisis económica de hace más de una década, que la reforma laboral de 2012 ha extendido en el tiempo. "Ha permitido la modalidad de empresas multiservicio, que han generado los convenios empresariales. Nosotros creemos que el convenio sectorial siempre debe tener prioridad para evitar desigualdades", argumenta la sindicalista.

Torre también lamenta que la reforma laboral sólo haya traído "una devaluación y precarización de los sueldos de los trabajadores". La responsable sindical atribuye la espiral de conflictividad laboral a un supuesto mensaje de recuperación económica, que llega en un momento con una crisis de suministro de las materias primas y unas cadenas de subcontrataciones más amplias, con las que los sindicatos deben luchar.

Devaluación salarial

Este año, con la reactivación de la actividad económica después del año pandémico, Torre admite que son los 'tiempos' de la negociación colectiva, caracterizados por las tensiones salariales entre empresas y sindicatos y las presiones de los calendarios, los que también inciden en ese incremento de la conflictividad laboral.

Una visión similar le aporta la secretaria de Política Sindical de UGT Catalunya, Núria Gilgado: "Es la hora de recuperar todo lo que hemos destrozado, empezando por los trabajadores esenciales, los que más han sufrido con la pandemia, pero también los que más poder adquisitivo han perdido".

En un contexto de una inflación desbocada, donde el IPC interanual de Catalunya se situó en noviembre en el 5,1%, Gilgado recuerda que el porcentaje medio de subidas de sueldos pactadas este año en los convenios colectivos ha sido del 1,7%. "Después de haber ayudado a las empresas en el momento más profundo de la crisis, ahora toca que éstas muestren su responsabilidad social, cediendo parte de sus beneficios a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores", añade la sindicalista.

Además, aludiendo al vacío que deja la marcha de Nissan, Gilgado reprocha al Govern de la Generalitat que no esté acompañando con hechos y actuaciones, como inversiones a través de los presupuestos, su apuesta por una nueva industrialización. "Parecemos condenados a repetir un modelo basado en el sector servicios y sustentado en el turismo", comenta.

Uno de los remedios que propone UGT Catalunya es suprimir en algunos ámbitos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, que ha llegado a devaluar los salarios hasta un 40% en personas que están realizando el mismo trabajo, contratadas por empresas diferentes.

Riesgo de pobreza

Como herencia de la reforma laboral, Gilgado pone el foco en una recuperación del empleo precario, basada en la contratación a tiempo parcial. En este sentido, alerta de que un 12% de los catalanes que tienen trabajo se encuentran igualmente en riesgo de pobreza.

Por eso, insta a recuperar la figura de la autorización administrativa para presentar un ERE, una medida que también sepultó la reforma laboral. La responsable sindical rechaza las recetas patronales que, frente al incremento de los precios, proponen moderar sueldos. "La recuperación económica no se producirá sin un aumento de los salarios, ya que todavía nos encontramos seis puntos por debajo en promedio salarial que en 2012", comenta.

En relación con la intervención de la Administración cuando las empresas presentan un ERE, Gilgado explica que si esta opción se hubiera eliminado, Nissan nunca habría podido abandonar Catalunya.