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Devolución exprés de migrantes Marruecos condena a dos meses de cárcel a 18 de los 116 migrantes que le devolvió España tras saltar la valla de Ceuta

El tribunal les ha impuesto una multa de unos 50 euros. Se les acusaba de inmigración irregular, de violencia contra las fuerzas de seguridad marroquíes y de usar identidades falsas; delitos penales que podrían conllevar entre dos y tres años de cárcel. La defensa recurrirá la condena y critica que ni España ni Marruecos han actuado correctamente en este caso.

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Varios migrantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, tras conseguir traspasar la valla fronteriza el pasado agosto.- EFE

El Tribunal de Primera Instancia de Tetuán (Marruecos) ha condenado a dos meses de prisión a 18 de los 116 migrantes que fueron devueltos a Marruecos por el Gobierno español el pasado 24 de agosto, apenas 24 horas después de que lograran cruzar la valla fronteriza con Ceuta.

El juicio se celebró el pasado lunes por la mañana y el juez emitió el veredicto a las 18.00 horas del mismo día, según ha informado a Público la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que junto con la organización marroquí Manos Solidarias, ha proporcionado un abogado defensor para los acusados. El juez también ha impuesto a los migrantes, de origen subsahariano, una multa de 500 dirhams marroquíes (unos 45 euros).

Según explica Ahmed Kalifa, jurista y presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, las penas impuestas han sido las más leves posibles, ya que los migrantes estaban acusados de delitos graves que podían suponer condenas de entre dos y tres años de prisión. En concreto, se les acusaba de inmigración irregular, violencia contra las fuerzas de seguridad marroquíes y uso de identidades falsas. Los 18 migrantes ya se encuentran en prisión en Tetuán, según fuentes de su defensa, que aseguran que recurrirán la sentencia ante el Tribunal de Segunda Instancia en los próximos días.

Aunque inicialmente se llevó ante los tribunales a 20 de los migrantes, uno de ellos quedó en libertad por ser menor de edad. Otro de los procesados, a diferencia de los 18 condenados, estaba acusado de difamación y desprestigio de las autoridades públicas. Su juicio ha sido aplazado por falta de intérprete, según informan a Público fuentes de su defensa. 

"El primer día que pasaron a disposición judicial no tenían ningún abogado"

Aunque considera "injusta" la condena, Kalifa se felicita de que haber logrado que, por segunda vez, un grupo de migrantes que ha intentado cruzar la valla fronteriza tenga un abogado defensor en una corte marroquí. "Lo hicimos ya el año pasado y ahora lo hemos vuelto a hacer, hemos logrado que el juicio sea un poco más justo y que los migrantes tengan la posibilidad de que alguien defienda sus derechos. El primer día que pasaron a disposición judicial no tenían ningún abogado", añade. Entre otras cosas, la defensa consiguió que el juicio se aplazara dos semanas, ya que no se habían proporcionado traductores para los acusados.

Kalifa destaca que juicios como este no son muy corrientes en Marruecos. "Cuando se realizan devoluciones en caliente en las vallas, normalmente se coge a los migrantes y se les deja pasar sin más porque son demasiados. El año pasado hubo algún juicio y ahora, con esta devolución exprés de España, se han producido estas 20 acusaciones", remarca el presidente de la asociación.

"España tiene mucho que ver en este juicio"

Afirma que "España tiene que mucho que ver" en el juicio a estas personas, ya que la devolución se produjo en base al acuerdo bilateral que España y Marruecos firmaron en 1992 relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entradas ilegalmente. Se trata de un acuerdo que sólo se ha aplicado en contadas ocasiones pero al que se aferró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para lograr la devolución exprés del pasado agosto, una decisión que desató las críticas de numerosas ONG por, entre otros aspectos, la rapidez con las que se llevaron a cabo las devoluciones y la dudosa existencia de una asistencia letrada efectiva.

"Ni Marruecos ni España han actuado correctamente", afirma la defensa de los migrantes

Kalifa asegura que este acuerdo de 1992 "no contempla la posibilidad de juzgar en Marruecos a los inmigrantes retornados", sino que Marruecos, tras aceptarlos, "debe devolverlos lo antes posible a sus países de origen o a los países desde los que han accedido a Marruecos, que suelen ser Argelia o Mauritania. El juicio no cabe como posibilidad", recalca. Al mismo tiempo, el presidente de la organización afirma que la identificación de los migrantes devueltos que realizó la Policía Nacional en Ceuta fue "un cachondeo" ya que considera que "identificar correctamente a 116 personas en una noche es imposible".

"Ni Marruecos ni España han actuado correctamente en este caso. Los abogados de oficio que estuvieron presente durante el procedimiento de devolución se enteraron al día siguiente, por la prensa, de que ya habían sido trasladados a Marruecos. Por lo tanto, no hubo una asistencia letrada. Si acaso pudo haber presencia letrada", critica. Por estas razones, entre otras, la defensa presentará un recurso a las 18 condenas en un plazo de diez días.

Sin noticias del resto de migrantes devueltos

Desde la organización aseguran que no tienen noticias de los otros 96 migrantes que fueron devueltos a las pocas horas de haber entrado en Ceuta. Por el momento no han sido procesados ni juzgados por los mismos hechos a estos 20 condenados. Desde las organizaciones de apoyo a los migrantes barajan la posibilidad de que hayan sido trasladados forzosamente a zonas del sur del país, una práctica que Marruecos ha intensificado en los últimos meses junto a redadas y detenciones arbitrarias en zonas y barrios donde reside la población migrante en las provincias norteñas de Tánger, Nador y Tetuán, cercanas a las fronteras españolas. Desde estos lugares los migrantes intentar llegar a España por vía marítima o a través de las vallas de Ceuta y Melilla. Las redadas han sido tildadas por Amnistía Internacional de "crueles e ilegítimas" y, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), habrían afectado a más de 5.000 personas migrantes desde el pasado julio.

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