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EEUU La pena de muerte en Florida se aplica de forma intransigente y con criterios arbitrarios

Amnistía Internacional denuncia en un informe que "a pesar de que su legislación sobre la imposición de la pena capital fue declarada inconstitucional hace dos años, Florida sigue siendo el segundo estado con mayor número de personas condenadas a muerte del país".

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Movilización contra la pena de muerte - EFE

La pena de muerte en Florida (Estados Unidos) está lejos de abolirse ya que actualmente es el cuarto estado con mayor número de ejecuciones llevadas a cabo en el país desde 1976. “Mientras varios estados del país se han adherido recientemente a la abolición, Florida sigue siendo un defensor intransigente de la pena de muerte”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el informe que ha elaborado la ONG, llamado Darkness visible in the Sunshine State: The death penalty in Florida, se analiza el “lado oscuro” del Estado del sol ya que tiene el segundo corredor de la muerte más grande de los Estados Unidos.

El caso de Timothy Hurst

En 2016 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la máxima autoridad en el país, determinó que un preso del estado de Florida solo puede ser condenado a muerte si los doce miembros del jurado recomiendan de manera unánime esta pena. Esta decisión se tomó tras el recurso que presentó la defensa de Timothy Lee Hurst, sentenciado a muerte en 2000 por el asesinato de la gerente del restaurante donde este trabajaba, ya que entonces el jurado se mostró dividido, con 7 votos a favor de recomendar la pena de muerte y 5 en contra, mientras que el juez se decantó por una sentencia de muerte contra Hurst.

“A pesar de que su legislación sobre la imposición de la pena capital fue declarada inconstitucional hace dos años, Florida sigue siendo el segundo estado con mayor número de personas condenadas a muerte del país. Su respuesta a esa decisión judicial ha consistido en cerrarse en banda y defender lo indefendible, incluida la ejecución de personas con discapacidad mental e intelectual”, añade Guevara-Rosas.

Un ejemplo de ello es el caso de Matthew Marshall, condenado a muerte por un asesinato cometido en 1988, cuando tenía 24 años de edad. “El jurado votó por unanimidad en favor de la cadena perpetua, pero el juez anuló su decisión y lo condenó a muerte. Aunque este tipo de anulaciones están ahora prohibidas en Florida como consecuencia de la causa Hurst, se ha determinado que Marshall no tiene derecho a la aplicación de la sentencia con carácter retroactivo”, explican en el informe de Amnistía Internacional.

Arbitrariedad en las condenas

A lo largo del informe se denuncia “la arbitrariedad que afecta a las personas condenadas a muerte, mostrando que unas se benefician de la sentencia y otras no, a menudo simplemente por cuestión de fechas”.

También se quiere destacar que “de las 96 ejecuciones llevadas a cabo en el estado desde 1976, 20 han sido de personas negras declaradas culpables de matar a personas blancas, mientras que ninguna persona blanca ha sido ejecutada en Florida por matar únicamente a una persona negra”.

Penas de muerte a personas con enfermedades mentales

“Durante los últimos 40 años, Florida ha aplicado la pena de muerte contra personas con graves enfermedades mentales”, expone la ONG en el documento. En 2012 Bill Marquardt, que sufría esquizofrenia paranoide, fue condenado a muerte por dos asesinatos pese a que en anteriores juicios se le encontró incompetente para continuar un proceso judicial.

“El derecho internacional y las normas sobre el uso de la pena de muerte sostienen que no se puede aplicar este tipo de condena a las personas con discapacidad mental (psicosocial) o discapacidad intelectual”, recuerdan en el informe que repasa varios casos en los que se ha realizado esta práctica.