El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda para la devolución del Pazo de Meirás interpuesta por el Estado, al que declara propietario del inmueble, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). También condena a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

En relación a este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo "del Caudillo" para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado", añade respaldando los argumentos de los demandantes y rechazando los de la parte demandada.

Alegaciones de los Franco

Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, "no se comparten", dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación "no arroja dudas", pues todos se refieren "al caudillo".

En el fundamento de derecho tercero de la resolución, la jueza concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una "simulación", lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

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En relación a este extremo, afirma la magistrada que no se acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de "ficción" llevada a cabo "con el solo objeto de poner el bien a su nombre".

"Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938".

"El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista, Manuela Esteban Collantes y Sandoval, ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra", se subraya en la resolución.

Una larga lucha

La cuestión de a quién pertenece el Pazo de Meirás, si a la familia Franco o al Estado, lleva años en entredicho. En la causa, figuran como intervinientes junto a la Abogacía del Estado y piden la recuperación de la propiedad: la Xunta de Galicia, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada (donde se ubica el pazo) y A Coruña. Se han personado a seis familiares de Franco y a una sociedad mercantil.

El Gobierno bipartito del BNG y PSdeG-PSOE en 2008 lo declaró bien de interés cultural (BIC). En 2017 el Parlamento gallego pidió la creación de una comisión de expertos para valorar la adhesión al dominio público y después se hizo una apelación al Gobierno central para que se pusiese manos a la obra para poder recuperarlo.

La familia recurrirá

La familia Franco recurrirá la sentencia. Según su abogado, Luis Felipe Utrera, la resolución adolece de errores y evita rebatir los argumentos fundamentales esgrimidos por la familia del dictador para retener la posesión. No obstante, entiende que los Franco no deben abandonar el inmueble hasta que haya una resolución judicial firme. 

En declaraciones a Europa Press, el letrado ha señalado su intención de recurrir pese a admitir que aún le falta realizar un estudio pormenorizado de la resolución, que tiene 400 páginas, y que además de ordenar la devolución del pazo dictamina que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

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"Desde el punto de vista jurídico, no puedo estar más en desacuerdo con la sentencia, que a falta de una lectura en profundidad parece que evita rebatir los argumentos fundamentales de la contestación a la demanda -ha afirmado el abogado-. A veces uno piensa que ni siquiera se ha leído la contestación a la demanda." A su juicio, la resolución es "técnicamente deficiente".

Utrera también critica que la resolución de por probados todos los hechos contenidos en un libro sobre el Pazo de Meirás escrito dos militantes del Bloque Nacionalista Gallego que declararon claramente su antifranquismo. "Evidentemente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las instancias superiores resuelvan en derecho", ha añadido.

El letrado ha dicho sentirse "muy decepcionado" porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable "pero no ha sido así", según ha manifestado, para añadir que la familia no se esperaba esta respuesta por parte de la Justicia.