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La Fiscalía pide 21 meses de prisión por daños al mar Menor para dos altos cargos del Gobierno de Murcia

El Ministerio Público pide que el exconsejero de Agricultura y el excomisario de Aguas queden inhabilitados para el ejercicio de cargo público, pues considera que ambos eran conscientes de lo que ocurría pero no hicieron nada para remediar la situación.

07/10/2021 Una concentración en defensa del Mar Menor en octubre de 2021
Una concentración en defensa del Mar Menor en octubre de 2021. Edu Botella / Europa Press

La investigación del deterioro del mar Menor — el caso Topillo— continúa su curso y la Fiscalía de Medio Ambiente, liderada por Miguel de Mata, ha pedido una pena de 21 meses de prisión y una multa de 16 meses con una cuota de 12 euros al día para el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer. 

Además, el Ministerio Público solicita que ambos queden inhabilitados para el ejercicio de cargo público, así como del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. 

Desde la Fiscalía consideran que Cerdá "en realidad" no trató de controlar el vertido de fertilizantes nitrogenados al mar, puesto que "se limitó a establecer una previsión formal pero siendo consciente de su falta de operatividad", de tal manera que estaba "frustrando así el objetivo de la norma".

Sobre Aldeguer, el fiscal considera que, a pesar de que "durante años" supo de la "existencia de numerosas desaladoras funcionando sin autorización" y que estas estaban conectadas por un "salmueroconducto que vertía directamente al Mar Menor, no adoptó decisión alguna para su inspección, sanción y desmantelamiento". Por lo tanto, concluye, consintió "una situación de ilegalidad y falta de control de los vertidos".

Niveles de nitratos que "sobrepasan con claridad" el límite

La Fiscalía también contempla penas para las empresas agrícolas que están siendo investigadas. Estas van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, unidos a una asunción de responsabilidades civiles que alcanzan los 1,4 millones de euros.

El Ministerio Público considera que el "incremento severo" de los niveles de nitratos en los suelos y acuíferos vienen dados no sólo por el incremento "masivo" de la superficie a regar, sino que también el "uso generalizado de abonos nitrogenados".

Los niveles de nitratos alcanzados "sobrepasan con claridad el límite fijado por la normativa como cantidad máxima admisible". Además, un excedente de estos nitratos "han terminado depositados en el Mar Menor, a través de varias vías", apostilla el fiscal.

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