La asociación Hablamos Español, que promueve una iniciativa legislativa popular (ILP) para “defender los derechos de los hispanoablantes” en las comunidades españolas con más de una lengua oficial, ha denunciado ante la Fiscalía a un grupo de personas que protestaron el pasado sábado por la recogida de firmas que realizaban en la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

Hablamos Español había convocado a la ciudadanía a apoyar su ILP mediante un cartel en el que no figuraba el topónimo oficial de la villa, sino el castellanizado “Sangenjo”. Una treintena de personas, al ritmo de gaitas y panderetas, se concentraron junto a la mesa de recogida y, según los portavoces de la asociación, increparon a sus miembros y a los paseantes que se acercaron a firmar.

“Eran una panda de fanáticos que buscaban que hubiera una mala reacción de nuestra parte, pero estamos acostumbrados a estas cosas y no van a conseguirlo”, asegura Gloria Lago, presidenta de la organización.

Lago es una filóloga viguesa que desde hace once años preside también Galicia Bilingüe, una asociación creada en el año 2007 para enfrentarse a la decisión de la Xunta, entonces gobernada por el PSOE y el BNG, de implantar un modelo educativo que garantizara que al menos la mitad de las horas lectivas en Infantil y Primaria se impartieran en gallego.

Gente se agolpa en la mesa donde se recogieron firmas a favor de castellanizar Sanxenxo.

La lucha contra ese sistema fue también uno de los argumentos de la oposición del PP al Gobierno bipartito y de la campaña que llevó a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta en el 2009. Tras ganar aquellas elecciones, una de las primeras medidas que tomó fue desmontar ese modelo. Posteriormente, Galicia Bilingüe se apartó del PP, al que acusa ahora de “aplaudir el sistema lingüístico de los nacionalistas”.

Hablemos Español asegura que “cada vez son más las comunidades autónomas donde no se puede estudiar en español”, aunque lo cierto eso no sucede en Galicia. “Nuestra lengua”, añaden, “desaparece de los edificios autonómicos y locales, de la sanidad, de las campañas institucionales, de los documentos, impresos, boletines, y también de la cultura. Hasta el momento eran Catalunya, Galicia, Baleares y el País Vasco las perjudicadas, pero ahora se suma también la Comunidad Valenciana a la lista de lugares de España donde la imposición lingüística se acelera”.

A principios del pasado mes de junio, Hablamos Español se manifestó en Valencia, donde también han denunciado al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís, por permitir un acto público en la misma plaza donde estaba previsto que acabara aquella marcha. Hablamos Español también se ha querellado por un delito de odio e incitación a la violencia contra un tuitero que insultó gravemente a varios de sus miembros, y ha denunciado ante el Ministerio de Educación y Cultura a un juez de atletismo que dio en euskera la salida de una prueba de unos campeonatos celebrados en Vitoria el mes pasado.

Manifestación en Valencia.

Lago explica que la iniciativa legislativa pretende garantizar la libre elección de lengua vehicular en la educación, recuperar el bilingüismo en la administración autonómica, no exigir el conocimiento de una lengua cooficial para optar a un puesto en la función pública, no primar las subvenciones culturales para el uso de esos idiomas, y “que los topónimos prohibidos en español vuelvan a ser oficiales”.

Entre ellos figura “Sangenjo”, una traducción al castellano del Sanxenxo original que algunos lingüistas consideran errada. Sanxenxo proviene de la forma original San Xens, por lo que, según esa tesis, su traslación al español debería ser, en todo caso, “San Ginés”. En 1983, la Lei de Normalización Lingüística del Parlamento de Galicia recuperó la denominación oficial en gallego de la villa, aunque recientemente la Real Academia Española abrió de nuevo la polémica con un tuit en el que recomendaba, “fuera de usos oficiales”, recuperar “la forma tradicional española del topónimo, que es ‘Sanjenjo’”. Así, con dos jotas.

“El topónimo más antiguo que se conoce, que es el del censo del año 1983, es ese”, asegura Gloria Lago. “Lo mismo que quienes hablan en gallego también utilizan ‘Xaén’, ‘Xixón’ y ‘Badaxoz’, cuando hablamos en español utilizamos el término castellano”, recuerda la presidenta de Hablamos Español, quien, sin embargo, reconoce que en su denuncia ante la Fiscalía utilizaron el término oficial. “Sanxenxo, sí, pero en cursiva. Soy filóloga y me niego a escribir mal”.

La discriminación de los gallegoparlantes

En Galicia, los defensores del gallego sostienen que la situación real de las dos lenguas oficiales en la comunidad dista mucho de ser la que describe Lago, y subrayan que la discriminación no la sufren los hispanoablantes, sino los gallegoparlantes. Entre otras circunstancias, recuerdan que no hay ni un sólo colegio público donde se pueda estudiar en gallego en toda la comunidad; sólo un 5% de los jueces dictan sentencias y autos en esa lengua, que no tienen la obligación de conocer; no existe ni un sólo periódico en gallego frente a la docena de cabeceras que se tiran en castellano, a pesar de que éstas reciben ayudas millonarias de la Xunta para promover el gallego; y apenas un 4,6% de la programación infantil de las cadenas que llegan a la comunidad emplea el idioma cooficial.

“Y aún encima nos quieren vender que la situación es al revés”, dice Marcos Maceira, presidente de la Mesa. Un informe de su organización afirma que desde que se implantó el modelo lingüístico del PP, apenas un 20% de los colegios de las ciudades de más de 50.000 habitantes imparten la mitad de las horas lectivas en cada una de las dos lenguas, y que un 73% lo hace sólo o mayoritariamente en castellano.

Otro informe de la Real Academia Galega (RAG) publicado el pasado invierno sostiene una opinión parecida. “Las generaciones más jóvenes están protagonizando un proceso acelerado de monolingüización en castellano”, afirma el estudio, que alertaba de que “uno de los problemas fundamentales de la lengua gallega (...)es la interrupción de la transmisión lingüística junto con la pérdida de espacios de uso que representa la monolingüización en castellano de las principales áreas urbanas”. Pese a ello, según la RAG, el gallego es la lengua materna del 44,7% de los gallegos, frente al 23,6% del español. Un 30,7% declara manejarse indistintamente en los dos idiomas.