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Galicia La Xunta incumple los plazos de citas médicas para derivar pacientes a la privada

Las clínicas privadas han facturado a la Administración pública en Galicia más de 600 millones de euros en los últimos tres años. Médicos, asociaciones de pacientes, sindicatos y organizaciones políticas denuncian el negocio.

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Personal sanitario en un quirófano. EFE / Archivo

La Xunta te da cita para una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica saltándose los plazos legales de espera que ella misma se ha impuesto. Y acto seguido te llama para decirte que lo que ella no puede hacer, sí pueden hacerlo en un hospital privado, al que está dispuesta a abonarle lo que cueste atenderte en las mismas condiciones. Si aceptas, lo hacen en pocas semanas, en días, incluso. Si no, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) entiende que has rechazado la solución a tu problema y te excluye de las listas de espera. Una oferta que nadie puede rechazar.

Este es el sistema mediante el que el Servicio Galego de Saúde hace “de comercial” de la sanidad privada, según denuncian médicos, asociaciones de pacientes, sindicatos y organizaciones políticas. Esas clínicas han facturado a la Administración pública en Galicia más de 600 millones de euros en los últimos tres años.

A Miguel Moreno Alegría lo operaron de una enfermedad ósea en enero del 2015. Había empezado a notar los síntomas unos meses antes: un dolor insoportable en la muñeca derecha y tanta debilidad en la articulación que las cosas se le caían de las manos. Fue a su médico de cabecera y luego al especialista. No era grave, pero tenía que operarse. El Sergas le advirtió de que iban a tardar, y le indicó que podían derivarlo a un centro privado.

Miguel aceptó. Le llamaron de una clínica de Santiago apenas una semana después. La intervención fue correcta y solucionó su enfermedad, pero la experiencia no le gustó nada: “Parecía un quirófano de campaña, de hecho eran varios quirófanos separados por cortinas en una sala de curas. En la habitación de espera había una veintena de pacientes y acompañantes, donde coincidíamos los que aguardábamos para operarnos y los que ya habían sido intervenidos”.

“Entrabas, te ponían la anestesia local, te operaban en veinte minutos y te devolvían a la misma sala, con ese pijama de papel que ni siquiera te tapa el culo. Porque no había sala de reanimación postoperatoria. Me tuvieron allí otros veinte minutos, hasta que me dijeron que si me encontraba bien, podía irme a casa”.

Meses después, a Miguel se le reprodujeron los síntomas, ahora en la mano izquierda. Le dijeron que tenía que operarse de nuevo y el Sergas se lo advirtió de nuevo: si no quería esperar, lo derivaban a un centro privado. Esta vez dijo que no. Que con sus impuestos financia la sanidad pública y que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta para comprobar cuánta demora acumula el sistema para intervenciones tan aparentemente sencillas como la suya.

La espera duró un año. Así que en febrero del 2017 dirigió una queja al Sergas indicando que su situación había empeorado y que los dolores en la mano ni siquiera le dejaban dormir. Le contestaron que era su problema. Meses después volvieron a ofrecerle que se operase en la misma clínica, pero él siguió en sus trece. Eso fue en la primavera del 2017. La Xunta tardó seis meses más en darle cita en un hospital de la red pública.

“Me ingresaron con una cama para mí dos horas antes de la intervención, vino el anestesista, revisó mi expediente y me hizo pruebas. El quirófano era individual, había un equipo de seis o siete personas y me operaron con una técnica que no me dejó cicatriz en la mano izquierda como la que sí tengo en la derecha. Luego me encamaron y me llevaron a una sala de reanimación. No me dieron el alta hasta seis horas después, cuando estuvieron seguros de que todo había ido bien”.

En el año 2005, la Xunta emitió un decreto por el que garantizaba que cualquier intervención quirúrgica no podía demorarse más de 180 días desde que el médico la prescribía, y que permitía a los pacientes buscarse por su cuenta un centro privado si transcurridos 140 días no eran atendidos.

En el 2013, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo promulgó otra ley que reducía aún más esos plazos máximos garantizados: sesenta días para intervenciones quirúrgicas no urgentes, 45 días para consultas de especialista y otros tantos para primeras pruebas diagnósticas y terapéuticas.

En septiembre del año pasado, una nueva reforma sanitaria suscribió esas condiciones: “Si, comprobada la espera prevista en el centro hospitalario que le corresponda al paciente, aquella supera el tiempo máximo garantizado, el Sergas le ofertará la realización de la prestación en otro centro del sistema público de salud de Galicia o en un centro concertado. La oferta en el centro concertado sólo se podrá realizar cuando no exista una alternativa en un centro de carácter público”, indica la norma.

“Parece una garantía para los pacientes. Un avance. Pero es mentira. Porque lo que hace el Sergas es dejar que corran esos plazos para que no te quede más remedio que aceptar que te deriven a un centro privado”, afirma Miguel. En su queja al Sergas, pedía expresamente que le contestaran cuántas operaciones como la suya se hicieron en los hospitales públicos gallegos el mismo día en que a él le operaron en uno privado, para saber si de verdad no había otra alternativa en ninguno de los 34 centros de la red pública, como establece la ley. El Sergas no le respondió.

“Lo que están haciendo es nutrir el negocio de los hospitales privados. Feijóo dice que está invirtiendo en la sanidad pública, pero lo que está haciendo en realidad es dejarla sin los medios humanos y materiales necesarios para atender a los pacientes en el plazo que la propia Xunta se ha impuesto, para destinar ese dinero del presupuesto público de sanidad a las empresas privadas. Es una privatización encubierta”, asegura un médico de atención primaria de un centro rural, quien, como tantos otros, denuncia que el Sergas ni siquiera cubre las bajas por jubilación, enfermedad o vacaciones del personal sanitario en los puntos de atención continuada.

Este verano, él ha llegado a tener varios días en su agenda más de cuarenta citas de enfermos en una mañana, porque tuvo que hacerse cargo de los pacientes de los compañeros que se fueron de vacaciones. Y eso que trabaja en un pueblo de 5.000 habitantes. Hace dos meses, un hombre murió en un punto de atención continuada de A Estrada (Pontevedra, 20.000 almas) en el que no había médicos para atenderlo.

El galeno anterior dispone de medio centenar de ejemplos de enfermos de su ambulatorio a los que el Sergas les da cita incumpliendo los plazos legales y a los que, al poco tiempo, la Xunta los llama para ofrecerles atención en un centro privado.

Público ha tenido acceso a esos expedientes: una paciente con un quiste en la rodilla que tuvo que esperar más de un año para obtener tratamiento porque el Sergas tardó diez meses en hacerle una radiografía. Otra persona que padecía una alarmante debilidad acompañada de pérdida de masa muscular y que tuvo que esperar once meses para una electromiografía -la prueba que podía determinar la salud de sus músculos y de las neuronas que los controlan-. Un niño de cuatro años aquejado de un bulto en la ingle, cuyo médico pidió una ecografía en agosto del 2017 que no le hicieron hasta enero del año siguiente. Un hombre que acudió al ambulatorio con un problema grave de espalda en otoño del 2016, y que esperó un año a que lo derivaran a una clínica privada para hacerle una resonancia magnética cuyos resultados aún no conoce. En el verano del 2017 le dieron cita cita para el otoño del 2018.

“Lo peor es la incertidumbre. Si tu problema es grave y te dicen que tienes que esperar un año para saber si tienes cáncer, es difícil rechazar la oferta”, cuenta Xoán San Gil. Él lo hizo, porque dice que cree en la sanidad pública. Y que además, para eso la paga. Tiene diecinueve años y su padre murió a causa de un tumor cuyos síntomas, incluyendo sangrados, él empezó a sentir a mediados del 2017.

Una sencilla prueba habría descartado que se trataba de un tumor maligno, pero el Sergas le dio cita para seis meses después. Reclamó y pudo adelantarla a tres meses, también fuera de plazo. Tras varios meses de quejas y disputas, hasta febrero pasado no supo que no tenía cáncer. “Conozco muchos casos parecidos. Pero la gente no se atreve a denunciarlos, porque este es un pueblo pequeño y aquí hasta el alcalde te llama y te amenaza. Vivimos en una democracia entre comillas, donde pervive el mismo miedo que había durante la dictadura”, subraya Xoán.

Su nombre, como el de Miguel Moreno Alegría, es una alias para proteger su identidad. Pero las asociaciones que defienden la sanidad pública confirman que los retrasos y las esperas por falta de medios que muestran casos como los suyos son la norma en la sanidad gallega. Explican que se trata de un problema generalizado en toda la comunidad, y que la Xunta no le pone remedio porque así beneficia a las empresas de la sanidad privada.

“Feijóo está haciendo de comercial de esas compañías. Es el propio Sergas el que les hace el trabajo llamando a los pacientes para decirles que no tienen que esperar meses para las consultas, las pruebas diagnósticas y las operaciones que necesitan, porque en los hospitales privados se las hacen a la semana siguiente. Y lo que es peor, tenemos decenas de casos de enfermos que se niegan a que los traten en esos centros cuyos expedientes se meten en un buzón hasta que se pudren”, asegura el doctor Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública.

La portavoz de Sanidade de En Marea en el Parlamento de Galicia y coordinadora nacional de Esquerda Unida- Izquierda Unida, Eva Solla, advierte además de que esa práctica camufla las listas reales de espera: “Algunos cálculos estiman que son el triple de los que dice la Xunta. Porque además, en el caso de las consultas de especialista, los plazos garantizados son sólo para las primeras consultas. Las personas que esperan tiempos exagerados por una segunda o una tercera son muchas más”, señala.

La Administración autonómica, sin embargo, asegura que todo es mentira: “El Sergas no desvió a ningún paciente a centros concertados para cumplir los supuestos del decreto de tiempos máximos de la ley de garantías, todos fueron atendidos en centros públicos del Sergas”, mantienen fuentes de la Consellería de Sanidade, que dirige Jesús Vázquez Almuiña.

El propio Feijóo dijo eso mismo la semana pasada en el Parlamento. Y suena contundente, pero tiene truco: la ley del 2013 que garantizaba aquellos plazos garantizados no desarrolló reglamentariamente las condiciones de la deriva de pacientes a la sanidad privada hasta casi cinco años después.

La treta que emplea el Sergas, además, ni siquiera se sostiene con las cifras en la mano. Porque en todo ese tiempo los casos como el de Miguel Moreno Alegría se cuentan a miles. Si no fuera así, no tendría sentido que el Sergas destinara cada año más de 200 millones de euros a los conciertos con los hospitales privados.

Según un informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), las comunidades autónomas españolas pagan cada año a los hospitales privados más de 5.700 millones de euros por enviarles pacientes que deberían ser tratados por el sistema público. Siguiendo el informe de la FADSP, la Xunta abonará este año por ese concepto alrededor de 206 millones de euros.

La Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal), que integra a doce centros que agrupan el 80% de las camas privadas de la comunidad, recuerda que la última cifra de la que dispone son los alrededor de 205 millones de euros del 2015, desglosados de la siguiente forma: 133,7 millones para los hospitales privados, 25,6 millones para los centros de hemodiálisis,  25 millones para los servicios de ambulancia y otros 20 millones para otros centros de diagnóstico y tratamiento.

Ahosgal defiende que los ingresos por conciertos de los centros que agrupa la asociación apenas suman el 5,5% del presupuesto sanitario de Galicia. Pero lo cierto es que el dinero que la Xunta destina a concertar con entidades privadas la prestación de servicios sanitarios equivale al 65% de los 316 millones del volumen de negocio anual de esos doce hospitales y representa el 39,4% de esa cantidad. Y hay quien opina que es inversión debería redirigirse a la sanidad pública.

Entre quienes así piensan está la Asociación de Pacientes e Usuarios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a cuya cabeza está Eloína Núñez Masid, prima del presidente de la Xunta. Esa organización se ha hecho eco del testimonio de otro paciente, que el pasado 24 de abril solicitó cita para un otorrino por una patología de oído que no podían diagnosticarle por un tapón de cera en el oído. No volverán a verle hasta dentro de un par de meses, y además tendrá que pagarse de su bolsillo el tratamiento porque estña fuera de la cartera de servicios del Sergas.

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