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Generalitat valenciana Ordenan al ocupante de la isla de Benidorm que cese los vertidos tóxicos mientras ajustan sanciones

Medio Ambiente ordena al ocupante de la Isla de Benidorm el cese de vertidos desde su restaurante ilegal mientras concluye el expediente sancionador, lo que impedirá la normal actividad del establecimiento.

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Ordenan al ocupante de la isla de Benidorm que cese los vertidos tóxicos mientras ajustan sanciones

Después de 50 años vertiendo aguas negras al mar, la Administración autonómica valenciana empieza a poner coto progresivamente a los comportamientos incívicos de los ocupantes de la Isla de Benidorm.

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana comunicó el pasado martes 27 de marzo, vía registro, al titular del complejo hostelero ilegal de la Isla, José Cervera Rodríguez, que “como medida provisional proceda a la paralización inmediata de los vertidos de aguas residuales al mar por no estar autorizado para ello, de acuerdo con la Ley de Costas”, según ha sabido diario Público de fuentes de máxima solvencia de la Generalitat Valenciana.

Esta actuación, que ha sido llevada a cabo por los servicios territoriales de Alicante de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente y, en concreto, por la Dirección General de Aguas, “es una medida cautelar previa a la conclusión del expediente sancionador abierto por la Generalitat Valenciana el pasado 13 de enero contra los ocupantes de la isla, por prácticas contrarias a la integridad medioambiental del Parc Natural de Serra Gelada, del que forma parte la Isla de Benidorm”, tras las denuncias realizadas ante los tribunales de Justicia y la Administración por asociaciones de actividades náuticas y ecologistas desde 2014, además de las realizadas de oficio por los responsables de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.

"El impedimento legal de realizar nuevos vertidos conlleva además sanciones y la actuación de las fuerzas de seguridad"

Según informaciones a las que ha tenido acceso este diario, “el impedimento legal de realizar nuevos vertidos, según recoge la Ley de Costas (art 211 y siguientes), conlleva además sanciones y la actuación disuasoria de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento”.

En este sentido, se ha dado traslado a la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, a la Policía Autonómica y a los técnicos y guardas medioambientales adscritos al Parc Natural de Serra Gelada, las oportunas directrices para que velen por el cumplimiento por parte de la familia Cervera de esta medida cautelar, tal y como recoge artículo 212 de la Ley de Costas, con relación a la “colaboración de la fuerza pública y el incumplimiento de la orden de paralización”. Esta medida preventiva adoptada por la administración autonómica valenciana se produce ante la inminente conclusión del expediente en un plazo o determinado, pero que podría rondar los dos meses.

El restaurante de la Isla no podrá funcionar con normalidad

Tal medida imposibilita de facto la actividad convencional del restaurante, ya que no podrá hacer uso de agua corriente del mar, lo que imposibilita tareas de limpieza y saneamiento. El restaurante, denominado L’Illa, fue calificado como ilegal por el Ministerio de Agricultura, Costas y Medio Ambiente, así como por el propio Ayuntamiento de Benidorm que, finalmente ha tenido que reconocer ante los requerimientos del propio del Gobierno de España, que nunca han concedido licencia de apertura ni de ningún otro tipo al restaurante de la Isla de Benidorm, regentado por la familia Cervera desde 1967, tras meses negándose a facilitar tal información ni a la Policía Autonómica ni a la Guardia Civil, manteniendo una actitud pasiva.

En este sentido la medida adoptada inhabilita al establecimiento a seguir funcionando como hasta ahora. “Ya no podrán usar el agua del mar para uso en el restaurante, no podrán realizar vertidos de aguas tóxicas con detergentes (ni biodegradables, ni anti grasas) procedentes de lavadoras o lavavajillas, ni tampoco evacuar los vertidos fecales procedentes de los inodoros públicos y privados del restaurante, que deberán quedar inutilizados para su uso”, según fuentes consultadas.

Esto obedece, según indican técnicos consultados, “a que carecen de depósitos ni de planes homologados de tipo alguno para evacuar aguas negras, ni tan siquiera poseen una fosa séptica que, por otra parte, tampoco podrían construir, ya que están sobre un Parque Natural de especial protección y en el que tienen prohibido actuar por ley”.

"Ya no podrán usar el agua del mar para el restaurante ni podrán realizar vertidos de aguas tóxicas"

Las alegaciones presentadas por Jose Cervera Rodríguez, apoderado de la mercantil Excursiones Marítimas Benidorm, que explota la isla y las rutas turísticas de concesión pública desde 1967 sin haberse sometido nunca a concurso alguno- han sido rechazadas, según informan, por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, a cuyo frente se encuentra la ingeniera agrónoma Elena Cebrián, y también por el propio ministerio de Agricultura, Puertos y Medio Ambiente, que dirige la popular Isabel Garcia Tejerina.

Las primeras alegaciones de los abogados de la familia Cervera se produjeron en el otoño, en el desarrollo del primer expediente sancionador que, por un defecto de forma, tuvo que ser paralizado. En el segundo, iniciado en enero pasado, los argumentos de Cervera siempre han ido por la misma vía: “tengo licencia de apertura, pero no la encuentro, y el ayuntamiento tampoco la encuentra”, además de asegurar que paga cánones periódicos al consistorio de Benidorm.

El Ayuntamiento por su parte -gobernado por el PP, el mismo partido que el de la ministra Tejerina- ha negado percibir canon alguno, ni haber concedido licencia de apertura ni de actividad al restaurante de los Cervera. Solo han reconocido que el Ayuntamiento de Benidorm construyó en 1957 una caseta modesta para el guarda, que costó 25.000 pesetas, que es una pequeña parte sobre el que se ha construido el actual complejo.

La Policía Autonómica, en su informe de inspección de la isla in situ de hace ahora poco más de un año, realizado a instancias de la presidencia de la Generalitat Valenciana, ya acreditó la ausencia de toda clase de documentación que sustentara la legalidad de la actividad, encuadrada en la hostelería y la restauración, de singular vigilancia al tratarse de un establecimiento de comidas abierto al público, para lo que se requieren cumplir muchos requisitos en materia de salubridad y seguridad. Es una temeridad acceder a una casa de comidas sin las garantías sanitarias perfectamente acreditadas, tanto del local, como cocinas, inodoros y la del propio personal.

La investigación analizaba la situación legal del restaurante y las responsabilidades que sobre su protección y administración legitima competía a cada institución del Estado. Esta situación alcanzó una mayor claridad después del informe emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que zanjaba el conflicto sobe la titularidad de la isla y la titularidad de su puerto, donde calificaba al ayuntamiento de Benidorm -como entidad jurídica- y al empresario titular del restaurante como ocupantes.

"Tampoco habría quedado acreditada en modo alguno la legalidad del uso de hostelería existente"

Es más, la resolución del Ministerio de Agricultura y Medio ambiente dejo claro que los Cervera nunca habían podido tener ningún derecho sobre la isla, ni nadie podría darle autorización para nada, porque las competencias exclusivas y la propiedad de la Isla son del Estado. Al extremo que el Ministerio de Tejerina consideró al ayuntamiento de Benidorm en sus distintas etapas como un ocupante ilegal del espacio público marítimo terrestre.

En el informe del Ministerio se dice clara y meridianamente en el punto 3) párrafo tercero que “tampoco habría quedado acreditada en modo alguno la legalidad del uso de hostelería existente [Restaurante Isla de Benidorm] , ya que en ningún momento se ha aportado al expediente la necesaria licencia municipal para el desarrollo de esta actividad, ni la legalidad de la explotación del embarcadero, al no haberse aportado titulo administrativo habilitante para el uso de una instalación ubicada en el dominio público marítimo terrestre”.

Ya lo dijo Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente del PSOE y lo repitió la ministra de Rajoy en octubre pasado. Precisamente ese fue el desencadenante de la resolución actual que inició el anterior Secretario Autonómico de Medio Ambiente Julià Álvaro y que ahora esta en fase de solución final con el recién aterrizado secretario autonómico de medio ambiente Francisco Javier Quesada Ferre.

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