Las graves consecuencias de los señalamientos de Milei y su discurso ultra
Las agresiones verbales que ha sufrido la periodista Cristina Fallarás después de que el mandatario argentino compartiera un vídeo suyo son la punta del iceberg de una ideología excluyente que pone en peligro a todos los colectivos vulnerables.
Madrid-Actualizado a
Ninguna palabra es inocente. Todavía menos cuando quienes las difunden tienen micrófonos delante y un sólido poder político y económico detrás. Tal es el caso de figuras ultraderechistas como la del presidente de Argentina, Javier Milei, y su partido populista, La Libertad Avanza.
La periodista y escritora Cristina Fallarás ha denunciado públicamente la avalancha de agresiones verbales que ha sufrido tras el señalamiento de Milei. El pasado 18 de mayo, el mandatario argentino compartió un vídeo de Público con una reflexión de Fallarás y comentó "Así mienten los rojos".
"Sin saber de dónde me venían, empezaron a llegarme amenazas de muerte, promesas de tortura, menciones brutales a mi familia, textos y fotos atroces", ha relatado la impulsora de #Cuéntalo. La activista lamenta que se culpabilice a las víctimas de la violencia digital por "poner el cuerpo" y no a quienes provocan el odio como Javier Milei.
Fallarás hacía referencia en el vídeo de Público a la reunión ultra organizada por Vox en Madrid que convirtió a la ciudad en la capital mundial del fascismo a mediados de mayo. Las palabras que Milei tildó de mentiras eran las siguientes:
"A la cabeza este elenco siniestro aparece el presidente argentino, Javier Milei, que llega después del asesinato por odio de tres lesbianas. Quemaron a cuatro lesbianas vivas en Buenos Aires. Las quemaron vivas. Tres han muerto. Son Andrea, Pamela, Roxana y Sofía, las mujeres que quemaron. Junto a Milei vendrá la ultraderechista Marine Le Pen...".
Estas palabras, aparte de estar amparadas por la libertad de expresión y de que no deberían ser blanco del presidente de ningún gobierno, son, además, una descripción de hechos y datos de lo que sucedió en Argentina los días previos a la llegada de Milei. De hecho, Fallarás ni siquiera hacía referencia a los análisis que en esos días publicaban varios medios de que detrás de estos sucesos se encontraban "discursos de odio propiciados por La Libertad Avanza".
No obstante, Milei utilizó el altavoz que le confiere ser el jefe de un Estado para atacar a la periodista española, señalarla y ponerla en el punto de mira de sus seguidores ultras.
Lesbianas quemadas y asesinadas
Un hombre asesinó quemadas a tres mujeres el pasado 6 de mayo al atacarlas con un cóctel molotov en un hotel del barrio de Barracas (Buenos Aires). Una cuarta joven sobrevivió, pero tuvo que ser hospitalizada con heridas graves. "Les prendieron fuego por lesbianas", clamaron en las calles de la capital argentina como protesta ante el avance de los discursos homófobos bajo el gobierno de Milei.
Lo que los movimientos sociales argentinos denunciaban entonces, como también lo hace Fallarás, es que los discursos de odio provocan actos de odio. Algunos medios enmarcaron la matanza lesbófoba en el auge de la hostilidad propiciada desde partidos reaccionarios como La Libertad Avanza y sus referentes en medios de comunicación y redes sociales.
El caso español: Vox y Samuel Luiz
Pese a sus políticas neoliberales a favor de un individualismo radical, Milei no actúa solo. Sus análogos en España también articulan un peligroso discurso que pone a mujeres, personas migrantes y otros colectivos históricamente oprimidos en una posición de vulnerabilidad. Uno de los casos más sonados fue la brutal paliza homófoba con la que mataron al joven Samuel Luiz en 2021.
Al igual que La Libertad Avanza rechazó cualquier responsabilidad respecto al asesinato de las tres mujeres lesbianas, tampoco Vox reconoció ninguna relación entre su continuado señalamiento al colectivo LGTBI+ y que Samuel, de 24 años, muriera a golpes al grito de comentarios homófobos.
El Defensor del Pueblo considera que los discursos de odio que esparcen los funcionarios desde las administraciones públicas pueden legitimar la violencia contra las minorías sociales y sirven de trampolín para la impunidad.
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