La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que "los criterios sin aval científicos, como el Síndrome de Alienación Parental (SAP), no puedan ser tomados en consideración en la Justicia en nuestro país". Por ello, explicó que el ministerio que ella dirige, conjuntamente con la vicepresidencia segunda del Gobierno y el Ministerio de Justicia, introducirán cambios en la ley contra las violencias en la infancia para impedir su uso. 

En su comparecencia ante la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero afirmó que "ser escuchado a cualquier edad es un derecho consignado en las leyes, y en una ley contra la violencia en la infancia es necesario reforzar este derecho". La ministra defendió que es necesaria "una cautela estricta" hacia este supuesto síndrome que se sigue aplicando y que invalida la declaración de los niños niñas que han sufrido violencia, "por entender que existe una interferencia adulta (normalmente de la madre)". Esto es "enormemente preocupante", puesto que contribuye a la "impunidad de formas de violencia contra la infancia y son inasumibles para un Gobierno feminista", añadió.

Esta propuesta viene a cumplir uno de los puntos acordados en el pacto de Estado contra la violencia de género y también está incluido en las guías de recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación a la violencia de género, aunque no se trata de una medida de obligado cumplimiento.

Este diario adelantaba, coincidiendo con la presentación del proyecto de ley contra las violencias en la infancia en el consejo de Ministros en junio pasado, que la ley carecía de la necesaria perspectiva de género y que su articulado no incluia de un posicionamiento claro en contra de este supuesto síndrome, un patología que no es reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional y que se aplica en muchos  procesos judiciales para desacreditar la versión de los menores. En muchas ocasiones su aplicación acaba culpabilizando a las madres de influir en el relato de sus hijos, lo que influye en la desprotección de los menores que sufren violencia de género o abusos sexuales por parte de sus padres y en muchas ocasiones las madres acaban sin la custodia de sus hijos e hijas.

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Reforma de la ley del aborto

Montero anunció también que su ministerio ha iniciado los trabajos para reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, con el fin de derogar la reforma introducida en ella por el Partido Popular en 2015. Esta reforma promulgada por el entonces ministro Alberto Ruíz Gallardón prohibió el acceso a las menores de 16 y 17 año a abortar si tener autorización de sus progenitores. Fue la única modificación de calado que consiguió introducir Gallardón. La amplia contestación del feminismo ante una reforma de mayor calado y los desencuentros en su propio partido acabaron con su dimisión.

Según Montero, la reforma incluirá el derecho a las "formas más novedosas" de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva.

del aborto y derogar la reforma introducida, aunque no desveló ningún otro aspecto, ni puso plazos para su presentación.

Sistema estatal de cuidados y otras medidas

Estas no fueron las únicas medidas anunciadas por Montero en el Congreso. Aunque con poca concreción sobre su avance y sus contenidos, la ministra de Igualdad hizo un repaso a una amplia bateria de acciones que su ministerio esta llevando a cabo. 

Entre ellas la intención de extender la atención integral que hoy reciben las víctimas de violencia de género a todas las víctimas de violencia machista, como la explotación sexual. Esta actuación está contemplada en el llamado Plan España te protege contra la violencia machista que se pondrá en marcha en breve y que supondrá un incremento del servicio de atención telefónico y digital del 016, la ampliación y mejora de los dispositivos telemáticos de control de agresores y la construcción de unos 50 centros de atención integral.

La ministra también ha anunciado que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará dos reales decretos de que tienen que ver con la igualdad retributiva y con la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores elaboran planes de igualdad. 

Montero volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contra con un sistema estatal de cuidados, como ya hizo en otra comparecencia, y pidió disculpas por no haber llegado a tiempo a todos los compromisos. Explicó que, aunque el ministerio no ha estado parado por la pandemia, "no estamos llegando a tiempo" a todos los compromisos.

En relación a la tramitación de la  de la ley de protección de la Libertad Sexual, Montero ha afirmado que el texto está finalizado seis meses después de su presentación tras incorporar las enmiendas y mejoras aportadas por la sociedad civil. También ha esbozado algunos de los cambios que se introducirán en ella y que van encaminado a reforzar algunos de los principios rectores de la noma "como la accesibilidad  y la interseccionalidad, la ampliación del objeto de la ley a niños y niñas o la inclusión del feminicidio sexual".