Diciembre de 2024. Es la fecha límite para la creación de servicios de atención integral 24 horas para las víctimas de violencia sexual. En concreto, se tienen que poner en marcha 52 centros, al menos uno por provincia, incluyendo Ceuta y Melilla. Este servicio debía estar listo antes de finalizar 2023 pero la Comisión Europea ha aprobado una prórroga que amplía el plazo hasta 2024 porque la mayoría de comunidades autónomas no tenían listos sus centros. Esta ampliación se ha ratificado en la Conferencia Sectorial de este lunes entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades. 

Un centro por cada provincia

En España, solo Cantabria, Madrid y Asturias cuentan con un centro de crisis 24 horas ya en funcionamiento. Navarra y Aragón se han puesto manos a la obra pero todavía no están operativos. Las Islas Canarias, por ejemplo, tienen previsto abrir hasta cinco de estos centros. Fuentes de Igualdad aseguran a Público que no es cuestión de “falta de voluntad” por parte de las comunidades. La guerra de Ucrania y la posterior inflación han provocado falta de  “suministros” y  “carestía” para cumplir con la medida.

Este servicio se lleva a cabo con los fondos del Plan de Recuperación 2024 de la Unión Europea. Igualdad ha destinado desde 2021 más de 83 millones de euros a las comunidades para elaborar el proyecto. Los centros estaban previstos en el Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, inserto en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

Igualdad no considera una “buena noticia” no contar con todos estos centros en 2023 pero asegura que está “justificado” que las comunidades hayan pedido la prórroga a la UE. Si no se pedía la ampliación del plazo tenían que devolver los fondos, incluso las que ya hubieran iniciado el procedimiento.

Los centros de crisis son clave en la aplicación de la ley del solo sí es sí. La legislación prevé uno de ellos por cada provincia para cumplir con el mandato del Consejo de Europa. Este organismo ha instado a España en varias ocasiones para poner en marcha uno de estos centros por cada 200.000 mujeres o por cada provincia. Se trata de una de las medidas más esperadas de Igualdad que tendrá que esperar a verse consagrada el año que viene.

Más propuestas a las comunidades

En la misma sesión se ha informado a las comunidades de las conclusiones de los comités de crisis convocados por Igualdad ante un repunte de los feminicidios (cinco o más de cinco en un mismo mes). Entre diciembre de 2022 y octubre de 2023 se han celebrado seis comités de crisis. El ministerio que dirige Irene Montero en funciones ha observado varios factores que se repiten, como, por ejemplo, que la mayoría de las víctimas son mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión.

Para poder atajar esta problemática proponen varias medidas a las comunidades. Entre ellas, ampliar las medidas de mediación intercultural en servicios sanitarios y educativos para llegar a las mujeres migrantes en riesgo de sufrir violencia machista; reforzar el enfoque de género entre los profesionales que atienden a las víctimas, facilitar el nuevo ATENPRO a todas las víctimas con riesgo bajo/medio y sensibilizar más al entorno (familiares y vecindario) de las víctimas.

Otra traba en la coordinación municipal de los Servicios Sociales. Varias de las víctimas acuden a los servicios generales pero no se las deriva a los especializados, por lo que habría que mejorar la coordinación de estos servicios en los municipios. Y, por último, aumentar la información de las víctimas en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Una herramienta indispensable para la Administración de Justicia que conecta los distintos registros de la institución.