Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la gestora de entradas Ticketmaster ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por cobrar una nueva tarifa: una supuesta "cuota de servicio".

La plataforma cobra dos euros con cada compra de entradas por este concepto, sin aclarar el motivo de esta cuota, apunta la organización. Según ha podido verificar Público, esta cantidad se paga por separado de los ya conocidos "gastos de gestión" que la empresa también recauda por cada entrada y que suele variar en función del concierto o espectáculo. 

"Es abuso tras abuso en algo que lleva ocurriendo desde hace décadas", denuncia el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en declaraciones a este medio. "Inicialmente nos cobraban unos gastos por la gestión vinculados a imprimirse la entrada, después cuando ya todo era online siguieron manteniéndolos pero nunca han aclarado a qué están destinados. Y ahora añaden esta otra cuota de servicio, que tampoco aclaran en qué consiste y que nosotros entendemos que igual que las anteriores, es claramente ilegal", añade. 

Ticketmaster justifica en su web que esta nueva tarifa "contribuye a cubrir los costes técnicos y de mantenimiento del sitio web con un servicio 24 horas al día, siete días a la semana, comisiones bancarias y seguridad de pago, atención al cliente y todo lo relacionado con el procesamiento de tu transacción, así como nuevas funcionalidades para ofrecerte la mejor experiencia de reserva posible". 

Facua considera que esta justificación es "insuficiente", dado que no se detallan ni se explican los servicios concretos que se cubren con ese recargo. Además, alertan de una posible duplicidad de cobros, dado que la empresa ya aplica una tarifa por "gastos de gestión", y según su propia web, ambos conceptos -la "cuota de servicio" y los "gastos de gestión"- tienen como finalidad sufragar los costes derivados del proceso de venta.

Estos cobros podrían ir en contra de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley, se establece como cláusula abusiva cualquier estipulación "que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva". Asimismo, el artículo 89 considera también como abusivas cualquier tarifa que imponga al consumidor "bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados".

"Creemos que las autoridades de consumo autonómicas y el Ministerio deberían haber ya sancionado hace tiempo a empresas que desarrollan este tipo de prácticas ilícitas y no entendemos porque hasta ahora no se ha hecho", denuncia Sánchez. 

Fuentes del Ministerio de Consumo aseguran a Público que ya están trabajando en la investigación del caso.

La nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada hace apenas unas semanas, obliga a que las plataformas tengan que facilitar el precio final completo desde el primer momento de la compra, sin que al final de la operación se produzcan incrementos de precio inesperados por estos gastos. "Es imprescindible mejorar la redacción de la ley para entender que estos cobros son ilegales. El gasto de gestión no existe, es el cobro por un servicio inexistente", remarca Facua.

Investigación abierta a Ticketmaster

El ministerio ya puso el foco en Ticketmaster cuando el pasado mayo anunció una investigación contra la empresa, después de recibir múltiples denuncias de consumidores por el cobro de posibles recargos ilícitos. En concreto, los usuarios denunciaban los cargos en los conciertos de Bad Bunny en España. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la entrada más barata con un precio de 79,50 euros llegó a alcanzar los 269,30 euros tras sumarse gastos de gestión, recargos VIP e incluso una donación de 3,30 euros preactivada por defecto.

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Público se ha puesto en contacto con Ticketmaster, sin tener respuesta en el momento de publicar este artículo.