El Gobierno recorta las motos, y también los coches, de la Guardia Civil de Tráfico: ha suprimido 573 vehículos de su parque móvil en menos de dos años, periodo en el que también ha seguido reduciendo la plantilla, que ha perdido 230 efectivos.

Estas medidas forman parte de los recortes generalizados en materia de seguridad, con la supresión de más de 12.000 policías y guardias civiles en cinco años mientras avanza la privatización de servicios, y de su aplicación específica al campo de la seguridad vial, donde la reducción de medios y efectivos, que afecta tanto al personal como a dispositivos preventivos como los controles de alcohol y de droga a los conductores, llega después de que las sanciones por exceso de velocidad que detectan los radares alcanzan cotas históricas que en 2016 llegaron a superar una media de 18.485 euros por hora.

El recorte de medios para la Guardia Civil de Tráfico se concreta en la supresión de 450 motocicletas, 75 todoterrenos y 48 turismos entre enero de 2016 y octubre de 2017, según señala el Ministerio del Interior en una respuesta por escrito al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia.

El balance en esos 22 meses, de 553 coches, 123 vehículos 4x4 y 486 motos dados de baja frente a 505, 48 y 36 altas, es especialmente notable en los parques móviles de Extremadura, Galicia y Castilla y León, con pérdidas, respectivamente, de 148 vehículos, en un proceso en el que llama la atención la retirada de 132 motocicletas para no reponer ninguna de ellas, 63 y 61 que suman 272, casi la mitad del recorte.

Menos motos con más radares

Este también ha sido notable en las unidades de Tráfico de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, con 52 y 59 bajas, y, en menor medida, también en Andalucía, con 38, mientras se quedaba en 18 en Madrid.

El director general de Tráfico afirma que para 2018 adquirirán 60 aparatos por 860.000 euros

La reducción de la plantilla, en la que la supresión de 230 de los 9.082 efectivos registrados al cierre de 2015 se suma a la de otros 591 en los cuatro años anteriores, ha venido seguida de un aumento de la jornada de dos horas y media semanales (de 37,5 a 40) a partir del 1 de octubre que ha terminado de hartar a los agentes, que estas navidades van desarrollar una ‘huelga de bolis caídos’ en la que, como ya hicieron en 2010 y 2011 ante las bajadas de sueldo, reducirán la imposición de denuncias a las acciones de evidente peligrosidad.

Con todo, Interior tiene un 'plan B' para que ni los recortes de medios y personal ni las reacciones a estos puedan afectar a la recaudación por sanciones a los automovilistas, e incluso esta pueda crecer: comenzar a equipar con radares móviles a las motocicletas de la Guardia Civil, algo que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado para el 2018 tras adquirir 60 aparatos por un coste total de 860.000 euros.

“Se rompe una tendencia de trece años”

Heredia, que califica de "nefasta" e "incomprensible" la política de seguridad vial del Gobierno, criticó el "brutal recorte que se está produciendo en el número de vehículos de la Guardia Civil de Tráfico" y anunció la presentación de una batería de iniciativas parlamentaras para conocer los motivos.

En este sentido, el diputado malagueño del PSOE recuerda que esa reducción de los medios y las plantillas, mientras la recaudación por multas de radar se dispara, coincide con un repunte de la accidentalidad y de la mortalidad en esos siniestros. "En 2016 se incrementaron los fallecidos en accidentes de tráfico, rompiendo una tendencia de 13 años consecutivos de bajadas, y hasta octubre de 2017 ya son 1.003 muertos, 26 más que en el mismo periodo del año anterior. Y también se registran un mayor número de accidentes mortales: 897 este año frente a los 869 del año anterior".

La seguridad rural, también en entredicho

La seguridad en las carreteras no es el único frente en el que las políticas de austeridad y restricciones comienzan a volverse en contra del Ministerio del Interior. Los efectos de su aplicación en zonas rurales, en las que es frecuente encontrar puestos con los efectivos bajo mínimos e incluso algunos que se ven obligados a compartir coche-patrulla, ha comenzado a levantar ampollas tras el triple asesinato en Teruel de los guardias civiles Víctor Romeo y Víctor Caballero y del sindicalista agrario José Luis Iranzo a manos, presuntamente, del fugitivo serbio Igor 'El ruso' el pasado 14 de diciembre.

Entidades profesionales como AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el cuerpo) y organizaciones agrarias como UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, integrada en COAG) han denunciado la falta de efectivos en la zona, a la que señalan como uno de los factores clave para que el fugitivo pudiera matar a tiros a sus tres víctimas.

Entidades profesionales denuncian la falta de efectivos en las zonas rurales

“Estamos absolutamente descorazonados”, señalan fuentes de AUGC, impactadas por la escasez de medios con la que se desarrolló el dispositivo de seguridad, con un solo perro de rastreo y un helicóptero de apoyo por horas, cuando solo nueve días antes dos vecinos del pueblo sufrieron heridas de bala por un ladrón armado con pistola al que sorprendieron robando y que, según la investigación, sería 'El ruso'. "No sabían a qué se enfrentaban", añaden.

"Buscaban todos a un asesino y se podía saber. Las pruebas de Albalate eran contundentes y, sin embargo, todos iban a pecho descubierto. José Luis no sabía a qué se enfrentaba”, indicó en su perfil de Facebook su viuda, Eva Febrero, que considera que, por parte del instituto armado, "una respuesta inmediata no es lo que se hizo”"

"La Guardia Civil local sin medios sí respondió. La gente de nuestros pequeños y abandonados pueblos sí respondió", indicó, para denunciar que "si la gente de este pueblo, por lo menos, hubiéramos sabido que eran tan peligroso seguro que ninguna esposa o madre les hubiéramos dejado ir al monte hasta que lo capturasen (…). La gente buena, como mínimo, merecemos verdades".