Un informe del servicio de Intervención foral consideró al Gobierno navarro "incompetente" para investigar qué bienes comunales podían haber sido inmatriculados por la Iglesia católica, tal como se propuso el anterior consejero de Justicia, Eduardo Santos, en un plan sin precedentes en toda España.

El consejero presentó en noviembre de 2021 ante el Parlamento navarro un exhaustivo informe con todas las inmatriculaciones episcopales efectuadas en la comunidad foral desde el año 1900. El inventario incluía más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo rústico y urbano inscritos por los obispos en virtud de la polémica prerrogativa que les permitía inmatricular bienes con su propia autocertificación y sin acreditar título escrito alguno.

El informe era el más completo de los realizados en ninguna otra comunidad autónoma hasta el momento. Aún así no fue ese el aspecto más relevante de su plan. Por primera vez, el Gobierno foral estaba dispuesto a peinar una por una las casi 3.000 inmatriculaciones para comprobar cuáles de ellas correspondían con bienes comunales, especialmente protegidos por la ley. Santos anunció la contratación de un comité de expertos para ejecutar esa labor de esclarecimiento e identificación.

Aunque la iniciativa partió de la Consejería de Justicia, el proceso de identificación de los bienes comunales inmatriculados iba a ser dirigido desde el Departamento de Desarrollo Rural. Dos años después, el plan se sumergió en el letargo. El equipo de peritos nunca se llegó a contratar ni el inventario de fincas inmatriculadas por la Iglesia fue cotejado con el listado de bienes comunales. En noviembre pasado, Desarrollo Rural argumentó "problemas administrativos" para excusar la cancelación del expediente de contratación del comité de expertos, en respuesta al diario Público.

Ahora sabemos que fue un informe del servicio de Intervención foral el que bloqueó el proceso. "La competencia para investigar la situación de los bienes de las entidades locales no es propia del Gobierno de Navarra", indica un fragmento del dictamen jurídico, al que ha tenido acceso este periódico. El texto asegura que corresponde a las entidades locales la "facultad de investigar e inspeccionar la situación de los bienes y derechos cuya pertenencia a su patrimonio se presuma", según recoge el artículo 115.1 de la Ley Foral de la Administración Local (LFAL). Y, por lo tanto, deduce el informe de Intervención, el Gobierno de Navarra "no resulta competente para adjudicar el contrato sujeto a fiscalización", que, en su opinión, sería "nulo de pleno derecho".

El fragmento forma parte de un informe cuyo texto completo no ha sido hecho público. Tampoco la fecha de emisión. Lo que sí sabemos es que el Departamento de Desarrollo Rural dio por bueno su contenido y guardó en un cajón la ambiciosa iniciativa de recuperación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia. También sabemos que la licitación fue cancelada por el director general de Agricultura en una resolución firmada el pasado 28 de noviembre, apenas cuatro días después de que Público se interesara por el expediente.

Expertos en derecho administrativo consultados por este periódico sostienen que el Gobierno Foral podría haber levantado el reparo con un informe de discrepancia y continuar con la licitación de los peritos. También podría haber dado por válidas sus observaciones y haberse dirigido a las entidades locales para instarles a investigar la presunta usurpación de sus bienes comunales. En cambio, decidió dejar dormir el expediente y acabó cancelándolo hace apenas un mes.

Esas mismas fuentes citan el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, en su artículo 46, como base para la actuación de la comunidad autónoma navarra. El artículo estipula que el ejercicio de la acción investigadora puede efectuarse de oficio por la Corporación y también a iniciativa de "cualquier otra Administración" en virtud de los deberes de "información mutua y colaboración".

La propia estructura orgánica de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra ya incluye entre las atribuciones de la Dirección General de Agricultura, en el artículo 25, apartado t), la "defensa y recuperación de bienes comunales". E incluso el punto 2 del artículo 115 de la LFAL esgrimido por Intervención ya estipula que "todas las personas físicas o jurídicas de la Comunidad foral", tanto públicas como privadas, "están obligadas a cooperar en la investigación e inspección" de los bienes comunales presuntamente expoliados.

El Gobierno Foral, sin embargo, decidió dar carpetazo al expediente que podría haber esclarecido la supuesta inmatriculación eclesiástica de decenas, quizás cientos, de bienes vecinales, cuya naturaleza jurídica es asimilable a la del dominio público, y, por tanto, son imprescriptibles, inalienables e inembargables. La propia Constitución española los protege y en Navarra cuentan incluso con una ley específica desde 1986.

La cancelación de la iniciativa puesta en marcha en noviembre de 2021 frustra las expectativas de las organizaciones patrimonialistas, sobre todo, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que agrupa a dos centenares de municipios de la comunidad foral. "El informe de Intervención no está justificado", asegura su portavoz, Andrés Valentín. En su opinión, el Gobierno de Navarra tiene una clara "responsabilidad en la defensa y recuperación de los bienes comunales". "No hace falta saber derecho para llegar a esa conclusión", subraya.

Andrés Valentín ha echado en falta "convicciones políticas sólidas" del Ejecutivo navarro en el caso de las inmatriculaciones eclesiásticas y la defensa del patrimonio público. De ahí, su rápido desistimiento en las labores de investigación del presunto expolio de los bienes comunales. No obstante, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro no está dispuesta a tirar la toalla en este asunto. "Vamos a dar la batalla", anuncia el portavoz.

La asociación está convencida de que el estudio previsto para cotejar los bienes es aún "viable" en esta legislatura. Su objetivo inmediato es pedir una comparecencia ante el Parlamento navarro para exponer sus argumentaciones y exigir el compromiso del Gobierno Foral en la ejecución de un plan que podría haber revertido cientos de bienes inmatriculados por la Iglesia católica.