El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas. Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

El Gobierno rechaza esta práctica ilegal

La legislación española declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".  Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a niños gestados por una mujer extranjera.

Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, opta por equiparar los vientres de alquiler al tráfico de órganos y de menores. Por su parte, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría "a las mafias" que trafican con los vientres de las mujeres.

Cs defiende que es una reivindicación del colectivo LGTBI

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que "solo hay amor, vida, libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un derecho". Además, intenta defender que esta práctica ilegal es una reivindicación del colectivo LGTBI. Cs rechaza que se criminalice a las familias que recurren a alquilar un vientre, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los vientres de alquiler participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas".