La lógica militar ha situado a la excabo Ana S. G. ante una paradoja tan kafkiana ("absurda, angustiosa") como contradictoria: la Junta de Castilla y León la reconoce como dependiente severa mientras el ejército y la Audiencia Nacional la declaran apta para trabajar en la vida civil tras haber sido despedida de las fuerzas armadas mientras estaba convaleciente de un accidente laboral.

Hace casi un año, a mediados de abril de 2019, solo cinco meses después de que el Ministerio de Defensa la hubiera declarado "apta para el servicio" unos días antes de decidir que no le renovaba el contrato, Ana S. G., residente en Valladolid, pidió a los servicios sociales de la Junta de Castilla y León una valoración de su grado de dependencia que, siete meses después, finalizaba con su declaración como dependiente severa (grado II, 54 puntos) y la concesión de una ayuda mensual de 268 euros para remunerar los cuidados que le presta su hija Patricia.

La Junta también reconoce como "modalidades de atención adecuadas" para ella la ayuda a domicilio, el ingreso en un centro residencial, el uso de uno de día o de noche y la asistencia personal, servicios por los que, "en función de su capacidad económica", no debería abonar más de 110 euros mientras el resto corre a cargo de la comunidad.

Es decir, que se encuentra en una situación de minusvalía y de penuria económica, ya que su único ingreso son los 636 euros que le corresponden como "reservista de especial disponibilidad" dentro de las clases pasivas, un ingreso compatible con otros de carácter laboral cuando el cuerpo permite acceder a ellos. De ahí salen la manutención y las cuotas de la hipoteca.

"Cerraron el expediente con un 24% y no le renovaron"

"Prácticamente es una minusválida. No puede ni ponerse los zapatos ella sola y necesita ayuda de terceras personas para actividades básicas como asearse o desplazarse, para lo que necesita muletas, y Defensa dice que no tiene nada", explica su abogado, Florentino Martínez.

"Iban a ampliarle el contrato un año, porque no pueden echarte mientras tienes un expediente de valoración abierto, pero seis días antes decidieron cerrar el expediente de invalidez con un grado del 24% y no renovarle", explican fuentes de la asociación Red 45+, que lleva tiempo denunciando la aplicación generalizada de esa valoración, justo un punto por debajo del nivel que da derecho a una pensión de invalidez pero suficiente para decidir sobre la continuidad de los soldados profesionales en el Ejército, en un caso similar al de la soldado Laura.

Algo más de la tercera parte de los militares que se encontraban en esa situación, 1.323 de 3.761, fueron obligados a abandonar el Ejército entre 2010 y 2017, según los datos facilitados por el propio ministerio de Defensa a Red 45+, que también indican que apenas uno de cada seis a los que se reconoce ese nivel de incapacidad por lesiones sufridas en acto de servicio (98 de 559) deben colgar el uniforme. Ocurre algo similar con las valoraciones psicológicas, denuncian.

Ana S. G. pasó, año y medio después, a engrosar ese grupo, en el que la tropa (soldados y cabos) resulta ampliamente mayoritaria: el 80% de los despedidos con incapacidad del 24% y un 51% entre los cesados tras lesionarse en acto de servicio.

Una cadena de lesiones como mecánica

Ana, de 40 años, ocupaba un puesto de mecánico con el que frecuentemente se encargaba del mantenimiento de tanques y carros de combate, en el sufrió un carrusel de cuatro lesiones mientras trabajaba.

A finales de 2010 sufrió lesiones en la zona lumbar y en la cadera izquierda al sufrir un resbalón cuando estaba engrasando uno de estos últimos. Cuatro años después, en marzo de 2014 y también mientras trabajaba, padeció una fisura de coxis y sendos esguinces en el tobillo derecho y la muñeca izquierda. Y en mayo de 2016 se lesionó en el hombro izquierdo.

Finalmente, en diciembre de ese año, mientras estaba desmontando la transmisión de un vehículo militar, el rebote de una llave le provocó un fuerte golpe en el codo derecho, que quedó aprisionado contra el habitáculo del motor en un incidente por el que necesitó atención hospitalaria. Estaba destinada en Segovia.

A finales del año siguiente, en diciembre de 2017 y como consecuencia de todas esas lesiones, el Ejército le incoó un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas. Para entonces se encontraba bajo tratamiento psicológico por una depresión y había tenido que visitar la Clínica del Dolor de Valladolid ante las molestias que le provocaban esas lesiones y otras que le habían ido siendo diagnosticadas.

"Alguien que necesita ayuda no puede trabajar"

Sin embargo, la Junta Médico Pericial concluyó que lo único que padecía eran distintos tipos de artrosis que "no limita la actividad" en un codo y en las zonas lumbar y cervical, por lo que le asignó un 24% de minusvalía y la declaró apta para trabajar, aunque con la prescripción de evitar el manejo de pesos y caminar mucho, así como, los saltos, las carreras y las marchas.

Solo vinculaba la lesión del codo con un acto de servicio y diagnosticaba el resto de las lesiones como degenerativas, mientras que un chequeo privado, que concluía que el accidente en el codo reactivó otros procesos artrósicos que padecía, la consideraba "incapacitada para toda profesión y oficio" y le asignaba un 65% de minusvalía.

Finalmente se impuso el criterio de la Junta Médico Pericial, que nunca llegó a efectuar la nueva revisión que solicitó Ana S. G. y cuyo criterio ratificó al desestimar la demanda de esta la Audiencia Nacional, ante cuya Sala de lo Contencioso ha recurrido la excabo esa decisión.

"Una persona que necesita la ayuda de otra no puede trabajar", señala Martínez, que critica la situación de abandono en la que quedan los reservistas cuando se ven obligados a abandonar el Ejército, normalmente a los 45 años como máximo: "puedes ser el mejor tirador del mundo, pero eso en la calle no vale nada, o manejar muy bien un tanque, pero en la calle no hay tanques".