El mayor atentado ambiental y paisajístico que, según las organizaciones ecologistas, han sufrido las rías gallegas empezó a fraguarse hace 70 años al borde de lo que fue una de sus ensenadas más hermosas. Entre la primavera y el otoño de 1955, el franquismo ideó el proyecto de instalar una fábrica de celulosa a base de eucalipto en Lourizán, sobre terrenos públicos en parte ganados al mar ubicados a medio camino entre Marín y Pontevedra. La idea, que un gobernador civil falangista anunció en rueda de prensa en junio de aquel año y que se publicó cinco meses después en el Boletín Oficial del Estado, fue el embrión de una de las compañías públicas más rentables del Estado, la Empresa Nacional de Celulosa (Ence).

Desde que Franco la inauguró en 1963 –la fábrica había empezado a funcionar antes, pero la visita del dictador se retrasó hasta esa fecha–, la factoría contaminó la ría con vertidos que incluyeron toneladas de residuos de mercurio derivados de la producción de cloro, necesario para blanquear la pasta papel y que se producía en las instalaciones de la vecina y hermana Electroquímica del Noroeste (Elnosa). El complejo Ence-Elnosa también apestó Pontevedra y su comarca durante decenios con emisiones de dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, mercaptanos y aminas de amoniaco, entre otras sustancias. Ence es el gran comprador de  madera barata para celulosa en Galicia y, desde que se instaló en la comunidad, las plantaciones de eucalipto se han multiplicado: la especie invasora que llegó de Oceanía e mediados del siglo XIX ya representa hoy casi un tercio de toda su superficie forestal.

"Los bancos marisqueros de la ría quedaron sepultados bajo los vertidos de la fábrica, y las playas urbanas de Pontevedera, que iban desde la ciudad hasta Lourizán, también desaparecieron", explica Antón Masa, biólogo y portavoz de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), fundada en 1987 con raíces en la lucha vecinal y de las mariscadoras contra la contaminación de Ence y Elnosa. "Somos un movimiento muy longevo, algunos de los que lo empezaron ya han muerto, y otros rondamos los 75, los 80 e incluso los 90", recuerda.

Desde que Ence empezó a producir en Pontevedra, Galicia ha librado varios combates sociales contra otros proyectos que pretendían instalar fábricas de celulosa en varias localidades. El más reciente, el de la multinacional portuguesa Altri y la energética gallega Greenalia en Palas de Rei (Lugo), que ha provocado una respuesta ciudadana de calado sólo comparable a la de Nunca Máis tras la catástrofe del Prestige. Ese movimiento también ha redundado en la contestación a la planta de Ence en Pontevedra –la última gran manifestación fue conjunta a las puertas de la celulosa de Lourizán–, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

El negocio de la celulosa

Altri, la segunda papelera portuguesa después de Navigator, obtuvo en 2024 beneficios netos de 107,2 millones. Ence –que explota otra factoría de celulosa en Navia (Asturias) y varios centros de producción eléctrica a partir de la quema de biomasa en otras comunidades– registró en el último ejercicio 164,5 millones de euros de beneficio antes de impuestos y amortizaciones. La industria de la celulosa es un gran negocio a escala global, pero también uno de los más contaminantes del planeta. En 1993, un informe de Greenpeace alertó de que Ence-Elnosa desaguaba cada año a la ría de Pontevedra 300 kilos de mercurio y alrededor de 6.900 toneladas de residuos tóxicos organoclorados.

En 2002, seis directivos de la compañía –la mayoría de su junta– fueron condenados por varios delitos ecológicos relacionados con aquellos vertidos. Sólo un año antes, el Gobierno de José María Aznar (PP) había privatizado Ence, que en 2006 acabó en manos de una nueva propiedad encabezada por el empresario vasco Juan Luis Arregui, accionista mayoritario y hoy presidente de honor de la compañía. Arregui abrió las puertas de su consejo a cargos del PP recién salidos de la política, como la ministra de Medio Ambiente de Aznar Isabel Tocino, y el exconselleiro de Medio Ambiente de Manuel Fraga Carlos del Álamo. En 2010 incorporó a la empresa a su hoy presidente ejecutivo y consejero delegado, Ignacio Colmenares, bajo cuyo mando Ence asegura que ha desarrollado un proceso ejemplar de modernización e inversiones para asegurar el respeto a la normativa medioambiental.

La dirección de la compañía, que se refiere a la planta de celulosa de Pontevedra como "biofábrica", afirma que sus instalaciones operan hoy "en estricto cumplimiento de los límites de emisiones" establecidos tanto en su autorización ambiental integrada como en la legislación del sector, y defiende que la empresa las monitorea periódicamente, que ha desarrollado mejoras tecnológicas para reducir su "huella atmosférica" y que el plan que denomina "Cero Olor" habría logrado reducir el año pasado las emanaciones hediondas del complejo a su mínimo histórico. 

Además, sostiene que las playas situadas en las proximidades de Lourizán "cuentan con la distinción de bandera azul, que certifica la calidad del agua, la seguridad y la gestión ambiental". "En 2025, la Ría de Pontevedra ha conseguido 27 banderas azules, siendo, después de Alicante, la provincia con mayor número" de ellas, argumentan fuentes de la empresa.

Para Antón Masa, sin embargo, esos argumentos camuflan un greenwashing de libro, cuyo ejemplo paradigmático sería precisamente usar el término "biofábrica" para referirse a una industria tremendamente dañina. Según la APDR, además de contar con el apoyo de la Xunta del PP y de los medios públicos autonómicos, la firma también invierte en ayudas y subvenciones para "blanquear su imagen" atrayéndose a la prensa privada local y regional y a colectivos sociales, asociaciones vecinales, entidades culturales, clubes deportivos infantiles, juveniles y de adultos... "Es de locos, llegan a todas partes: a veces ves jugar a dos equipos de fútbol de críos que llevan camisetas de diferente color porque son de clubes distintos pero que lucen la misma publicidad y el mismo logo: Ence", resume el portavoz de la asociación.

La versión de la empresa

En julio pasado, varios medios informaron de que entre 2013 y 2014 la empresa había pagado 116.000 euros al despacho fundado por Cristobal Montoro, exministro de Hacienda de Aznar y de Mariano Rajoy, al que un juzgado de Tarragona investiga por recibir dinero de grandes empresas a cambio de impulsar, supuestamente, reformas legislativas y fiscales a conveniencia de esas firmas. El pago de Ence a la consultoría de Montoro se habría realizado sólo dos años antes de que el Gobierno de Rajoy prorrogara hasta 2073 la concesión para que la fábrica de Lourizán siguiera ocupando terrenos públicos en la ría, un permiso que expiraba en 2018. 

Fuentes de Ence han admitido que encargaron dos informes a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro, pero han negado cualquier relación con aquella decisión. El primero era un estudio sobre el expediente de regulación de empleo vinculado al cierre de la planta de celulosa de Huelva, y el segundo, "un acuerdo de asesoramiento regulatorio" sobre gestión forestal en Castilla y León, Castilla la Mancha, Andalucía y Extremadura. "Ambos informes estaban ajustados a los precios de mercado para ese tipo de trabajos", explican las citadas fuentes.

La prórroga a Ence fue acordada por el Gobierno de Rajoy y Montoro en enero de 2016, cuando ejercían en funciones después de que el PP perdiera las elecciones generales de noviembre de 2015. Al primero le costó que el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado desde 1999 por el BNG, le declarara poco después persona non grata en su villa natal. Pero lo cierto es que en la ciudad no todo el mundo estaba ni está en contra de Ence. La empresa, que asegura que su actividad en Galicia proporciona más de 9.000 empleos directos e indirectos, da trabajo a unas 800 personas en la fábrica de Lourizán, que son a su vez soporte de otras tantas familias que defienden desde hace años la viabilidad de la factoría y que también suelen dar respuesta propia a las convocatorias de vecinos y ecologistas pidiendo su cierre. En 2021, los trabajadores volvieron a movilizarse después de que la Audiencia Nacional anulase la prórroga de la concesión tras los recursos de la APDR, el Ayuntamiento y Greenpeace. 

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EFE

"El discurso ambientalista es una farsa, la fábrica cumple todos los estándares que establecen las leyes. ¿Que se podría mejorar la situación? Claro que sí, como en todo. Pero dentro de nuestro sector, somos ejemplares", subraya Omar Vázquez, secretario comarcal de CCOO Pontevedra y del comité de empresa de Ence. Afirma que los trabajadores no defienden la compañía, sino el medio de vida de sus familias: "No es una lucha por la empresa si no por nuestros empleos, ojalá nos tratasen con el mismo respeto que al medio ambiente", señala.

"Desmanes"

Vázquez admite que los "desmanes" del pasado han lastrado la imagen de la fábrica, y apura a la empresa a invertir en más mejoras que eliminen definitivamente los malos olores y optimicen la depuración de residuos, aunque estos cumplan ahora plenamente con la legislación ambiental. Pero niega que la factoría sea la única responsable de la contaminación de la ría, ni de la acelerada eucaliptización de Galicia: "La culpa es de la ausencia de una regulación forestal que impida el monocultivo", alega.

Durante dos años, desde que la Audiencia Nacional anuló la prórroga concedida por Rajoy, pareció que asomaba el principio del fin de la pastera de Lourizán. Pero fue un espejismo que duró hasta febrero de 2023, cuando el Tribunal Supremo revocó aquel fallo atendiendo a los recursos de la empresa. El pasado 26 de julio, el mismo tribunal falló contra la última apelación de la APDR, que acaba de responder instando la nulidad de todas las actuaciones porque, a juicio de la asociación, los tribunales no se habría pronunciado hasta ahora sobre todas las irregularidades de fondo que ellos denunciaban.

Mientras tanto, Ence sigue donde estaba, el mismo lugar en donde la proyectó el franquismo hace 70 años, y, de momento, con permiso para permanecer en la ría de Pontevedra casi medio siglo más. Antón Masa, el portavoz de la asociación que agrupa la contestación social contra la fábrica y que constituye el movimiento ambientalista más longevo de Galicia, asegura que ellos tampoco se rinden: "Aquí seguimos. La lucha continúa".