Madrid es la comunidad que menos invierte en Sanidad, Educación y Servicios Sociales
Cada habitante de la capital recibe 540 euros menos en políticas sociales que la media nacional.
Madrid-Actualizado a
La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cada habitante de la capital recibe 540 euros menos en políticas sociales que la media nacional.
Aunque Madrid no es la única región que ha reducido el gasto social, ya que el porcentaje que destinan las comunidades autónomas a políticas sociales ha pasado del 67,4% en 2010 al 58,8% en 2022.
En el año 2009, previo a los recortes provocados por la crisis económica en 2010, el gasto social era de 116,9 millones de euros, una inversión de 2.535,4 euros por habitante. Si bien en 2022 la cifra fue mayor (139,1 millones de inversión y 2.939,8 euros por habitante) el porcentaje destinado en los presupuestos de las comunidades ha descendido en 8,6 puntos porcentuales.
Esto quiere decir que si se hubiese destinado el mismo porcentaje de los presupuestos en gasto social que en 2009, las políticas sociales habrían recibido en 2021 casi 20.100 millones de euros más de presupuesto.
Este incremento se explica por el aumento del gasto en Sanidad debido a la pandemia de la covid. Con todo, el incremento del gasto en el resto de políticas fue del 41% en ese mismo periodo de tiempo, mientras que el aumento del gasto social solo llegó al 13,5% entre 2019 y 2022.
Todas las comunidades, salvo Catalunya, han superado en 2022 el gasto social por habitante que tenían en 2009. Encabezadas por País Valencià (855 euros más por habitante), Navarra y Asturias. Sin embargo, Catalunya lo reduce en seis euros por habitante y Madrid lo aumenta en tan solo 168 euros por habitante.
El informe destaca que el mayor aumento del gasto social se produce en el pago de la deuda, quintuplicando su coste total. Mientras que el gasto en por habitante en políticas sociales ha aumentado en 404 euros, prácticamente la mitad que la deuda, lo que limita la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
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