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Maltrato animal Qué pasaría si una ley obligase a los mataderos a grabar lo que ocurre en su interior

Activistas por los derechos de los animales reclaman una mayor transparencia en el sector de la industria cárnica y apuntan a la necesidad de introducir cámaras. Sin embargo, la pregunta gira en torno a quién vigilará las grabaciones.

Un operario le corta el cuello a una vaca sin aturdir en un matadero de Ávila./ Equalia
Un operario le corta el cuello a una vaca sin aturdir en un matadero de Ávila./ Equalia

alejandro tena

El animal sabe a donde va. Hay algo dentro de él que le advierte: "No entres ahí". Quizá es por el reguero de sangre. O porque la luz se va reduciendo. El animal –que puede ser cualquiera de esos mamíferos que terminan en las bandejas de los supermercados– se resiste. Ancla las pezuñas al metal para evitar introducir su cuerpo en un cajón estrecho, pero no sirve de mucho. Un par de patadas acompañadas de gritos lo introducen en el interior de un rectángulo diminuto, donde una pistola lo aturde; paso previo a la muerte. En otro matadero de Ávila, una vaca recibe una descarga eléctrica en la cara y otra es pasada a cuchillo en plena conciencia. No muy lejos de allí, en otro centro de la industria cárnica, un grupo de operarios lanza por los aires a varios corderos para tratar de agilizar la cadena de producción. 

Todos estos relatos son casos documentados con cámaras ocultas en diversos centros del Estado español durante los últimos años por organizaciones ecologistas. Lo que ocurre en el interior de las instalaciones de la industria ganadera es secreto. La muerte se percibe, pero no se llega a documentar –salvo en contadas ocasiones– debido al hermetismo que predomina en el sector. Hay quien piensa que, precisamente, la escasez de imágenes públicas que acrediten la crueldad y el incumplimiento de las legislaciones sobre bienestar animal es lo que garantiza que los carros de la compra sigan llenándose de bandejas de carne.

"La falta de transparencia de la industria ganadera sirve a un solo propósito, impedir que la sociedad comprenda la situación de los animales y tome partido ante su explotación", expone Aitor Garmendia, uno de los pocos fotoperiodistas que ha podido colarse en el interior de diversos mataderos del Estado español y constatar con su lente el horror. Acabar con la opacidad es un reto que, según algunas organizaciones, podría pasar por una legislación que obligue a las empresas a colocar cámaras en el interior, de modo que todo lo que ocurra dentro quede registrado.

Equalia es una de las organizaciones animalistas que más tiempo lleva trabajando en esta idea. Tanto es así que, tras varias reuniones con diferentes gobiernos autonómicos, han conseguido que Madrid, Navarra, La Rioja y Baleares hayan aprobado una PNL para tratar de obligar al sector a grabar lo que ocurre en el interior de los mataderos y garantizar que, al menos, se cumplen con las leyes de bienestar animal. "Se trata de un sistema de cámaras en circuito cerrado. Las imágenes por sí solas no valen de nada, lo que pedimos es que, además, el Servicio Oficial de Veterinaria revisen periódicamente las grabaciones", manifiesta María Villaluenga, portavoz de la organización animalista, que acaba de lanzar una campaña para poner fin a los huevos de gallinas enjauladas.

Para Garmendía, que ha tenido que trabajar el sigilo para entrar en los mataderos, señala que lo positivo de colocar cámaras en el interior de los mataderos, sin embargo, reclama que las grabaciones trasciendan a la opinión pública. "Las imágenes obtenidas solo van a poder ser vistas por los servicios veterinarios y los propietarios de los mataderos que son, en muchas ocasiones, los responsables de que se incumpla la normativa de bienestar animal en estos lugares. Estos veterinarios son parte del problema y no de la solución. No se puede dejar la responsabilidad en sus manos", argumenta.

Francia e Israel son dos ejemplos de cómo el trabajo de los animalistas ha conseguido arrancar leyes que obligan al uso de cámaras de circuito cerrado. De esta forma se ha conseguido que los abusos sobre los animales que sí vulneran las leyes desciendan. Para Silvia Barquero, directora ejecutiva de la Fundación Igualdad Animal, "abrir la vista, incrementar la vigilancia es algo positivo, siempre que los que lo hagan sean independientes". No en vano, la activista pone su interés en "ir más allá" e incrementar la protección legal de los animales, ya que hay "muchás prácticas que, aunque queden registradas por una cámara, van a seguir siendo legales", bajo la óptica de las directivas europeas sobre bienestar animal.

El sistema de aturdimiento para el sacrificio de pollos es buen ejemplo de ello, ya que el 80% de estas aves, según los datos de la Open Wing Alliance (OWA), es sometido a un baño eléctrico de agua previo a ser degollados. Una práctica que no siempre es efectiva y que genera que muchos de los polluelos sean sacrificados en plena conciencia.

"Exigir por ley que se coloquen cámaras de vigilancia es algo muy positivo, pero quién va a ser el encargado de revisarlas es lo que debería preocuparnos", aclara Barquero. En ese sentido se abre un abanico de posibilidades que van desde los propios Servicios Oficiales de Veterinaria que trabajan para la administración pública, tal y como defiende Villaluenga, hasta la idea de permitir que el control pueda recaer también sobre colectivos sociales animalistas y de consumo que acrediten, además de que se cumplen las leyes en materia de bienestar animal, que los procesos de explotación animal no suponen también un riesgo para la salud de los consumidores.

La introducción de cámaras también debería llegar a la prensa, que en las escasas ocasiones que podido entrar en un matadero o en una granja industrial ha constatado las condiciones de vida deficientes en las que se mantienen los animales. Público pudo acreditar la crueldad de la industria del pollo en una reciente investigación con la colaboración de Igualdad Animal y Jordi Évole, en un reportaje mediático, hizo tambalear los cimientos de la industria al entrar en una granja de cerdos que abastecía a El Pozo. No en vano, se trata de casos aislados y, a menudo, investigaciones que se realizan de manera semiclandestina, por lo que los animalistas coinciden en lo positivo de trabajar para que las leyes den a los medios de comunicación la oportunidad de entrar en estos lugares.

"A nivel oficial, las visitas de los veterinarios no llegan a cubrir más del 1% de las granjas, por lo que sería positivo que organizaciones y prensa pudiéramos acceder", agrega Barquero. Por su parte, Garmendia, que durante años pone todos sus esfuerzos en documentar a realidad de mataderos y granjas, ve con buenos ojos estas medidas. "Si la sociedad entiende lo que sucede y a qué contribuye, de una u otra forma acabará tomando partido", zanja.

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