La peste de 1348, que se llevó por delante a la mitad de la población de Castilla y a más de un tercio de la de Aragón, dejó como objeto mítico el botafumeiro de la catedral de Santiago, cuya función original era neutralizar las "miasmas" de los peregrinos, unos supuestos efluvios malolientes a los que se achacaba la transmisión de la enfermedad. El objeto emblemático de eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad es la mascarilla, cuyo uso es obligatorio en todas las comunidades: en catorce, a las que este martes se suma Castilla-La Mancha, para todo tipo de actividades fuera del ámbito privado, mientras Madrid y Canarias aplican una normativa más laxa.

Esa, junto con un catálogo de confinamientos quirúrgicos por edificios y de anuncios de cierres de zonas geográficas que no en todos los casos lo son, ha sido la principal aportación de las comunidades autónomas a la gestión de la pandemia tras el levantamiento del estado de alarma el pasado 21 de junio y la desaparición del mando único que nunca existió.

La generalización de las mascarillas mientras avanza la investigación de la vacuna aparece como complemento, aunque a la vez con ciertos rasgos de impugnación, a una de las principales medidas del decreto de la nueva normalidad como fue la obligatoriedad de mantener una "distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros" con otras personas en las esferas no domésticas de la vida, como el trabajo, el ocio, la calle o los comercios.

El decreto, en una medida propuesta por Ciudadanos al Gobierno PSOE-UP, establecía que el uso de las mascarillas sería obligatorio "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros"

La medida ha sido adoptada o reforzada por varias comunidades en los últimos días, en los que la realidad epidemiológica incluye la existencia de dos centenares de brotes detectados por todo el país y una velocidad de 1.500 casos diarios, ya sea porque esa distancia no acaba de respetarse en la práctica o por otras causas, entre las que no parece menor el hecho de que casi dos de cada tres positivos sean asintomáticos y se detecten en los rastreos y que los hogares se hayan convertido en el primer escenario de contagios, con un 25% del total según un estudio del Instituto de Salud Carlos III.

La laguna de las elecciones vascas y gallegas

Dos comunidades autónomas, ambas consideradas históricas como Euskadi y Galicia, y la totalidad del arco parlamentario estatal con el Gobierno al frente se anotaron hace semana y media uno de los despistes de mayor calado que han aflorado en la nueva normalidad: nadie previó que, en plena pandemia, pudiera haber ciudadanos con derecho a voto, considerado fundamental, que pudieran sufrir en vísperas de las elecciones autonómicas un contagio que les llevara a una cuarentena sin opción de pedir el voto por correo.

Con los parlamentos autonómicos disueltos, la vía lógica era una reforma urgente de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen General Electoral) que resolviera una laguna que puede darse en las convocatorias de los próximos años en todo el país.

Sin embargo, la alternativa fue anunciar una prohibición que nunca llegó a ser regulada, acompañada en el caso vasco por una estridente apelación a las eventuales responsabilidades penales de quienes iban a quedarse sin ejercer un derecho, que hizo que los expertos en derecho constitucional se llevaran las manos a la cabeza.

La prórroga de los ERTE y la magnitud del desastre

No es la única laguna que sigue abierta: está en el aire cómo va a reanudarse el próximo curso tanto en las escuelas como en los institutos y las universidades y continúa siendo una incógnita la cuantía y las condiciones del plan de ayudas de la UE, mientras dos millones de trabajadores comienzan a ver cómo la incertidumbre sobre su futuro laboral comienza a transformarse en pesadumbre ante la lentitud y el escaso empaque de la recuperación económica.

La prórroga de los ERTE hasta finales de septiembre tras un trabajoso acuerdo cerrado el 24 de junio en la Mesa del Diálogo Social amplía la protección a algo más de un millón de trabajadores y unas 250.000 empresas que, de lo contrario, iban a encontrarse el 1 de julio ante la disyuntiva de levantar la persiana sin trabajo para toda la plantilla o de pasar de la hibernación al despido colectivo.

Eso tardará al menos tres meses en ocurrir, y lo hará en un escenario en el que la magnitud del desastre vendrá definida por la lenta recuperación de los servicios y la hostelería, que se enfrentan a un desplome de la demanda y a unas restricciones vacacionales desconocidas), mientras el histórico desplome de la actividad por el gran encierro, y especialmente el impacto en el turismo de las limitaciones de la movilidad, amenaza con dejar fuera del mercado laboral a otro millón de trabajadores que ya está teniendo más que difícil emplearse este verano.

Hasta ahí, lo más visible de este primer mes de nueva normalidad. Entre lo mucho invisible destacan algunos aspectos como los que comienza a detectar el equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza que está estudiando la percepción social de la pandemia: la nueva oleada de sondeos indica que más de la mitad de los españoles (52%) cree que su vida va a empeorar, especialmente en el ámbito económico, mientras valoración del Gobierno se dualiza y un 45% desconfía de él mientras un 47% confía.