Si el Orgullo de 2018 puso el foco en la personas trans para reivindicar los derechos de uno de los colectivos más discriminados e históricamente más vulnerables dentro de las siglas LGTBI+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales...), este año, este colectivo vuelve a ser el protagonista de las reivindicaciones y la agenda política del movimiento, cuando está a punto de aprobarse por parte del Gobierno el borrador para ley estatal que reconozca sus derechos. No ha sido un camino fácil, ni exento de controversias.

La ley por los derechos trans lleva más de un año encallada en disputas y políticas entre los propios socios de Gobierno. Presentada en febrero por el Ministerio de Igualdad, ha sufrido innumerables retrasos y cambios. Hace tan sólo unos días el Gobierno anunció que la ley iría al Consejo de Ministros el próximo martes 29 de junio y que sería aprobada durante la celebración del Orgullo. El texto, que se había presentado en un principio como dos leyes separadas, se ha refundido un solo texto, que englobará los derechos de las personas trans y de todo el colectivo LGTBI, aunque aún quedan flecos que peinar.

"La aprobación de la ley es la reivindicación por excelencia dentro del Orgullo, que es la herramienta política más potente que tenemos. Y este año lo volveremos a reivindicar en la calle (con todas las medidas de seguridad sanitarias), centrándonos en la necesidad de legislar los derechos humanos fundamentales del colectivo LGTBI en general y de las personas trans en particular, una realidad que todavía no está recogida en ninguna legislación estatal de nuestro país", afirma Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Transexuales, una de las organizaciones organizadoras del Orgullo.

El lema del Orgullo organizado en Madrid y que aglutinará la movilización más grande del país, lo dice claramente: "Los derechos no se negocian se legislan, ley integral trans ya". Entre sus objetivos: ocupar la Plaza de Colón de la capital para intentar eclipsar u opacar la concentración conservadora que ocupó este espacio recientemente. Como trasfondo, el pulso entre el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y las agrupaciones feministas respaldadas por el PSOE, y en especial por la vicepresidenta Carmen Calvo, con planteamientos sensiblemente diferentes sobre algunos puntos de la ley. Aunque coinciden en la necesidad de que el colectivo trans necesita tener una protección legal más sólida que garantice plenamente sus derechos, Unidas Podemos y el Partido Socialista han discrepado hasta la fecha en aspectos como la manera en la que debía ser legislada la "autodeterminación de género" o cómo garantizar que este reconocimiento de derechos al colectivo trans no merme en ningún caso los logros alcanzados en la lucha por los derechos de la mujer.

Desde el colectivo LGTBI+ afirman que seguirán luchando por algunos de los derechos que aún no están reconocidos en el borrador de la ley, pero que son derechos que deben ser garantizados plenamente, como "la necesidad de que los menores trans a partir de los 12 años puedan pedir el cambio de nombre y sexo sin cortapisas, incluir a las personas no binarias (aquellas que no se identifican como hombres ni como mujeres), garantizar el acceso a la reproducción asistida a mujeres lesbianas y bisexuales y de "personas con capacidad de gestar", que se han quedado aún sin regular, según señalan en la Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Transexuales.

Aumento de las agresiones y los discursos de odio

Desde el colectivo denuncian un incremento de los delitos de odio y de las agresiones a personas LGTBI y que estos están íntimamente ligados al aumento y la impunidad de los discursos de odio azuzados por la ultraderecha. Por eso reclaman que la ley que se tramite establezca claramente la LGTBfobia como un delito de odio, sobre todo cuando de usen en parlamentos o instituciones públicas y que sean penalizados. "Este Orgullo diremos: ni un paso atrás ante esos discursos de odio y condenaremos a la ultraderecha y a los Gobiernos que se sustentan gracias a la ultraderecha" y que promueven el pin parental (el veto en la educación) o las amenazas de revisar las leyes, tal como ha ocurrido en Madrid con la recién nombrada presidenta Ayuso. "Nuestros derechos no pueden ser moneda de cambio político hacia la ultraderecha", afirma Euge Sangil, presidenta del la FELGTB.

Otros grupos de gays, lesbianas y transexuales, agrupados en torno al colectivo Orgullo Crítico, muestran su total desacuerdo con los planteamientos del Gobierno con respecto a la ley trans y también hacia las actuaciones de lo que denominan como Orgullo tradicional o mainstream que, afirman, es un "producto de márketing" y que "defienden sus propios intereses", pero no los de las personas trans ni el de las minorías. "El borrador que va a aprobar el Gobierno es una farsa", explica Javier Bujarrabal, portavoz del este colectivo. "No es el texto que redactaron la propias organizaciones trans y que fue rechazado por el PSOE por estar en desacuerdo con la autodeterminación de género y cuerpo, aliándose con la extrema derecha", añade. Desde este colectivos se ha convocado una manifestación que, bajo el lema Ni sexo asignado, ni género demostrado, furia trans contra toda autoridad, recorrerá las calles de Madrid el próximo 28 de junio, día del Orgullo.