El 2008, el último ejercicio antes de la crisis económica mundial, las seis universidades públicas valencianas sumaron un presupuesto de 1.274.231.561 euros. Una década después, el 2018, estas mismas sumaban 1.195.969.100 euros. 81 millones menos en números absolutos, sin tener en cuenta la inflación. Y esto en cuanto al conjunto de centros. Si nos centramos, por ejemplo, en la Universitat Politècnica de València (UPV), la caída todavía es más acusada, con una reducción del 15% del presupuesto. 63,8 millones de euros sin contar, de nuevo, la inflación.

Estas son datos ofrecidos por el Sistema de Información de las Universidades Valencianas Públicas (SIUVP), un proyecto impulsado por la Universitat de València, la UPV, la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat d'Alacant y la Universidad Miguel Hernández (UMH), con el apoyo del Instituto Valenciano de Estudios Económicos (Ivie) para ofrecer todo tipo de indicadores sobre el estado de la educación superior en el País Valenciano.

Pero la base de datos del SIUVP permite encontrar otros muchos detalles interesantes. Durante esta misma década, el peso de los recursos públicos con los cuales el gobierno financia este tramo educativo han pasado de suponer un 76,1% a un 72,3% del presupuesto. Aquí las diferencias son menos notables, a pesar de que también las hay y, por ejemplo, en el caso de la UMH, la pérdida es prácticamente el 7% de su presupuesto.

Justo Herrera, vicerrector económico de la Universitat de València, explica que "nunca se ha recuperado la aportación de la Generalitat de los recortes escandalosos de los años 2010 – 2012" y denuncia que mientras el Botànic "ha hecho un esfuerzo presupuestario en los capítulos de sanidad y educación primaria y secundaria, este no ha llegado a la universidad, que continúa congelada".

La solución que encontraron las universidades fue mejorar sus recursos propios, que ya suponen el 21,3% de todos los ingresos, mientras que en 2008 solo suponían el 16,9%. Una buena parte de estas nuevas vías de financiación ingresos provenían de las fuertes subidas de tasas para los estudiantes que se produjeron entre el 2010 y el 2013. Esto comportó la expulsión de muchos jóvenes de rentas bajas de la educación superior. Ya al 2015, con el Botánico, se negoció una reducción de tasas del 15%, la diferencia de las cuales sería sufragada por la Generalitat. Una compensación, pero, que Herrera avisa que "no es suficiente".

Otra vía de ingresos han sido las subvenciones o convenios de investigación, tanto con instituciones públicas como con empresas privadas. Una entrada que, si bien ha permitido en las universidades valencianas mantener un "listón basta alto" en este campo, no sirve para solucionar los problemas de funcionamiento estructural de las universidades, puesto que estas ayudas están vinculadas expresamente a los proyectos de investigación. "Si bien aumenta el importe final del presupuesto, es un poco engañoso", explica Herrera.

Contención de gasto y precariedad

La situación de la última década ha obligado a las universidades a racionalizar el gasto a niveles insostenibles, recortando en capítulos clave como el mantenimiento de edificios e instalaciones o reduciendo la plantilla y quedando pendientes proyectos no tan inmediatos pero también imprescindibles como la digitalización. "Al final, algunos recortes se convierten en absurdas, puesto que si aparecen goteras en un edificio, tienes que acabar gastándote el dinero al repararlas y acaba resultando más caro", continúa Herrera.

En cambio, la partida donde parece que sí que se podía estrechar más y más el cinturón, era en el de la plantilla. "En los últimos años hemos ido sufriendo un proceso de empobrecimiento y precarización que en los últimos meses ha ido todavía a peor, puesto que el teletrabajo ha aumentado la carga de trabajo sin que se hayan aumentado los recursos o haya habido una compensación". Quién lo cuenta es Jorge Ramos, profesor asociado en la Universitat de València que el miércoles se sumó a la huelga para denunciar la situación. La figura laboral del profesor asociado, pensada en un principio para permitir que profesionales de diferentes sectores diesen algunas clases de carácter más práctico que complementasen la docencia tradicional, se ha ido pervirtiendo hasta convertirse en la base del profesorado. Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario cifra en un 34,2% de las plazas de profesor cubiertas por asociados al conjunto de las universidades valencianas.

Y es que al recorte económico hay que sumar la congelación de la tasa de reposición de funcionariado impuesta por la Ley Wert, que empujó a las universidades a forzar la normativa de los asociados para cubrir las bajas y jubilaciones. Pero estos profesores pueden hacer entre cuatro y 12 horas lectivas semanales como máximo, con salarios que sondan entre los 300 y 500 euros mensuales. "Hemos calculado que de media supone unos cinco euros la hora [sumando horas de clase, preparación, tutorías, correcciones, etc.], y en una realidad en qué muchos de nosotros no tenemos otro trabajo pero aguantamos con la esperanza de llegar un día a una plaza fija. El acceso a la docencia universitaria se ha convertido en una carrera para ver quién es capaz de aguantar más tiempo en esta situación", se lamenta Ramos.

Justo Herrera coincide en buena medida con Ramos, y reconoce que el asociado era "una figura útil" que se acabó usando para "cubrir la docencia normal y ahora se ha hinchado la bolsa de precariedad". También denuncia que desde el Gobierno no se los ha dejado implementar un estatuto del profesorado asociado que podría mitigar la situación.

El 2018, el profesorado asociado de la Universitat de València protagonizó una larguísima huelga reclamante, precisamente, este estatuto y denunciante que el País Valenciano es la única autonomía que todavía no lo ha aprobado. El miércoles volvieron a parar reclamando que no solo no se ha arreglado el problema sino que es todavía es peor.