Desde hace meses se suceden en Galicia manifestaciones, marchas y protestas vecinales contra los cerca de 300 proyectos de nuevos parque eólicos que tramita la Xunta, muchos de ellos previstos en zonas de enorme riqueza natural, paisajística, histórica y arqueológica. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, pero también el Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, están evaluando las correspondientes autorizaciones en medio de tal silencio y falta de transparencia que aparentan más sensibilidad hacia los beneficios de las eléctricas que hacia la inquietud ciudadana. Y todo revuelto por la polémica surgida por la subida del precio de la luz, en una de las comunidades que más electricidad produce y donde, paradójicamente, más cara la pagan sus habitantes.

"No estamos contra la energía eólica, sino contra la industrialización del monte y de un modelo energético depredador que beneficia a las eléctricas a costa de la naturaleza, el paisaje y las personas", dice Xilberte Manso, portavoz de SOS Groba, una asociación que quiere evitar que se instalen 44 aerogeneradores en la Serra da Groba y otros 13 en la colindante Serra do Galiñeiro. Son dos macizos montañosos que cruzan de norte a sur los municipios de Vigo, O Porriño, Gondomar, Baiona, Oia, O Rosal y Tui, con un paisaje espectacular sobre la costa y donde, según Manso, se concentra "la mayor densidad de toda la Península de yacimientos arqueológicos catalogados y sin catalogar".

SOS Groba pertenece a Rede Galega STOP Eólicos, que agrupa a una treintena de organizaciones que creen que la legislación actual, de hace 25 años, es demasiado laxa con los parques eólicos. Además, advierten de que la industria ha evolucionado y es capaz ahora de colocar molinos de 220 metros de altura allí donde antes no superaban los 30 metros, y que en Galicia la normativa autonómica permite instalarlos a 500 metros de una vivienda, con la correspondiente afectación para el futuro demográfico de las zonas rurales. "No hay uno solo de los municipios gallegos con aerogeneradores donde no haya caído la población en lo que va de siglo", subraya Manso.

La contestación social amenaza además con convertirse en un nuevo fiasco de la estrategia eólica de la Xunta. Hace cuatro años, la Justicia la condenó a pagar 3 millones de euros en indemnizaciones por haber anulado el concurso eólico del Gobierno anterior, de coalición entre el PSdeG y el BNG, que había distribuido proyectos eólicos a cambio de que los beneficiarios asumieran que el 14% de sus ganancias se dirigieran a ejecutar planes industriales y de desarrollo en las comarcas afectadas. Feijóo tumbó aquel plan a los cuatro meses de llegar a la Presidencia de la Xunta, y diseñó un nuevo reparto menos exigente con la industria.

Ahora, además de los parques previstos en la Serra de Groba y en la Serra do Galiñeiro, hay también solicitudes de autorización en la Mariña lucense, en la comarca pontevedresa del Deza, en los municipios coruñeses de Betanzos, Cabana, Mazaricos, Malpica, Ponteceso, Dumbría, Vimianzo, Coristanco... Uno de los que más rechazo ha levantado es el que la firma Desarrollos Renovables Iberia Gamma SL quiere explotar e la Serra do Eixo, en la frontera entre Ourense y Zamora, a escasos kilómetros de Peña Trevinca, la montaña más alta de Galicia. Iberia Gamma es una de las filiales españolas de Statkfrat, propiedad del Estado noruego, lo que da lugar a otra paradoja: la ministra de Energía de ese país, Tina Bru, acaba de asegurar que su Gobierno prevé en el futuro facilitar "un desarrollo limitado y más moderado de la energía eólica", según recoge la revista Luzes.

Galicia ya es la segunda mayor productora de energías renovables de España y la tercera en producción de energía eólica, con capacidad para poner cada hora en la red casi 4.000 megawatios de electricidad procedente de sus aerogeneradores, repartidos en 186 parques. Es decir, solo por detrás de Castilla y León, y de Aragón. Galicia produce el triple de eólica que Catalunya, que tiene tres veces más población, y más que Andalucía, que cuenta con tres veces más superficie. Un megawatio hora puede iluminar unas 330 viviendas durante ese tiempo, así que, si los nuevos proyectos se aprobaran, Galicia acabaría contando con capacidad para iluminar casi 2,7 millones de hogares. Según el Instituto Galego de Estatística solo tiene 1,3 millones de viviendas habitadas.

La comparación es obviamente equívoca, porque la electricidad no sirve solo para iluminar casas, sino también para que la industria funcione. Especialmente la electrointensiva, como sucede en el sector de producción de aluminio. Y en eso Galicia también se sitúa en otra sonrojante paradoja, ejemplificada en la factoria de aluminio de Alcoa en San Cibrao, en Lugo. Sus dueños, estadounidenses, han anunciado su cierre, que dejaría en la calle a unas 600 familias, porque el precio de la electricidad en Galicia les resulta demasiado caro. Lo paradojico es que, como explica Xilberte Manso, en solo cincuenta kilómetros a la redonda de San Cibrao hay más de 1.500 molinos aerogeneradores.

La situación ha servido al Bloque Nacionalista Galego (BNG), la segunda fuerza política de Galicia tras el PP de Feijóo, para armar un discurso basado en ese supuesto agravio comparativo, y a calificarlo de "expolio energético", en palabras de Néstor Rego, diputado de la formación en el Congreso y quien en una nota de prensa cuestionaba así la semana pasada los costes de la factura gallega de la luz: "Entre los cargos que ahora pagamos están algunos, como los de transporte, que correspondería pagar a quién consume nuestra energía a 600 kilómetros de distancia, y no a nosotros, que la producimos al lado de nuestras casas". Se refiere, claro, a Madrid, la única comunidad española que no cuenta con un solo generador eólico en su territorio, pero cuyo consumo eléctrico equivale al que genera Galicia en todo un año.

Rego reclama al Gobierno que paralice los nuevos parques, algo que ya había hecho meses antes que él, y no mediante declaraciones a los medios sino a través de varias iniciativas, Antón Gómez Reino, diputado del grupo parlamentario de Galicia en Común-Unidas Podemos-En Comú Podem. En una pregunta escrita dirigida en febrero pasado a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Gómez Reino recordaba que muchos de los nuevos parques proyectados en Galicia se encuentran en zonas que deberían figurar en el catálogo de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, y que la Xunta no los habría elevado a Bruselas en los plazos ordenados por la Comisión Europea porque lo que pretende es primar las facilidades para la instalación de molinos. El Ministerio de Ribera se limitó a contestarle que "no es competente" para valorar esa cuestión.

También alegó falta de competencias para pronunciarse, como le reclamó Gómez Reino, sobre los parques proyectados en la Serra da Groba, alegado que individualmente suman menos de 50 megawatios a la hora y que solo los que superan esa potencia deben ser evaluados por el Gobierno. Y ahí surge otra de las críticas que apuntan los ecologistas: las empresas trampean la ley fraccionando el mismo parque en tantos trozos como haga falta para que no superen los 50 megawatios y, así, contar con la supuesta aquiescencia de una evaluación ambiental más laxa por parte de la Administración autonómica. De hecho, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la concesión de dos parques en Mondoñedo (Lugo) porque, según los jueces, el proyecto "fue dividido artifciosamente por el promotor" para impedir que se evaluase correctamente su impacto paisajístico y ambiental. La Xunta y la empresa Norvento –la principal de Galicia de entre las eólicas que tienen mayoría de capital gallego– acaban de recurrir ante el Tribunal Supremo esa sentencia, según informa el digital Praza Pública.

Para las empresas, sin embargo, la división de un mismo proyecto en varios trozos no es una treta, sino la respuesta a una necesidad. "La fragmentación solo se hace para minorar riesgos. Los parques se van levantando gradualmente porque nadie arriesga 120 millones de una vez. La evaluación ambiental no solo no se suaviza con la fragmentación sino que su control se refuerza, porque hay que abrir un expediente por cada parque. En el caso de Mondoñedo son dos que se construyeron con una diferencia de seis años". Quien habla es Manel Pazo, presidente de EGA, la Asociación Eólica de Galicia, en la que se agrupan unas cuarenta empresas. Las hay grandes, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Villar Mir Energía; y medianas, como Greenalia y Norvento. Pero también pequeñas.

Pazo ya estaba en el sector eólico en 1987, cuando se levantó el primer aerogenerador de Galicia en Estaca de Bares, al norte de la provincia de A Coruña. "No había ecologista que no nos recibiera como la solución a la contaminación y al cambio climático, pero hoy nos quieren convertir en los malos por una motivación política", señala. "No se va a levantar ningún parque eólico que tenga la más mínima complicación ambiental, y no solo porque el sector tienen un compromiso elemental con eso, sino porque ninguna empresa se la va a jugar con un proyecto si se arriesga a que un pleito lo eternice en los juzgados".

El portavoz de la patronal eólica gallega alega además que las empresas solo cumplen las normas que les han impuesto las administraciones, y que las zonas en las que la industria presenta proyectos son las incluidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, aprobado en 1997 y modificado posteriormente con el apoyo de todos los partidos gallegos, incluidos los que ahora los cuestionan.

El presidente de EGA opina que la motivación política que estaría detrás de la contestación social a los nuevos parques, con independencia de que muchos proyectos sean medioambientalmente reprobables y no vayan a salir adelante, está haciendo un enorme daño "a un sector que podría ser el futuro de Galicia". "La apuesta por la energía eólica es una política de izquierdas. Nosotros somos ecologistas, producimos la energía más barata y estamos contribuyendo a que Galicia deje de contaminar el planeta con las 30.000 toneladas diarias de CO2 que sus centrales térmicas de carbón vertían a la atmósfera hace pocos años", dice, y añade: "No entiendo lo que está sucediendo ahora contra la energía eólica si no es acudiendo a esa motivación política, porque la verdad es que durante los cuatro años del Gobierno bipartito del PSOE y el BNG se autorizaron más parques eólicos de los que ha autorizado el PP en 12 años", señala.

Pazo reitera en varias ocasiones que proyectos como el de la Serra da Groba y el de Peña Trevinca, con evidente impacto ecológico, no se van a construir. Pero las miles de personas que asistieron hace dos semanas a una marcha por la sierra convocada por SOS Groba no se fían. Y denuncian que, aunque el proyecto aún está en proceso de tramitación administrativa, ya se han levantado allí dos estaciones meteorológicas, el paso previo a la instalación de generadores. "Puede que algunos parques finalmente no se construyan, pero si es así va a ser por la presión social", responde Xilberte Manso, quien critica a la Xunta y al Gobierno por la opacidad y el silencio con el que están gestionando el proceso. "No hay derecho a que la ciudadanía tenga que perder su tiempo y su dinero, contratando abogados y asesores, para defender algo que tendrían que defender nuestras instituciones", concluye.

Por su parte, la Consellería de Economía, Emprego e Innovación, que dirige Francisco Conde, quien ocupa también la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo de Feijóo, alega que la Xunta defiende "un desarrollo de las energías renovables en general –y de la eólica en particular– a través de proyectos que cuenten con las máximas garantías técnicas, jurídicas y ambientales", y que son sometidos a un riguroso proceso de evaluación según la normativa vigente, "que es la misma en Galicia que en el resto de España".

El departamento de Conde subraya además que ha informado desfavorablemente sobre 35 proyectos tramitados por el Gobierno y localizados "fuera de las áreas previstas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia". Pero le está resultando difícil convencer a quienes critican su modelo. Una polémica que se alimenta además de la reciente subida del precio de la electricidad, que indigna a muchas familias que tienen que plantearse planchar de madrugada para poder llegar a fin de mes, mientras las compañías eléctricas siguen obteniendo plusvalías multimillonarias explotando recursos naturales que son de todos. Solo entre Acciona, Endesa, Iberdrola y Naturgy, con miles de aerogeneradores en Galicia aunque tienen su sede social fuera del país, declararon el año pasado más de 5.000 millones de euros en beneficios netos. En el primer trimestre del 2021 ya van más de 2.000 millones.

La Rede Galega STOP eólicos ha convocado para este sábado a mediodía una manifestación en Santiago de Compostela a la que llama a unirse a quienes defienden un modelo de producción de energía eólica disinto al que ha puesto en marcha la Xunta. Coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente, ese en el que millones de personas de todo el mundo se manifiestan por un planeta azul y verde, en la creencia de que la rebeldía y la contestación social son lo que mueve el mundo a mejor, y de que empresas y gobiernos, en muchas ocasiones, no son gigantes, vuesa merced. Solo molinos.