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Pobreza energética Condenan a una mujer en situación de vulnerabilidad a pagar más de 5.000 euros a Endesa por el impago de unas facturas

El juez "acepta" la condición de la demandada pero considera que eso "no la exime" del pago de la deuda con la compañía eléctrica.

'A Rosa no la mató una vela, la mató la pobreza energética', uno de los carteles que se podían leer en la concentración en Valencia contra Gas Natural / EFE
"A Rosa no la mató una vela, la mató la pobreza energética", uno de los carteles que se podían leer en la concentración en Valencia contra Gas Natural / EFE

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El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida ha condenado a una vecina de la ciudad en situación de vulnerabilidad a pagar a Endesa 5.357,88 euros por el impago de unas facturas generadas durante los años 2015 y 2018.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la afectada vive en su vivienda amparada por la ley de pobreza energética, situación que evita el corte del suministro de la luz.

No obstante, aunque el juez "acepta" la condición de vulnerabilidad de la demandada, considera que eso "no la exime" del pago de la deuda con la compañía eléctrica.

La sentencia apela a las administraciones públicas a encontrar soluciones para que sean ellas las que abonen las deudas

En este sentido, la sentencia apela a las administraciones públicas a encontrar soluciones para que sean ellas las que abonen las deudas pendientes en estos casos. El juicio contra la vecina de Lleida se celebró el pasado 16 de septiembre y se convirtió en el primero de Catalunya por un impago de la factura de la luz por parte de una persona en situación de vulnerabilidad.

La leridana afectada vive en un piso del barrio de la Bordeta, padece diversas enfermedades y sufrió una ejecución hipotecaria, aunque logró acordar un alquiler social para poder quedarse en su vivienda.

Durante el día del juicio, se desplazaron hasta Lleida miembros de la Alianza por la Pobreza Energética (APE) para apoyar a la demandada y denunciar lo que consideran un "chantaje" en plena negociación del convenio entre la compañía y la Generalitat que, según la APE, "resolvería la cuestión de las deudas de familias vulnerables".

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