En la orilla del Besòs a su paso por Montcada i Reixac hay muchas chabolas. Están repartidas en varios asentamientos, a lado y lado del río. Son por lo menos 500, según un recuento provisional, donde malviven 300 personas y unos 40 niños. Hay habitantes que han vivido allí toda la vida, otros que van y vienen, algunos que tienen huertos y duermen ahí ocasionalmente, y otros que han llegado recientemente empujados por la precariedad, la pandemia y las sucesivas crisis. Era el caso de la pareja que murió intoxicada hace casi un año a raíz de la mala combustión de una estufa.

El accidente puso todos los focos sobre una realidad que no es nueva ni exclusiva de la zona y que se enmarca en una crisis de la vivienda generalizada que fuerza a miles de familias a vivir en infraviviendas que no reúnen condiciones mínimas de seguridad.

Cuando murieron Jéssica y Munir en Montcada, tan sólo hacía dos meses que habían perdido la vida también por el fuego una pareja y sus dos hijos en un local ocupado de Barcelona. Y un año del incendio en una nave de Badalona que se cobró tres víctimas mortales. Cerca de 60.000 personas viven en situación de exclusión residencial en Catalunya, según un recuento de la Generalitat de 2016.

Una de sus caras es el barraquismo en el Pla del Besòs, que al igual que en otras zonas del área metropolitana, es una realidad persistente. Lo confirman Julia y su familia, que ha vivido allí toda su vida. Junto a las vías del AVE y en diferentes barracas que han construido a lo largo de los años, ven cómo en los últimos meses han crecido las visitas inesperadas y están un poco preocupados por si les echan: "Si nos sacan de aquí , que nos pongan a mejor", reclama la matriarca.

En ese día lluvioso, dos de sus hijos intentan arreglar un poco el camino que pasa por delante de su casa, lleno de baches y muy embarrado. La familia vive en diferentes chabolas e incluso tienen una piscina de cemento que Julia explica que es para el verano, "para los niños".

"Es una verdadera favela en el área metropolitana, no es una forma digna de vivir para absolutamente nadie", sostiene la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, en una llamada con Público. Pese a la complejidad de la situación, es clara cuando afirma que "donde están no pueden estar", no sólo por las condiciones de vida sino también por peligros que van desde riadas hasta incendios, pasando por la dificultad de acceso de los servicios de emergencias. "El objetivo final es erradicar ese asentamiento".

Recopilar datos para poder actuar

Los desconocidos que últimamente se pasean más a menudo por los alrededores de la casa de Julia son trabajadores públicos que están haciendo un estudio para saber cuánta gente vive ahí realmente. El Ayuntamiento, la Generalitat, el Consorcio del Besòs y el Área Metropolitana de Barcelona han unido fuerzas para realizar diagnosis en el ámbito social, medioambiental, de riesgos, de seguridad ciudadana y también un informe jurídico. Estarán terminadas en el primer trimestre de 2023.

El objetivo es "tener una foto más real para saber qué necesidades tienen cada uno de los núcleos familiares que habitan de forma permanente" la zona, explica la alcaldesa. Identificar cuánta gente hay y qué necesitan es el primer paso, y después se definirán los pasos a seguir: "No habrá una solución lineal para todos porque las realidades son distintas", reconoce Campos.

El trabajo coordinado entre administraciones se inició a raíz del incendio en enero, cuando el Ayuntamiento de Montcada alzó la voz ante una situación que no tiene recursos para afrontar en solitario. El consistorio ya había desalojado algunas de las parcelas ocupadas y había comenzado un primer diagnóstico, pero no había podido ir más allá. "Superaba nuestros recursos", reconoce Campos. Ahora, se sienten acompañados y confían en poder hacer frente a la situación: "Por fin se nos ha escuchado, todo el mundo ha girado la mirada hacia este problema".

Albert Sales, investigador del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, diferencia la situación con la del chabolismo del siglo XX en Barcelona, que también existió en otras ciudades europeas. "El chabolismo actual tiene más que ver con el sinhogarismo que con un fenómeno de urbanismo informal como entonces", sostiene. Montcada se encontraría en un término medio por la mezcla de personas recién llegadas y las que llevan ahí toda una vida. "Es un terreno de nadie donde terminan las personas excluidas del mercado de la vivienda".

Aunque hay datos parciales, el sinhogarismo y sus diversas formas son difíciles de censar, especialmente en casos de ocupación de pisos vacíos, naves o construcción de barracas: "La situación de calle es la más visible de todas, pero hay muchísimas otras situaciones de infravivienda", apunta el experto.

Por eso es difícil saber cuántas barracas hay allí, pero también en el conjunto del área metropolitana. En Barcelona, en los últimos años se ha detectado a una población de entre 300 y 400 personas que viven en asentamientos, especialmente en solares ocupados. Hay en todos los distritos, pero sobre todo en Poblenou.

El hecho de que haya una alta movilidad de las personas sin hogar entre los distintos municipios del AMB hace que la coordinación metropolitana, que ya se aplica en cuestiones como la gestión de residuos o el transporte, sea "urgente": "Las personas excluidas de la vivienda no entienden de límites municipales. Tendemos a movernos más cuanto más precaria es la situación económica", dice Sales.

Todo ello se enmarca en una "crisis de vivienda" generalizada que dificulta la acción pública, y que Sales recuerda que no sólo afecta a las personas que viven en la calle o en barracas, sino a las que deben dejar su barrio por alquileres inasumibles o "familias enteras" obligadas a vivir en una habitación o pensiones temporales. Una realidad agravada por los "desahucios constantes ingestionables" que no se solucionará "con planes específicos para un lugar concreto", como Montcada, señala el experto.

Toda una vida en las barracas

Los cinco hijos de Julia, en la cincuentena, han nacido en el asentamiento. También sus dos nietos, de dos y cinco años. Todos los niños que viven allí están escolarizados, señala. También nació hace tres años el hijo de una pareja que vivía un poco más allá. Recientemente se han podido trasladar a un piso de protección oficial, aunque siguen viniendo todos los días al terreno. "Un piso le da cien mil vueltas a esto, pero si estás acostumbrado aquí, te cuesta", reconoce ella, mientras su marido limpia la chatarra que recogen para vender y poder comer, al igual que la mayoría de sus vecinos.

En la mayor parte de casos, el dinero que sacan no llega a los mínimos para poder pagar, ni siquiera, una habitación. Pero haber vivido siempre en esta situación de infravivienda y sentirse como en casa no impide que reconozcan los peligros que acarrea. Los incendios y riesgos ecológicos como los nidos de avispa asiática preocupan a la pareja.

El Ayuntamiento suma a estos factores el riesgo de inundación y también la amenaza medioambiental, ya que el asentamiento se sitúa a pocos metros del Parque Natural de la Cordillera de la Marina. El vertido de residuos y la afectación de los animales domésticos sobre la fauna salvaje son dos ejemplos del impacto que tiene la presencia humana en una zona calificada de interés paisajístico.

La situación de cada chabola, y de cada asentamiento, es diferente. Cerca de las vías del AVE, la mayoría tienen generadores y motores para sacar agua del pozo, una infraestructura que ha cogido desprevenido a alguno de los trabajadores públicos que están haciendo el estudio: "Les sorprendió incluso que tuviéramos tele", dice la mujer.

Al otro lado del río, José Núñez se muestra alejado de esa realidad. Su casa está unos kilómetros más allá, en Barcelona, pero desde que se ha jubilado viene todos los días para cuidar de su huerto y sus animales. Hace unos 15 años que compró este pequeño terreno, explica, al igual que otros de sus vecinos que dedican a ello su tiempo libre y tan sólo duermen ocasionalmente en las construcciones que han levantado en las parcelas.

Sin embargo, la diversidad de situaciones no implica que el Ayuntamiento lo trate de forma distinta: "Como administración nos equivocaríamos si hiciéramos diferencias entre las personas que empezaron con un huerto y a raíz de la crisis del 2008 vinieron a vivir y una familia que acaba de llegar. El problema es el mismo, y pasa por dignificar la vida de estas personas", concluye Campos.