Exporting Abortion, una investigación periodística internacional coordinada por Público, ha revelado que cada año más de 5.000 mujeres en Europa tienen que viajar a otro país distinto del que viven para abortar. España es el segundo destino más común. Nuestro país recibe cada año unas 1.750 mujeres extranjeras, la gran mayoría de ellas —algo más de 1.500— viajan desde otros Estados europeos.

España es el segundo destino más común para abortar en Europa: en los últimos cinco años han venido 7.824 extranjeras con ese fin

Se llaman Juliana*, María*, Gina* y Silvia*, aunque podrían ser Carmen, Lucía, Marta o Cloe porque sus nombres son ficticios. El anonimato que han solicitado para que sus historias se hagan públicas tras contarlas a Exporting Abortion es la única fórmula para mantenerse alejadas de la presión social a la que se podrían ver sometidas si se supiera que han abortado. Algunas hablan español con acento extranjero, mientras que otras no entienden una sola palabra de este idioma. Cruzan la frontera del país solas o acompañadas y son miles. Sus circunstancias son muy diversas, pero su cometido al llegar a España es el mismo: interrumpir un embarazo con el que, por un motivo u otro, no desean continuar. Con este objetivo, entre 2019 y 2023, alcanzaron nuestro país 7.824 mujeres residentes en el extranjero.

La media anual es de 1.565, pero acostumbran a ser más. Cada año algo más de 1.700 extranjeras emprenden esta ruta hacia España, aunque debido a la pandemia —que dificultó la movilidad internacional— las cifras bajaron en 2020 y 2021. La normalidad, recuperada a partir de 2022, también volvió a este tipo de viajes y en 2023 se superó la cifra de 2019.

La mayoría de extranjeras que vienen a España a abortar lo hacen desde países europeos: sobre todo desde Portugal, Francia, Andorra e Italia

Las mujeres vienen de muchos países. Entre 2019 y 2023 España ha recibido mujeres que vivían en 124 Estados distintos. Solo 40 eran europeos, pero su peso en los flujos de mujeres que acuden a abortar a nuestro país son mucho mayores. Especialmente en el caso de Portugal, Francia, Andorra e Italia. Ochenta de cada cien mujeres que viajan a España para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) vienen de alguno de estos cuatro países.

En general, las mujeres acuden a España a abortar porque la legislación vigente en sus países de origen no les permite hacerlo —o no en las condiciones en las que ellas desean—. Principalmente, porque han sobrepasado las semanas de gestación en las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en su país o porque, incluso, está completamente prohibido, como es el caso de Andorra. Algunas europeas también vienen a nuestro país porque, aunque en el suyo estén dentro del plazo legal, la objeción de conciencia es tan común que no existen médicos que lleven a cabo abortos en su región.

El plazo para abortar varía en cada país y en Europa oscila entre las 10 semanas de gestación de Eslovenia, Portugal o Croacia y las 24 de Países Bajos. En otros lugares el aborto voluntario a petición de la mujer está directamente prohibido, como es el caso de Andorra, pero también el de Polonia y Malta. Estos dos países, eso sí, reconocen algunas excepciones en las que se permite el aborto, como cuando existe riesgo para la vida de la mujer. Además, Polonia también permite el aborto en el caso de que el embarazo sea resultado de un acto delictivo, como una violación. Andorra, en cambio, ni siquiera tiene en cuenta estas situaciones: el aborto está completamente prohibido. Esto convierte al micro-Estado en uno de los pocos países europeos que continúan vetando las interrupciones del embarazo en todos los casos. Cada año más de cien mujeres residentes en Andorra se ven obligadas a viajar a nuestro país para abortar.

Les ocurrió a Silvia* y a Gina*, cuyas historias son muy diferentes. La primera tenía 26 años cuando se quedó embarazada y deseaba ser madre. La segunda fue víctima de una violación grupal cuando tenía 14. En un estadio avanzado de gestación, Silvia recibió la noticia de que el feto era inviable. Gina supo que estaba embarazada con la primera falta de la menstruación.

"El aborto ya es una experiencia lo suficientemente dura como para tener que hacerlo a 200 kilómentros de casa"

"Visité a muchos doctores y todos me dijeron que el embarazo era completamente inviable", explica Silvia al equipo de Exporting Abortion. "En un caso así, quería estar en casa y no tomar un autobús de más de tres horas", reflexiona la mujer. "El aborto ya es una experiencia lo suficientemente dura como para tener que hacerlo a 200 kilómentros de casa". 

En el micro-Estado, el aborto continúa estando tipificado en el código penal y puede acarrear penas de prisión. Por eso, incluso en el caso de una violación como la que sufrió Gina, partir hacia Barcelona es, para muchas, la única salida. Además, la presión social y el miedo a ser descubiertas es total en este contexto. "El malestar tiene que ver con las construcciones sociales patriarcales, con no cumplir el rol de la buena mujer", desgrana la psicóloga Raquel Gómez, del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, un servicio de atención integral en salud sexual y reproductiva para jóvenes. "Y si la legislación no da permiso para que las mujeres aborten, la estigmatización es aún mayor". 

Catalunya, el principal destino

Las andorranas acuden casi todas a Catalunya. La cercanía es uno de los factores por el que eligen esta comunidad para abortar —especialmente la ciudad de Barcelona, donde además de centros sanitarios públicos, hay varias clínicas privadas que realizan abortos—. Al fin y al cabo, cuando las mujeres tienen que viajar para poder acceder a una interrupción del embarazo acostumbran a optar por un país vecino, algo que ocurre en toda Europa, tal y como ha mostrado Exporting Abortion. Por ello, es lógico que los tres principales flujos de mujeres acudiendo a España vengan de Portugal, Francia y Andorra.

Público ha obtenido, a través de solicitudes al amparo de la ley de transparencia, los datos del total de las IVE realizadas a extranjeras en varias comunidades autónomas. Entre ellas, las principales involucradas en este fenómeno, Catalunya, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid y Andalucía, y otras con menos peso pero en las que también se registran IVE de este tipo, como la Comunidad Valenciana y Baleares. Entre las siete concentraron 1.685 de los 1.717 abortos a mujeres que residían en otros países en 2022 —último año para el que se han obtenido datos de las siete comunidades—.

Los datos sobre las IVE realizadas en cada territorio son una información que recopilan las Consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma después de recibir la notificación de cada caso por parte de los centros sanitarios que las realizan —tanto de los públicos como de los privados—. Luego las consejerías se encargan de remitir la información al Ministerio de Sanidad, que unifica y centraliza los datos para todo el Estado.

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Gracias al análisis de la información obtenida del Ministerio de Sanidad y de algunas comunidades autónomas, Público ha podido comprobar que Catalunya es el destino favorito para quienes viajan a España desde el extranjero para abortar. En 2022, el 54,63% de los abortos de este tipo fueron en esta región. Este porcentaje equivale a 938 interrupciones del embarazo: más que los abortos a mujeres que vivían en otros países que tuvieron lugar en Reino Unido —576— o en Alemania —615— ese mismo año.

Hasta Catalunya viajan, sobre todo, quienes viven en Andorra —con una media de 127 mujeres al año— y Francia —con una media de 448—. Las portuguesas, en cambio, eligen más como destino Extremadura —con una media anual de 337 mujeres—, Galicia —103—, Madrid —48— y Andalucía —24—. Los datos muestran de forma inequívoca que las rutas están condicionadas por la cercanía territorial.

Aún así, Catalunya se muestra de forma clara como un destino fundamental para las extranjeras de cualquier lugar. En 2022 vinieron a abortar a España mujeres de 74 países distintos. De 65 de ellos hubo al menos alguna mujer que lo hizo en Catalunya. Además, la comunidad también recibe flujos importantes de otros Estados. Es el caso de Italia: cada año una media de 91 mujeres residentes en este país abortan en Catalunya.

Las matemáticas del aborto

España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos reproductivos de toda Europa, según reconocen los expertos con los que ha hablado Exporting Abortion. En 2010, durante la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE), se aprobó la ley del aborto que aún hoy —con algunas reformas— sigue vigente. La norma contempla tres plazos en los que está permitido interrumpir el embarazo. El primero de ellos es el que abarca desde el inicio de la gestación hasta la semana 14, a contar desde el primer día del último ciclo hormonal de la mujer —es decir, el primer día de regla—. Durante ese plazo las mujeres pueden abortar en España a petición. O lo que es lo mismo: sin necesidad de argumentar o justificar por qué lo van a hacer.

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Los siguientes plazos son extraordinarios. El primero comprende entre la semana 15 y la semana 22 de gestación y el segundo, desde que acaba el plazo anterior hasta el final del embarazo. Para abortar en alguno de estos períodos tienen que darse una serie de condiciones que deben ser aprobadas por el personal médico y que tienen que ver con la salud —física y mental— de la gestante o con la del feto.

Si bien la ley no es perfecta, el plazo para abortar voluntariamente supera en más de un mes al de Portugal. El país luso estableció en 2007 un límite de 10 semanas para abortar libremente. Este plazo, según explican los expertos, puede ser fácilmente superado antes de que la mujer se dé cuenta de que está embarazada. Esto fue lo que le ocurrió el año pasado a Juliana*, una mujer brasileña residente en Portugal que ya tenía un hijo.

Juliana supo que estaba embarazada en la semana 13 de gestación. No tuvo ningún síntoma durante los primeros dos meses y medio, a excepción de un persistente dolor de estómago que no vinculó a esa posibilidad. Fue al indagar en esta dolencia cuando, finalmente, se enteró de que estaba embarazada. Lo tenía claro: no quería ser madre. Así que llamó a todos los hospitales que pudo, donde la rechazaron sistemáticamente por haber excedido el plazo legal para abortar en Portugal. "Estaba desesperada y asustada", relata. "Me dijeron que la única alternativa legal era continuar con el embarazo y dar al niño en adopción".

Tras dos días de desesperación, la asociación portuguesa Observatório da Violência Obstétrica le mostró la luz al final del túnel y le habló de la "opción española". "Estaba completamente devastada y fue duro, pero no podía rendirme porque no tenía otra opción", afirma la mujer. En abril de 2024, condujo una hora desde Oporto, donde vivía, hasta la Clínica Castrelos, situada en Vigo. El día que abortó, según contó a Expresso —medio portugués que forma parte de la investigación Exporting Abortion—, había en la sala de espera unas siete mujeres, de las cuales cinco eran portuguesas.

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De hecho, mientras el número de andorranas que aborta en España se mantiene estable a lo largo de los años y el de francesas ha descendido —debido a una reforma de su ley para hacerla más garantista en 2022—, cada vez más portuguesas acuden a nuestro país para poder acceder a una IVE.

A Juliana le practicaron un aborto instrumental —también conocido como quirúrgico— al final de la semana 13 de gestación, apenas un par de días antes de alcanzar la 14, que en Galicia se considera el límite de tiempo para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo. Este plazo varía de una comunidad autónoma a otra en función de la interpretación de la legislación que hace cada Administración. El artículo 14 de la ley española dice que "podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada". Hay clínicas y comunidades autónomas que interpretan esto hasta el final de la semana 14 de gestación, es decir, hasta la semana 14 y seis días, como sucede en Andalucía o Catalunya. En otras, como ocurre en el caso de Galicia, se ha establecido informalmente que es hasta la semana 13 y seis días.

Público ha obtenido el registro detallado de las IVE realizadas a extranjeras en tres comunidades: Catalunya, Baleares y Andalucía. Estos recogen, por ejemplo, el motivo de las IVE, las semanas de gestación o el lugar de residencia de la mujer. Las otras comunidades no han facilitado información o no de forma tan completa. No ha habido casos de portuguesas acudiendo a abortar a Baleares, pero sí en Andalucía y Catalunya. En la primera comunidad, 120 entre 2019 y 2023. En la segunda, 51 entre 2019 y 2022.

El 69,01% estaban al menos en la semana 11 de gestación, cuando el aborto ya no es libre en su país. Los casos más frecuentes eran, de hecho, los de la semana 13 y 14, las últimas en las que se puede optar a una IVE de forma voluntaria sin mayor explicación en España.

Para José Antonio Bosch, jurista experto en aborto y asesor de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), esta variación de siete días entre la forma de contar los plazos de unas comunidades y otras "es un debate que ya cerró el Tribunal Constitucional" (TC). En 2023 el TC dictó la sentencia 44/2023, en la que rechazaba el recurso de incunstitucionalidad presentado por el PP sobre la ley del aborto de 2010. En la sentencia, el Constitucional también establecía que el primer plazo para abortar abarca hasta el final de la semana 14 de gestación, momento en el que empezaría el siguiente plazo. Según Bosch: "El TC no deja ninguna duda".

Aunque, observando lo que ocurre en otros países europeos, parece que la interpretación más común en el continente es contabilizar las semanas de la forma más restrictiva. Ocurre en Francia, donde hasta el año 2022, solo estaba permitido el aborto hasta la semana 14 de gestación, al igual que en España. Sin embargo, según confirmó a Exporting Abortion la hispanofrancesa, Julie Samoyault, fundadora de la agencia Travel Abortion, había muchas mujeres que viajaban de Francia a España para abortar debido a este margen de siete días extra que existe en comunidades como Catalunya.

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Rumbo a España cuando expira el plazo

En marzo de 2022 la Asamblea Nacional de Francia aprobó una reforma de la ley del aborto y amplió el plazo para interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 16 de gestación. Es decir, dos más que en España. Este margen cambió los flujos que se daban hasta el momento en la frontera hispanofrancesa. Entre 2019 y 2022, un total de 1.793 mujeres residentes en Francia abortaron en Catalunya: el 93,09% de las que lo hicieron en el conjunto de España.

Los datos de las que abortaron en Catalunya son claros. Entre 2019 y 2021, el 94,32% de las mujeres que venían desde Francia superaban la semana 14 de gestación. Ahora ya no acuden tantas, aunque en 2022 el 80,65% de las que hicieron ese viaje superaban el nuevo plazo de 16 semanas.

Según su propia experiencia ayudando a mujeres de un lado y el otro de la frontera, Samoyault coincide en que, con el cambio de ley en Francia, sigue habiendo muchas mujeres francesas que viajan para abortar en Catalunya a partir de la semana 16 de gestación. "Cuando se dice que la ley española es hasta las 14 semanas se da a entender que después de este límite ya no se puede abortar en España y no es cierto", abunda la experta. "La ley española permite hasta las 22 semanas con ciertos requisitos mientras que en Francia prácticamente no se puede abortar después de la semana 16 de gestación".

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Lo mismo pasa con las italianas, quienes acuden principalmente a Catalunya. Su ley permite abortar con cierta flexibilidad hasta la semana 12 de gestación, por lo que no sorprende que el 81,04% de las mujeres residentes en este país que acudieron a Catalunya para abortar entre 2019 y 2022, estaban embarazadas de 13 semanas o más. Este flujo entre Italia y Catalunya, a pesar de que los dos territorios no comparten fronteras, está creciendo año tras año.

La antropóloga Silvia de Zordo, investigadora principal del proyecto académico European Abortion Access, explica que, según los estudios que realizó el equipo que coordinaron desde la Universidad de Barcelona, "la principal razón por la cuál viajan" las mujeres en Europa "es que han excedido el límite de tiempo para el aborto establecido normalmente al final del primer trimestre de embarazo". Esta investigación también estudió las causas por las que muchas excedían este plazo. En el caso concreto de Italia, la objeción de conciencia ocupaba un papel muy relevante. 

Comparado con Italia, "en España no hay un problema serio con la objeción de conciencia". Esta se suple con los servicios de las clínicas privadas mediante conciertos con las Administraciones públicas, explica la experta. En Italia, en cambio, la mayoría de los abortos se realizan en hospitales públicos. Según las estimaciones de De Zordo, "las tasas de objeción de conciencia en Italia son de media del 67%". "Esto significa que en regiones en el sur, donde la media se eleva hasta el 80%, hay hospitales en los que, sencillamente, no se presta el servicio". Estas elevadas tasas obligan a las mujeres italianas a salir del país para buscar otras opciones.

"Restringir el aborto pone en riesgo la vida de las mujeres y hace que solo aquellas con dinero puedan acceder viajando a terceros países"

Lo que demuestra constantemente la historia es que, allí donde ha habido restricciones al aborto, las mujeres han encontrado otras fórmulas para poder acceder al mismo. Para Lina Gálvez, eurodiputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, "que haya legislaciones restrictivas no limita los abortos", sino que "pone en riesgo la vida de las mujeres" y hace que "solo aquellas que tengan dinero puedan viajar a terceros países a practicarse un aborto".

Según la eurodiputada, que también es experta en género e igualidad, la situación actual en Europa evidencia que restringir el aborto "no es una medida para aumentar la tasa de natalidad". Porque, de todos modos, "las mujeres que no quieren tener un hijo no lo van a tener; o al menos van a intentar no tenerlo".

Primer plazo extraordinario: una tabla de salvación

Es el caso de María*, una portuguesa de 37 años, que abortó en España en 2024. Tiene un niño de diez años y hace tiempo que decidió que no quería volver a ser madre: toma la píldora anticonceptiva y acude a sus revisiones ginecológicas de forma regular. En febrero de 2024 se hizo una citología y todo parecía correcto. Por eso, cuando unas semanas después le dijeron que estaba embarazada de 18 semanas, se quedó en shock. Ya no podía hacer nada. Tal y como le explicó el doctor, el aborto estaba "fuera de discusión". 

María entró en pánico y pensó en provocarse un aborto con una aguja de tejer o en abortar con fármacos por su propia cuenta. Su idea era utilizar misoprostol, el medicamento por excelencia para interrumpir un embarazo y que, según su prospecto, solo puede utilizarse sin acompañamiento de otro método, como mucho, hasta la semana 12 de gestación. Finalmente, la Associação de Planeamento Familiar de Lisboa le indicó que podía intentarlo en una clínica española situada en la provincia de Badajoz, a cinco kilómetros de la frontera. Con más de 18 semanas de gestación, María había superado con creces las 14 semanas en las que se permiten las IVE de forma libre en España.

Pero le recomendaron cruzar la frontera hasta Extremadura porque aún estaba dentro de ese primer plazo extraordinario que contempla la ley española. En ese plazo se permite abortar cuando hay una anomalía fetal grave o un riesgo para la vida o para la salud de la madre. En este último supuesto entra también la salud mental. Eso sí, en cualquiera de los casos hace falta un dictamen favorable emitido previamente por un médico distinto al que va a realizar la IVE. Por eso, a María le evaluó un psiquiatra que determinó que el embarazo no deseado estaba causándole algún tipo de daño psicológico. Según ha explicado a Exporting Abortion, la mujer desconoce cuál fue el detalle concreto recogido en aquel informe.

Este diagnóstico fue la puerta para acceder a la interrupción del embarazo. Al día siguiente le practicaron un aborto instrumental —por el que tuvo que pagar 1.900 euros—, que según le indicaron era lo adecuado en su estadio de gestación. Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo creen que la facilidad con la que se puede acceder a un aborto instrumental en España es otra de las razones por las que algunas extranjeras eligen nuestro país para interrumpir su embarazo.

Esta facilidad para practicar el método instrumental no es necesariamente característica de todos los países. Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI, destaca Holanda y Alemania, como otros de los Estados europeos donde llevan a cabo abortos instrumentales, como los realizados con el método de la aspiración. Otros países priorizan el método farmacológico por encima del instrumental, como ocurre en Eslovaquia. Esto puede deberse al elevado número de médicos que se niegan a practicar abortos —objetores de conciencia— o a la escasez de clínicas especializadas en esta técnica.

En España, pese a que se prioriza el instrumental, el método farmacológico va ganando terreno, para celebración de los movimientos feministas, que consideran que potencia la autonomía de las mujeres al permitirles decidir dónde abortar y junto a quién. Las clínicas, en cambio, critican ampliamente la generalización de este método, con el que creen "que la Administración se quita muchos problemas con la objeción de conciencia", destaca Rodríguez, ya que "los médicos dan la pastilla y el aborto ya no lo hacen ellos".

Para Silvia de Zordo, en cambio, esta es, precisamente, la razón por la que hay que ampliar el uso del método farmacológico, especialmente allí donde la objeción de conciencia no da posibilidades a las mujeres. En declaraciones para Exporting Abortion recuerda que "la OMS declaró en sus últimas guías de 2022 que el aborto autogestionado farmacológicamente con el apoyo de personas capacitadas que no tienen por qué no ser médicos, es seguro".

El peso de la salud mental

Acceder al aborto en el primer plazo excepcional "no suele ser un trámite complejo", apunta la vicepresidenta de ACAI. Rodríguez explica que la mayoría de las clínicas "tienen una persona especialista en psiquiatría de referencia". "Si las mujeres no traen ningún dictamen, esa persona las evalúa y, si cumplen los requisitos, se hace uno".

Según los expertos consultados por Exporting Abortion, viajar para abortar siempre genera cierto dolor emocional. La psicóloga Raquel Gómez explica que esto se debe, entre otras cuestiones, al estigma existente alrededor del aborto: "¿Por qué? Porque nos estamos saltando uno de los mandatos de género más potentes en las mujeres [la maternidad]. Durante años, la sexualidad de la mujer no ha estado vinculada con el placer, sino con la reproducción". A ello se le suma "el estigma" y "la culpa" que acarrean por abortar lejos de casa, "como si fueran delincuentes".

El impacto de estas emociones en la mujer debe ser evaluado por un experto en la materia. Para Jordi Baroja, director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya, el problema de salud de la gestante, permite cierto "margen de interpretación profesional", sobre todo, cuando se trata de analizar la afectación a su salud mental. "Hay profesionales a los que les tiembla más el pulso y otros que autorizan el aborto [por criterios de salud mental], siempre que sean medibles y objetivables".

Abortar en el primer plazo excepcional que recoge la ley española es mucho más sencillo que en el segundo y último, que empieza en la semana 22

Como muchas otras cuestiones, que el concepto "salud" de la gestante englobe su situación emocional también depende del territorio en el que esta se encuentre. En cualquier caso, este primer plazo excepcional resulta mucho más laxo que el segundo y último, que comienza tras la semana 22 —o al comienzo de esta, de nuevo, según la interpretación que haga cada comunidad o cada clínica— y termina al final del embarazo.

Durante este último período, solo se permite el aborto cuando "se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".

Hay más extranjeras que acuden a España para abortar en el primer plazo de excepciones que durante las primeras 14 semanas de embarazo

De hecho, los datos muestran que hay más extranjeras que acuden a España a abortar en ese primer plazo extraordinario que durante las primeras 14 semanas de gestación. Entre 2019 y 2022 en Catalunya, Baleares y Andalucía se han registrado 1.596 IVE a mujeres residentes en otros países en el plazo en el que el aborto es libre en nuestro país. En cambio, la cifra asciende hasta los 2.039 abortos en el caso de las mujeres entre la semana 15 y la 22 de embarazo.

De su propio bolsillo

Menos frecuentes son los casos a partir de la semana 23, cuando se necesita el visto bueno de los comités clínicos. En esas tres mismas comunidades se han practicado cinco interrupciones en este plazo. El que se llevó a cabo en un estadio de gestación más avanzado fue el de una residente en República Checa, que interrumpió su embarazo en un hospital público catalán cuando se encontraba de 37 semanas. 

Según quedó registrado, el motivo por el que se llevó a cabo el aborto era una "enfermedad muy grave e incurable del feto". La IVE corrió de su bolsillo, como ocurre en la mayoría de casos en los que una mujer que reside en el extranjero viaja a España a abortar.

De hecho, de esas 3.640 residentes en el extranjero que abortaron en las tres comunidades autónomas solo a 222 la interrupción les fue financiada públicamente: el 6,10%. El resto tuvieron que pagar el coste —independiemente de si abortaron en un centro sanitario público o en una clínica privada—.

Varias fuentes consultadas por Exporting Abortion confirman que los casos en los que estas intervenciones a extranjeras son cubiertas por el sistema sanitario español son poco frecuentes y que la gestión para ello no es sencilla. Incluso aunque dispongan de la tarjeta sanitaria europea, como confirma Eva Rodríguez.

Los abortos en las clínicas privadas, a donde acuden casi todas las extranjeras, pueden oscilar entre los 300-400 euros de un aborto farmacológico hasta los casi 2.000 euros de un instrumental realizado en un estadio avanzado de gestación. De esta forma, la capacidad económica de la mujer que va a abortar se convierte en una característica fundamental más para poder acceder a una IVE segura.

Para Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, tras esta desigualdad y las diferencias de acceso entre unos países y otros se encuentra "el verdadero problema". "El asunto es que las mujeres tengan el derecho a abortar garantizado en cualquier sitio. Algo por lo que la Unión Europea podría trabajar para que el derecho sanitario sea más común que el que tenemos hoy con la tarjeta sanitaria europea".

Exporting Abortion es una investigación periodística transnacional coordinada por Público en colaboración con medios y periodistas de toda Europa. La investigación al completo se puede leer aquí. Los periodistas que han participado en ella son, en orden alfabético, Joana Ascensão (Portugal - Expresso), Kristina Bohmer (Eslovaquia), Magdalena Chrzczonowicz (Polonia - OKO.press), Mayya Chernobylskaya (Alemania), Nacho Calle (España - Público), Maria Delaney (Irlanda - The Journal Investigates), Joanna Demarco (Malta), Armelle Desmaison (Francia), Emilia G. Morales (España - Público), Bru Noya (Andorra), Apolena Rychlíková (República Checa), Órla Ryan (Irlanda - The Journal Investigates), Sergio Sangiao (España - Público), y Margot Smolenaars (Países Bajos).

Esta investigación ha sido apoyada por Journalismfund Europe.