Qué son los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, por qué son imprescindibles y cómo funcionarán

Cuando Esther (nombre ficticio) cumplió 80 años, decidió llamar al centro de crisis de su localidad (Santa Bárbara, California), para contar lo que guardaba en secreto desde hacía muchas décadas. Explicó telefónicamente a las trabajadoras que de pequeña había sido abusada sexualmente, que nunca lo se lo había contado a nadie "y no quiero irme a la tumba con este peso". Entonces se le asignó una consejera que fue durante varios meses a casa de la anciana, hasta que ésta quedó en paz con su historia. Así lo relatan Barbara Tardón y Tania Sordo, dos expertas en violencia de género, en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid en 2018 para conocer en profundidad cómo funcionan los centros de crisis para víctimas de violencias sexuales, con la finalidad de poner en marcha el primer centro de estas características que se inauguró en España.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Igualdad, el presupuesto para la creación de otro medio centenar de estos centros, lo que garantizará que cada provincia de nuestro país cuente con uno de estos recursos, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En total, supondrá una inversión de 66 millones de euros que saldrán del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que se distribuirán en dos años (casi 20 millones en 2021 para comenzar a instalar la infraestructura y otros 46 millones en 2022). Este proceso deberá concluir con los 50 centros plenamente operativos en 2023.

"Se trata de un paso importantísimo para las víctimas de violencia de sexual y lo que está haciendo España es cumplir con las obligaciones internacionales. El Consejo de Europa ya pedía en 2008 a los Estados miembro que instauraran uno de estos centros de crisis por cada 200.000 mujeres". Esta obligación se trasladó posteriormente al Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014", explica Tania Sordo, jurista y experta en violencia de género. "Se trata de centros muy relevantes, en los que no se le exige a la víctima que denuncie para poder tener acceso al acompañamiento y a la atención que necesita". Además, explica esta experta, no sólo tratan la violencia presente, sino que tienen acceso a ellos las mujeres que han sufrido esta violencia en el pasado y que por diversos motivos no la han podido contar o sanar. "En el curso de la investigación entendimos que el concepto de crisis no significa que la agresión acabe de ocurrir, sino que puede haberse producido en el pasado, pero que por alguna crisis presente se vuelve a revivir lo ocurrido y necesita atención". 

Sólo un 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual la denuncia

Según los datos arrojados por la última macroencuesta sobre violencia de género realizada por Ministerio de Igualdad, el número de denuncias por violencia sexuales en nuestro país es muy bajo. Según el estudio, un 13,7% de las mujeres a partir de 16 años han sufrido este tipo de violencia, pero sólo el 8% lo denuncia. Sin esta denuncia, hasta el momento, son pocos los servicios y los apoyos con los que pueden contar una víctima. Por eso este tipo de centros son clave y han sido una reivindicación por parte de diversos actores de la sociedad vivil. 

Tal como explica el Ministerio de Igualdad, estos centros de crisis (conocidos como Rape Crisis Centers en inglés), funcionarán 24 horas, los siete días de las semana y atenderán a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual. Así mismo también se atenderá a las familias o personas cercanas a la víctima que por las circunstancias particulares necesiten acompañamiento, "consejo" o información. No será necesaria la interposición de una denuncia para acceder a la atención y el acompañamiento se adaptará a los tiempos y las necesidades que tenga la víctima, que estará siempre en el centro. 

Los equipos tendrán una composición multidisciplinar, con personal especializado en psicología, derecho y trabajadores y educadores sociales y estarán formados en violencia contra la mujer, violencia sexual, derechos humanos, interseccionalidad y enfoque de género. Una de las características es que los equipos de estos centros estarán constituidos principalmente por mujeres, puesto la práctica evidencia que las mujeres cuentan su experiencia a otras mujeres. 

"El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola y que las puertas institucionales para que esas mujeres puedan sentirse seguras, acompañadas y protegidas frente a las violencias machistas sean cada vez mas grandes", afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero, este martes tras el consejo de Ministros.

Se necesitan protocolos comunes

Es un comienzo positivo, afirma Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional en declaraciones a Público. Para esta organización es importante que se de una respuesta integral a todas la forma de violencia de género, no solamente a las que ocurren en el ámbito de la pareja o expareja. Desde hace años Amnistía viene exigiendo la creación de estos centros de crisis, "pero habrá que dotarlos con presupuestos y recursos humanos adecuados y garantizar que son accesibles para las mujeres en cualquier contexto", advierte Álvarez.

La falta de protocolos de actuación comunes genera grandes desigualdades en la atención a las victimas

En 2018 Amnistía Internacional realizo un exhaustivo informe sobre las vicisitudes que sufren las víctimas de violencia sexual en diversas comunidades de nuestro país cuando buscan asistencia o quieren denunciar la violencia sexual que han sufrido. En el informe Ya es hora de que me creas, afirmaba que las víctimas de este tipo de violencias "se encuentran en un escenario de total desprotección" y que la falta de protocolos de actuación comunes genera grandes desigualdades en la atención, que muchas veces es "revictimizadora". 

Por eso, a pesar de considerar que lo anunciado por el Gobierno este martes es una excelente noticia, Álvarez afirma que es imprescindible "no reproducir la misma problemática que hemos tenido con la ley integral contra la violencia de género con las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o exparaja, que al final las que están en la zonas rurales no acceden a los mismos servicios que las que viven en la capital y se perpetúan desigualdades y disparidades en el acceso a la asistencia. Este es un riesgo que se corre". Esta experta recuerda que el Consejo de Europa pide un centro de estas caractarísticas por cada 200.000 mujeres, y que aún estamos lejos de garantizarlos.

Otra de las recomendaciones que subraya esta Álvarez es la necesidad de unificar protocolos de actuación. En la ciudad de Madrid, explica, existe un sólo hospital de referencia para víctimas de violencia sexual y exige que la víctima haya realizado una denuncia previa en la Policía para que un médico forense pueda realizar la recogida muestras con todas las garantías. Para Álvarez, se deberían establecer protocolos para la recogida de muestras con todas las garantías, independientemente de que la mujer quiera denunciar o decida hacerlos mas adelante. 

"Estos centros tienen que ser una guía de pasos a dar, en qué orden hacerlo y valorar qué necesidades tiene la víctima. Pero si a pesar de la formación y el asesoramiento, los equipos tienen que acompañar a la víctima a al Policía primero a poner una denuncia, y luego al hospital de La Paz porque es el único de referencia en Madrid para la toma de muestras, obligamos a la víctima a seguir haciendo un periplo que no es positivo. Si no se cambian los protocolos, tal vez no avancemos mucho", explicar Álvarez.

Los procesos de denuncia de este tipo de violencias pueden ser muy largos, afirma esta experta. "Solemos pensar en una violación tipo de un extraño en un callejón, pero esta no es la más habitual. Son más comunes las situaciones en las que la agresión la comete un familiar cercano y las víctimas necesitan mucho tiempo para denunciar, si es que deciden hacerlo".

Otro aspecto positivo, resaltan varias de las consultadas, es que este tipo de centros, al no exigir denuncia para la atención a las víctimas ni cuestionarlas, permitirá que las mujeres en situación administrativa irregular obtengan ayuda y acompañamiento cuando son víctimas de una agresión sexual. "A día de hoy una mujer que no tenga su documentación en regla y que denuncie una agresión por alguien que no sea su pareja o expaeja, se arriesga a un expediente de expulsión", afirma Álvarez. La ley de libertad sexual que está tramitando el Gobierno prevé cambios sobre este punto para proteger a todas las víctimas, pero aún falta tiempo para que pueda entrar en vigor.

Más de 40 años de experiencia

Los centros de crisis para víctimas de violencia sexual no son nuevos. De hecho llevan más de 40 años de andadura. Nacieron en Estados Unidos hacia finales de la década de los 60 y primeros años de los 70 del siglo pasado al calor de las comunidades de base del movimiento feminista radical, en los conocidos como grupos de concienciación. De ahí se fueron expandiendo en los países anglosajones, como Reino Unido o Australia.

"En estos grupos las mujeres comenzaron a hablar por primera vez en espacios seguros sobre las violencias sexuales que habían enfrentado y a darse cuenta de que no se trataba casos aislados, sino que eran historias compartidas que tenían que ver con el patriarcado y con las masculinidades y a partir de ahí deciden llevar a cabo diversas acciones", relata Sordo. 

Las medidas que adoptan van desde la toma de las calles y los espacios públicos, hasta la puesta en marcha del primer centro de crisis para la atención de las víctimas de este tipo de violencia. El primero se creó en Whasington en 1972. Se trata de centros con una filosofía de transformación social, en los que la prevención, las campañas contra la cultura de la violación y contra los mitos machistas es una de sus claves. Respetar este origen, su filosofía y su anclaje social y local es para muchas expertas una de las claves de estos centros que debería ser mantenida.

Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, esperan que estos centros lleguen a las áreas rurales y marginales. "No es lo mismo trabajar con mujeres jóvenes en Extremadura que en otros contextos urbanos y se hace imprescindible que se haga desde local, con la participación de las posible usuarias, porque cada espacio tiene su especificidad", afirma Mónica Saiz Martínez, una de sus portavoces.

"Tener estos recursos y que las jóvenes sientan que son propios es fundamental", afirma esta experta, que alerta de la necesidad de implementar campañas de prevención de estas violencias. "Un reciente informe que hemos realizado sobre el ocio nocturno, demostró que muchas jóvenes no reconocen la violencia sexual hasta que ésta no traspasa una línea roja de agresión física. Está tan normalizado este tipo de comportamientos que los perciben como inherentes al ambiente: si sales de fiesta, es lo que hay, afirman", concluye Saiz.