Casi dos de cada tres agresiones sexuales a menores se producen antes de los 12 años y en un 74% por conocidos

Casi dos de cada tres agresiones sexuales a menores (el 64%) se producen antes de los 12 años y en un 74% los agresores son del entorno familiar o conocidos del niños, según recoge un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La propia delegada del Gobierno en esta materia, Victoria Rosell, ha presidido este viernes la presentación de este trabajo que, analizando 455 sentencias por agresiones sexuales en la infancia, dictadas en todo el territorio español entre 2010 y 2019, recoge un análisis de esta violencia y de la respuesta judicial que recibe en el país.

Un 98% de los agresores son hombres y de ellos un 74% son del entorno de los menores

Así, a través de este estudio se ha determinado que en un 72% de los casos de violencia sexual las víctimas son niñas, frente al 27% de niños. En el caso de ellas, en un 97,9% de los casos sufren agresiones y abusos, mientras un 2,1% son víctimas de la pornografía y prostitución; mientras que los niños son víctimas agresiones en un 56,1% y de pornografía y prostitución en un 47,8%.

En cuanto a los agresores, se recoge que en un 98% son hombres y en un 74% son del entorno de los menores, debido al reducido entorno social que tienen los niños y que se reduce al hogar, la escuela o el deporte, por ejemplo, según ha señalado Rosell. De hecho, el 33,3% de las agresiones analizadas se producen en el domicilio de la víctima y un 31,4% en el del agresor.

Deficiencias en los juicios

La delegada del Gobierno también ha destacado que, según los datos recogidos en las sentencias, el mayor número de victimización, el 64%, es de menores de 12 años y el tramo de edad entre los cinco y los 12 años es el de mayor porcentaje de víctimas, un 59,3%.

Ya en el ámbito judicial, Rosell ha señalado que "sólo el 25%" las denuncia se interponen el mismo día de la agresión, una cifra que, para la delegada del Gobierno es "importante" por la "valoración social y judicial de la supuesta tardanza". De hecho, ha explicado que, según este estudio, la tardanza en la denuncia es causa coadyuvante en la sentencia absolutoria en un 8%.

Una de las autoras del trabajo, Laura Fernández, ha destacado que uno de lo datos que les ha llamado la atención es que comparando denuncias y juicios, hay "un montón de casos que se pierden por el camino". En este caso, aún no hay datos oficiales, aunque, según ha indicado, todo apunta a una cifra cercana al 70%. "Sería necesario investigarlo", ha indicado.

Sobre los casos analizados, Fernández denuncia que sólo en un 14% de los juicios se ha tomado en consideración la declaración de la víctima como prueba preconstituida, algo que, según ha indicado, debería ser obligatorio. Además, ha advertido de que en el informe médico forense sólo se ha presentado en el 36% de los juicios y, de estos, el 50,1% se basaban "sólo en la credibilidad" y no en los daños y el tratamiento a seguir de la víctima.

La tardanza de la denuncia

Para las juristas también es importante detectar que en el 46% de los casos la víctima acude como acusación particular. "Esto es importante porque supone una actuación proactiva que pretende conseguir una reparación del daño mayor, a través de indemnización o de pena", ha indicado la coautora.

Las víctimas, en la mayoría de los casos, no denuncian inmediatamente  "por vergüenza" o porque "no reconocen" los hechos por su edad

En el caso del fallo, el estudio recoge que las sentencias fueron condenatorias en el 75,5%, mientras que las absolutorias, se basan, principalmente, en el testimonio contradictorio de la víctima (35%), mientras que la tardanza en denunciar es la base en el 8% de los casos.

Desde la asociación de juristas Themis indican que, esta última cifra, es consecuencia de la "idea estereotipada" de que hay que denunciar estos hechos "inmediatamente", cuando las víctimas, en la mayoría de los casos, no lo hacen "por vergüenza", porque "no reconocen" los hechos por su edad, o porque "no se sienten respaldadas".

Por otra parte, Themis explica que, uno de los objetivos del estudio, y por el que se eligieron casos de entre 2010 y 2019, era analizar los cambios que en esta materia supusieron las modificaciones del Código Penal realizadas en 2010 y 2015.

Comparativa entre las reformas del código penal 

Fernández ha indicado en este sentido que se ha registrado un incremento de pronunciamientos condenatorios de cinco puntos en 2010, con respecto a años anteriores, y de ocho puntos en 2015, llegando al 86,3%. Sin embargo, la experta indica que, excepto en el caso de agresiones con acceso carnal, en el que las penas no registran estos cambios.

De hecho, explica que en el caso de abusos sexuales y agresiones sexuales a menores se vuelve a valores anteriores a la reforma de 2010. "Lo que pretendía el legislador era el endurecimiento de las penas", ha explicado la juristas, para indicar que este aspecto no se ha conseguido.

Fernández también ha apuntado que no se están cumpliendo con algunas de las medidas incluidas en 2015, como la de la inhabilitación profesional a los condenados que trabajen en un entorno con menores, que no se ha cumplido en el 75,1% de las sentencias. Tampoco se ha aplicado la privación del ejercicio de la patria potestad en el 33,3% de los casos, a pesar de que el agresor era su padre y siendo la víctima menor en el momento de la condena.

Propuestas

Ante este escenario, Fernández propone fijar una edad mínima taxativa por la que hasta esa edad toda agresión sea delito. Según señalan las juristas, en la actualidad queda a la arbitrariedad del juez si hay consentimiento, incluso en menores de 13 años. Se tienen en cuenta, por ejemplo, la simetría de edad con el agresor o la madurez que presente el niño.

También reclaman una ampliación del plazo de prescripción de estos delitos, y que empiece a contar el tiempo cuando la víctima cumpla 50 años, y llaman a fijar medidas de protección para los menores, como hacer extensible la inmediatez para las medidas cautelares en el ámbito familiar, que sea obligatoria la declaración preconstituida o que los informes forenses incluyan la sintomatología y evolución de las secuelas, como se hace con los accidentes de tráfico.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, se ha referido también a la necesidad de poner recursos para hacer investigaciones de nuevos delitos de agresión sexual que tienen lugar en Internet y las redes sociales. En este sentido, ha denunciado que las plataformas en las que se realizan las mayoría de estos delitos "escapan" a la soberanía de los estados.

Jaime de Pablo también ha destacado la similitud que existen entre algunos de estos datos con los recogidos por el Ministerio de Igualdad en su macroencuesta de violencias contra las mujeres, un hecho que también ha señalado la Delegada del Gobierno.

Rosell ha añadido, además, que algunos de los aspectos señalados en el estudio de Themis se intentarán mejorar con las dos nuevas leyes que prepara el Ejecutivo: la de protección contra la violencia en la infancia y la adolescencia y la de violencias sexuales.