La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, destinará este año 102.511,04 euros de fondos estatales al proyecto Histagra de la Universidad de Santiago, para la exhumación de víctimas del franquismo y para la dignificación de los lugares de enterramiento de los represaliados durante la dictadura.

El dinero proviene de la partida de tres millones de euros que el Gobierno de España destina a esos fines a través de la Secretaría de Estado de Memoria. Se trata del tercer año consecutivo en el que el Ejecutivo gallego opta a los créditos que le corresponden en el reparto entre comunidades autónomas y los tramita a través del proyecto Histagra de la USC.

Esa actuación contrasta con la posición pública del Partido Popular con respecto a la Ley de Memoria Democrática. El PP votó en contra de esa norma en el Congreso el septiembre pasado -ya se había opuesto a la Ley de Memoria Histórica de 2007- y su presidente y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso su derogación en la campaña de las pasadas elecciones generales y en su fallida investidura de hace un mes.

El PP también ha derogado o anunciado que derogará las leyes de memoria autonómicas en las comunidades donde gobierna desde el pasado mes de mayo, en solitario o gracias a Vox. Es decir Aragón, Balears, Extremadura, Cantabria, La Rioja y País Valencià. Galicia no cuenta con una norma propia sobre memoria, pero el sucesor de Feijóo en la Xunta, Alfonso Rueda, se ha manifestado en numerosas ocasiones sustentando el discurso oficial del partido y su líder.

El primero de los tres convenios mediante los que la Xunta ha tramitado los fondos estatales se firmó el 17 de agosto de 2021, cuando Feijóo todavía presidía el Gobierno gallego, por valor de 106.395,08 euros. El segundo, el 27 de agosto de 2022, cuando ya era presidente del PP y Rueda de la Xunta, por valor de 110.351,57 euros.

El pasado 30 de agosto, el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y conselleiro de Presidencia y Xustiza, Diego Calvo; el conselleiro de Cultura, Educación y Universidades, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, firmaron el tercer acuerdo. En su memoria justificativa los tres organismos consideran “de interés para Galicia” la ejecución trabajos destinados a “la localización, exhumación de fosas e identificación de víctimas” del franquismo y a la “dignificación de sus lugares de enterramiento y la promoción de los espacios de memoria”.

Los trabajos de la USC corren a cargo del Grupo Histagra de la Facultad de Geografía e Historia, formado por 32 historiadores, antropólogos, forenses, arqueólogos y genetistas y que desde 2006 mantiene abiertas varias líneas de trabajo sobre la represión franquista en Galicia. Con él colaboran, además, otros quince doctores de varias especialidades de distintos centros.

Entre otros proyectos, Histagra es autora de Nomes e voces, la mayor investigación histórica sobre la violencia golpista en Galicia durante la guerra civil y la posguerra, y gracias a la cual se creó una base de datos con información detallada sobre más de 14.000 represaliados.

El convenio firmado por la Xunta y la USC reconoce “el sólido conocimiento” de Histagra en la materia, que ha permitido “ofrecer a la sociedad los datos relativos a las personas que sufrieron algún tipo de persecución a causa de su ideología o de su posición favorable a la democracia republicana”. También explica que los trabajos del grupo justifican que Histagra sea beneficiaria de los fondos que el Estado destina a la recuperación de la memoria histórica, y que lo haya sido también en las dos ocasiones anteriores en las que éstos se pusieron a disposición de las comunidades autónomas.

El convenio, que sólo ha sido publicitado por Histagra pero no por los dos departamentos de la Xunta cuyos responsables también lo firman, contempla que los fondos también deben ser destinados a la “divulgación” de los trabajos de investigación y de los resultados obtenidos en las tareas que les encomienda.

Público ha intentado obtener del entorno de Feijóo una valoración sobre si cree que la actuación de la Xunta contradice la posición pública del presidente del PP o las medidas que su partido está adoptando en las comunidades donde acaba de acceder al poder, pero no ha obtenido respuesta. Este diario también se ha dirigido a la Vicepresidencia primera de Diego Calvo y a la Consellería de Cultura de Román Rodríguez. La primera contestó por correo describiendo las características del convenio y recordando que forma parte de un plan cuatrienal aprobado antes de la Ley de Memoria y que afecta a todas las comunidades. Pero no quiso entrar a valorar si su actuación contradice la posición pública de Feijóo y Rueda sobre la derogación de esa norma.

Sí ha respondido a la invitación de Público el investigador principal de Histagra, el catedrático de Historia Contemporánea de la USC Lourenzo Fernández Prieto, quien diferencia “entre las grandes declaraciones que se dicen en los mítines y el cumplimiento de la ley”, y quien celebra que “el funcionamiento de las administraciones públicas y el trabajo de sus funcionarios” permita que proyectos como el que lidera sigan adelante y ofreciendo resultados.

El convenio contempla que los fondos del Estado tramitados por la Xunta permitan actualizar los datos sobre fosas; mantener el portal web donde se muestran; coordinar los trabajos de exhumación y de atención a familiares para recogida de datos, documentos y muestras, y costear las investigaciones y las intervenciones arqueológicas. En el proyecto también participan el Instituto de Medicina Legal de Galicia, encargado de la investigaicón forense de los restos de las víctimas, y el Instituto Luis Concheiro de Ciencias Forenses, para su análisis genético.

El acuerdo prevé la localización, identificación y exhumación de desaparecidos durante la dictadura cuyos restos se cree permanecen en las fosas de Santa María de Pedrocabalos, en el municipio ourensano de Viana do Bolo; en el cementerio de San Salvador de Trasanquelos, en Oza-Cesuras, en A Coruña, y en Santa María do Val, en Narón, en la misma provincia. Esos trabajos, establece el convenio, tendrán “carácter prioritario” sobre los demás, aunque también se llevarán a cabo otras actuaciones.

Entre ellas, la dignificación de lugares de memoria, mediante su señalización y la construcción de memoriales o reposición de monumentos en las fosas del cementerio de Celanova (Ourense), de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); de Vilacoba, en Lousame (A Coruña) y de Filgueiras, en Crecente (Pontevedra).

Además, se realizará e un estudio histórico de la violencia franquista en la comarca ourensana de Celanova, una de las más afectadas por la represión, en Galicia y se presentarán los resultados de los ejercicios de 2021 y 2022 en foros, congresos y jornadas académicas nacionales e internacionales.