Tras siete sesiones de vistas celebradas en la Audiencia Provincial de Madrid por el conocido como caso Nanysex, la Fiscalía modificó hoy sus conclusiones provisionales y multiplicó por cuatro su petición de pena para el principal acusado por abusos sexuales a cinco menores. Álvaro I. G., de 26 años, se enfrenta ahora a una pena de 175 años de cárcel por 23 delitos de abusos (13 con penetración y 10 sin ella) y cinco de distribución y elaboración de pornografía infantil.

La petición inicial de la Fiscalía fue de 39 años pero considera ahora cada acto sexual o vejación a los menores un delito en sí mismo, incluso los que se produjeron en una misma ocasión. Antes de comenzar el proceso, las penas se referían a cinco delitos continuados. Ninguno de los delitos se refieren a agresiones ya que el ministerio público no considera que hay indicios de violencia o intimidación, explicó a la salida de la vista Jesús Garzón, abogado de la acusación popular que ejerce la Fundación Sandra Palo.

Incremento de penas

La Fiscalía también incrementa la petición de pena para José G. C., de 26 años. Se le acusa de ocho delitos de abusos sexuales con penetración y de dos delitos de elaboración de pornografía infantil. Suman en total un castigo de 86 años, lo que multiplica por cuatro la pena inicial. Tanto a José como a Álvaro, el ministerio público les aplica el agravante de abuso de confianza.

Según consta en su escrito final, para la Fiscalía queda demostrado que ambos acusados se quedaban al cuidado de los niños, aprovechándose de la confianza que en ellos habían depositados los padres y era entonces cuando abusaban de los menores.

Para el tercer acusado por abusos sexuales, Eduardo S. M., la Fiscalía reclama 16 años y medio de cárcel por dos delitos de abusos sexuales y tres de elaboración de pornografía.

El único que ha visto reducida su petición de pena es Antonio O. M., al que reclaman cuatro años de cárcel por posesión de pornografía infantil. El ministerio público cree que no se ha demostrado que intercambiara vídeos.

Agresiones y no abusos

Tanto para la acusación popular como para la particular de una de las víctimas sí que ha quedado acreditado que existió agresión, según explicó hoy el letrado Manuel Maza. Pero las sumas totales de penas no alcanzan los 175 años que reclama la Fiscalía.

Este abogado pedirá al tribunal que una vez que los imputados cumplan su pena, en caso de ser condenados, sean internados en un centro psiquiátrico. Además, reclamó que se inicie una investigación sobre uno de los testigos por un presunto delito de encubrimiento. Se trata de un antiguo socio de Álvaro que halló los vídeos y nunca lo denunció a las autoridades. Según fuentes de la investigación, chantajeó al procesado con acudir a la policía si no le pagaba.

Precisamente hoy la Brigada de Investigación Tecnológica, que realizó la operación que acabó con la detención de los cuatro procesados, culminó un nuevo golpe contra la pornografía infantil. En total fueron detenidas 41 personas y otras 19 están imputadas por tenencia de vídeos pedófilos.

La Guardia Civil remitió hoy un informe a la Fiscalía General del Estado en el que asegura que no ve indicios de delito en la convocatoria realizada a través de internet para la celebración del ‘Día del Orgullo Pederasta'. Pero, fuentes del instituto armado dejaron claro que será la Fiscalía la que diga si existe delito y si hay posibilidad de emprender acciones judiciales, según Efe.

La web, alojada en un servidor alemán, explica la diferencia entre relaciones consentidas con menores y abusos. Se muestra a favor de las primeras, señalaron fuentes policiales. La Brigada de Investigación Tecnológica descubrió la web y la envió a la Fiscalía de Menores el pasado 12 de junio.