Las familias y activistas que okuparon, en mayo pasado, un prestigioso inmueble del corazón de París para transformarlo en viviendas podrían ser considerados squatters en muchos lugares del mundo. No en Francia, donde varias leyes autorizan la requisa de viviendas desocupadas.

El derecho a la vivienda está en el centro de la vida política francesa desde hace seis décadas por razones históricas, relacionadas con la reconstrucción de viviendas públicas tras la Segunda Guerra Mundial.

Desde hace cuatro años, el problema se ha visto relanzado de forma especialmente acuciante, y ha dado materia a una nueva legislación, el Derecho Vinculante a la Vivienda, la ley Dalo. Ese texto, que entró en vigor el 1 de enero pasado, permite teóricamente a cualquier sin techo llevar a los tribunales a la autoridad que no es capaz de brindárselo.

La alta proporción de inquilinos, el elevado precio de los alquileres y el constante descenso, desde 2001, en la construcción de vivienda social ha provocado un fuerte incremento de las expulsiones en Francia. Es decir, que pese al impresionante arsenal legislativo del derecho a la vivienda, la gente que se queda sin techo, o que tiene que malvivir aumenta.

Hoy, según la Fundación Abbé Pierre, hay en Francia 100.000 personas sin hogar, 970.000 personas albergadas, pero sin domicilio, y 2,2 millones de chabolistas. Y ello pese a que en este país, desde hace 60 años, existe una legislación que permite a un simple alcalde requisar cualquier vivienda desocupada para poder dársela a una familia sin techo.

Rara vez se aplica esa posibilidad contemplada por la ley. Y, al mismo tiempo, el actual Gobierno reduce créditos de vivienda social y suprime leyes, como la llamada ley SRU, que obligaba a los municipios ricos a mostrarse algo solidarios en vivienda.

Además, la Policía es movilizada cada vez que Los Hijos de Don Quijote (asociación a favor de los sin techo) intenta reinstalar tiendas de campaña para los sin hogar en París. Entre tanto, asociaciones como el DAL (Derecho a la Vivienda), son partidarias de la aplicación directa, por las familias, del derecho de requisición. Algo facilitado por la existencia de un impuesto específico sobre las Viviendas Desocupadas, que permite contabilizarlas.